Petro quiere sellar su reformatón con burocracia y alianzas para elecciones

La agenda que puso el Gobierno en el Congreso para este semestre es tan ambiciosa que ya tiene al Ejecutivo haciendo cuentas de la mermelada que le queda en las subdirecciones de las entidades del Estado, y que le serviría de moneda da cambio para sacar adelante 31 proyectos de ley en 19 semanas de sesiones legislativas.

Ese acelerador legislativo llega en pleno año electoral por los comicios regionales de octubre, un contexto en el que los partidos están más enfocados en poner candidatos –y tejer alianzas– que ganen puestos en el poder local que en el contenido de los debates parlamentarios.

En medio de ese catálogo de 16 nuevos proyectos de ley que serán radicados y 15 más que ya estaban en trámite hay un asunto que se está moviendo tras bambalinas en el Legislativo: el combo de partidos tradicionales está pidiendo más burocracia a cambio de apoyar la reformatón de Petro versión 2023.

Esa cuestión va más allá de la repartija de embajadas y consulados que, al fin de cuentas, tienen bajo presupuesto. Una fuente le dijo a EL COLOMBIANO que en juego están los nombramientos en subdirecciones de entidades de carácter nacional –del Sena y la Dian– y también cargos con cierto nivel de poder en la arquitectura institucional de los ministerios.

El problema es que la coalición del Gobierno se adhirió con negociaciones políticas y buena parte de la burocracia del Estado –por lo menos la que maneja más recursos– ya tiene un dueño. Palabras más palabras menos, ya la torta está repartida.

Ahí entra la otra cara de la moneda: las colectividades no solo están debatiendo el contenido de las reformas por sus “líneas azules” o rojas, sino que esas conversaciones van de la mano con la repartija del poder regional que dejarán las elecciones del 29 de octubre.

Mejor dicho: se está definiendo en que zonas el Pacto Histórico puede pelear alcaldías y gobernaciones por su cuenta –como en la Costa Atlántica donde confían en las bases petristas de la mano de personajes como Nicolás Petro– y en qué lugares es más estrecho el camino para pelearle a las maquinarias de los tradicionales, como en Antioquia y la disputa por la Gobernación.

Los más interesados en esa burocracia son los del Conservador, pero la puerta también la están tocando el Liberal, La U y hasta la Alianza Verde, con la que el ministro del Interior, Alfonso Prada, se reunió este miércoles para limar asperezas sobre la agenda del Gobierno.

Incluso, la cita de Prada con los verdes fue apenas la primera de una serie de reuniones con representantes de cada partido para presentarles esa agenda de 31 articulados que quiere aprobar el presidente Petro para junio de este año, antes de que cambien las presidencias del Senado y Cámara.

Consultado sobre si los tradicionales apoyarán esa reformatón, el presidente de la Cámara, David Racero, enfatizó que “todos los que han decidido ser bancada de Gobierno están dentro de un programa que tiene que prevalecer. Vamos a mirar este semestre qué tan genuino fue eso, cada reforma tiene su propia medición y la coalición se refrenda en cada votación”.

Pero en los pasillos del Congreso hay quienes ven complicado que aprueben la reforma política tal y como la presentó el Ejecutivo. Ese articulado empieza su segunda vuelta (ya pasó 4 debates y necesita otros 4) y para esta ronda requiere mayorías calificadas que, en números, significa que el 75% de los congresistas den el sí.

Lo urgente es el trámite del Plan Nacional de Desarrollo, pero lo prioritario son las reformas a la salud, pensional y laboral para que Petro pueda cumplir el programa que prometió en campaña. Otra cuestión que va ganando protagonismo es la ley de sometimiento, que se presentará como proyecto de ley de aceptación de responsabilidad penal en comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara.

En ese articulado hay temas espinosos como los beneficios a los narcotraficantes que colaboren con la justicia, punto que están en las líneas que ya trazaron los legisladores más tradicionales.

Así que la reformatón del Pacto de Petro pone a prueba más que la capacidad de negociar del ministro del Interior, Alfonso Prada, y los presidentes de las cámaras. Lo que está en juego es que se mantenga firme la coalición de Gobierno para mitad de año .