El argumento por el cual Álvaro Uribe Vélez recuperó la libertad

Después de revisar los argumentos de todas las partes en el proceso, la jueza 30 de garantías de Bogotá, Clara Salcedo Duarte, decidió otorgar ayer la libertad inmediata al expresidente Álvaro Uribe, detenido en su domicilio desde el 5 de agosto pasado.

La determinación la tomó después de considerar que si se igualaran las diligencias realizadas por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con las que deben hacerse en el Sistema Penal Acusatorio (conforme a la Ley 906 de 2004) —que es el que aplica en este caso—, el expresidente no contaría con las garantías que le otorgan la Constitución y la ley.

Fundamento de la decisión

La funcionaria judicial explicó que en el Sistema Penal Acusatorio un juez de control de garantías, que es un tercero de carácter imparcial, es el funcionario constitucional encargado de verificar la legalidad de la imputación y de la explicación de los hechos jurídicamente relevantes, de modo que sean comprensibles para el procesado para garantizar el ejercicio de sus derechos a la defensa y a la contradicción.

“No quiero decir que en la indagatoria no se cumplan con esos requisitos, sino que la Corte ha dicho que el Sistema Penal Acusatorio se adecúa de mejor manera a las garantías fundamentales (...). Así las cosas, la indagatoria y la imputación no pueden ser equiparables”, señaló la jueza.

De acuerdo con la funcionaria, además de verificar las similitudes y las diferencias entre las actuaciones realizadas en ambos sistemas, se requiere verificar si esas diferencias afectan las garantías constitucionales: “Y la respuesta es absolutamente positiva”.

Así las cosas, la jueza entiende que el exmandatario no ha sido imputado y por tanto no es posible que esté privado de la libertad.

“Por todo lo expuesto, la decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud de la defensa, apoyada por la Fiscalía y el Ministerio Público, y se dispondrá la libertad inmediata de Álvaro Uribe Vélez”, expresó la jueza.

“Gracias a Dios”, trinó el exmandatario tan pronto conoció la decisión.

Tanto la defensa, del abogado Jaime Granados, como el fiscal Gabriel Jaimes la procuradora María Lourdes Hernández estuvieron de acuerdo con la decisión, mientras que quienes se declararon víctimas (el senador Iván Cepeda, y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo), apelaron ante un juez superior.

“La decisión de la jueza 30 en el día de hoy no altera mi íntima convicción de respeto por la justicia de acatamiento a sus decisiones”, dijo inicialmente en su cuenta de twitter el senador Cepeda.

Y agregó: “Nos parece muy grave que el señor fiscal Gabriel Jaimes haya desarrollado un libreto político en esta actuación. Es evidente su parcialidad y, por lo tanto, consideramos que no hay ninguna garantía para los derechos de las víctimas en este proceso. Vamos a apelar la decisión y a seguir luchando en los estrados judiciales, pues tenemos la íntima convicción de la responsabilidad del exsenador Uribe en los delitos de soborno y fraude procesal”.

De hecho, durante la apelación, Reinaldo Villalba, abogado de Cepeda, pidió compulsar copias para investigar al fiscal.

No hay proceso penal

Varios abogados penalistas consultados por EL COLOMBIANO coincidieron en que actualmente el expresidente Uribe no está vinculado penalmente a ningún proceso (ver opinión), y que será tarea de la Fiscalía examinar si hay mérito para formular imputación de cargos en un nuevo proceso mediante el Sistema Penal Acusatorio.

Desde el jueves pasado, en la audiencia, el fiscal Jaimes —quien asumió el caso por instrucción del fiscal General, Francisco Barbosa—, aseguró que “la investigación no parte de cero y las pruebas no se desestiman, sino que por virtud del proceso penal se han convertido en elementos materiales probatorios que serán valorados legalmente de cara a una posible formulación de imputación. Mi petición no es ninguna antesala a etapas procesales por venir, no habrá impunidad, habrá justicia y habrá derecho”.

El abogado penalista Juan David Riveros explicó que, con esta decisión, “todo lo que se hizo en la Corte tiene el valor de noticia criminal, con lo cual a la Fiscalía le corresponderá tomar esos elementos, diseñar un programa metodológico de la investigación, evacuar las tareas de policía judicial que se definan y, una vez ello ocurra, tomar decisiones de fondo que, en esta situación, podría ser: concluir que se debe archivar la investigación por una de las causales previstas en la ley; pedir su preclusión; o decidir que tiene elementos para formular imputación y hacerlo”.

Con la decisión de ayer se cierra un primer capítulo judicial que también ha tenido una alta carga política, por todo lo que significa Uribe, aunque su caso podría seguir su curso. EL COLOMBIANO estableció que entre sus prioridades está retomar explícitamente el mando de su partido, el Centro Democrático, para reaparecer con fuerza en el debate nacional.