¿Regresa la Seguridad Democrática en el gobierno de Duque?

El atentado del Ejército de Liberación Nacional (Eln) contra la Escuela de Cadetes en Bogotá fue la oportunidad política para que el Gobierno aunara diferentes sectores en contra del terrorismo, y demostrara temple y decisión para atacar este tipo de hechos.

Desde entonces, Duque endureció su discurso con un lenguaje que lo acerca mucho más a las bases del Centro Democrático y a las posturas que generalmente entrega el expresidente Álvaro Uribe sobre la seguridad. Por eso, se podría decir que este es el momento más uribista de Iván Duque desde que asumió la Presidencia en agosto de 2018.

Incluso, Rafael Guarín, quien fue viceministro de Defensa de Uribe, hoy es Consejero de Seguridad Nacional del Gobierno Duque.

Estas son las conexiones y similitudes entre la Política de Defensa y Seguridad (PDS) que lanzó Duque, y la emblemática Seguridad Democrática.

Para el exviceministro de Justicia y analista, Rafael Nieto, “la propuesta tiene raíces de la Seguridad Democrática, pero va más allá. Enfatiza en medio ambiente y en biodiversidad, es un elemento novedoso y positivo, también el de ciberseguridad”.

Cooperación ciudadana

Esta es la principal coincidencia de ambos planes. El documento presentado por Uribe en 2003 hablaba de la creación de una red de ciudadanos en zonas urbanas y rurales para proveer de información a las autoridades. “La seguridad es también producto del esfuerzo colectivo de la ciudadanía: es responsabilidad de todos”, dice el texto oficial.

Duque, entre tanto, definió las “redes de participación cívica” y estimó que para finales de este año, ya contarán con un millón de informantes que ayuden a prevenir el delito, idéntica cifra a la planteada en el primer mandato de Uribe.

Una diferencia en este punto es que el Gobierno, aunque sí tiene contemplado el pago, no enfatiza en la recompensa, mientras la otra administración creó un sistema para ello.

Para Rubén Sánchez, docente de ciencias políticas de la Universidad del Rosario, “armar ciudadanos y ofrecer recompensas se presta para retaliaciones y venganzas personales. Pareciera que nada se aprendió del pasado y que Duque es cada vez más prisionero de su tutor”.

La ayuda internacional

Para la administración de Uribe, la cooperación de otros países era vital para garantizar la seguridad de los colombianos. El expresidente defendió la presencia de tropas extranjeras y de cascos azules de la ONU para combatir los delitos.

Duque no ha llegado hasta ese punto, pero ha anunciado que el apoyo internacional es fundamental para enfrentar el delito y para “fortalecer una Fuerza Pública del siglo XXI”.

Zonas por recuperar

Para Uribe fueron las “zonas de rehabilitación y consolidación”, lugares en los que se incrementó la Fuerza Pública.

El Gobierno actual nombró este punto: Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), igualmente, para reforzar la ocupación institucional, aunque con un enfoque de protección ambiental y el emprendimiento.

Para ambos, establecer zonas de despeje donde hay actores ilegales y subversivos, no fue ni es una posibilidad hoy.

Salida negociada

“El Gobierno Nacional mantiene abierta la puerta a una negociación con aquellos que se decidan a participar en la vida democrática, con la condición de que cumplan un estricto cese de hostilidades. La consigna del Gobierno es: urgencia para el cese de hostilidades, paciencia para la negociación y el desarme”. Este párrafo muestra que el gobierno Uribe planteaba, en teoría, la posibilidad de negociaciones con las guerrillas.

Iván Duque le anunció reiterativamente al Eln que suspendiera las acciones violentas para iniciar las conversaciones. Luego del atentado en Bogotá, cerró la posibilidad y, por el contrario, pidió la captura de los negociadores de esa guerrilla que se encuentran en Cuba.

En lo esencial, la política de seguridad de Duque se asemeja a la realizada por el expresidente Uribe, un camino ya conocido que podría ser su bandera definitiva de gobierno.