En cinco propuestas: el país que buscan los candidatos

Desde las 8 de la mañana están habilitadas las 102.152 mesas de votación para elegir al nuevo presidente de la República. 39 millones de personas están habilitadas para acudir a las urnas y participar en la elección en la que competirán Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Enrique Gómez Martínez y John Milton Rodríguez. Después de discusiones, propaganda negra y ataques, es el momento para dejar claro el voto que debería estar marcado por las propuestas.

Estos seis aspirantes presidenciales tienen visiones de país diferentes y, para que usted ejerza su derecho al voto estando informado, hacemos un repaso y recopilamos las principales propuestas de los cuatro primeros, los más opcionados para llegar al poder en este 2022, según las encuestas.

Petro, Gutiérrez, Hernández y Fajardo proponen hacer reformas en materia de seguridad, lucha contra la corrupción, salud, pensiones y economía. Cada uno de ellos ha definido sus pilares en dichos rubros. Verificamos su viabilidad bajo el criterio de expertos.

Hay propuestas diversas

Cada uno de estos aspirantes presidenciales planteó una mirada de país que espera materializar si logra una victoria este domingo o, en dado caso, el próximo 19 de junio si hay segunda vuelta. Uno de los temas que más ha generado debate ha sido el de las reformas en materia fiscal y particularmente en lo relacionado con las reformas tributarias.

Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, es el único que aseguró que no hará una tributaria, a pesar de que la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) planteó esta semana que se necesitará hacer dicha reforma sin importar quien sea elegido presidente.

Por su parte, Petro (Pacto Histórico) dice que hará una de 50 billones de pesos; Gutiérrez (Equipo por Colombia) una de 10 billones de pesos; y Fajardo (Centro Esperanza) una de 33 billones de pesos. Todos con miras a garantizar la financiación de los diferentes programas sociales que esperan poner en marcha en los próximo cuatro años.

Por otro lado, esta contienda no ha sido ajena a las propuestas controversiales. Por ejemplo, el aspirante del Pacto Histórico ha prometido que el Estado le dará trabajo a todo aquel que no consiga emplearse en el sector privado. En su caso, el aspirante por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción plantea que acabaría con la delincuencia en las ciudades enfocándose en dar trabajo y alimento.

Conozca las propuestas de los cuatro candidatos en los cinco mencionados contextos, así como el concepto de los expertos en cada una de esas materia, con el fin de que vote informado en la jornada electoral que se realiza hoy.

Seguridad | analista: Juan Pablo Paredes (J.P.P.), asesor y consultor en seguridad

Gustavo Petro: Para mejorar la seguridad propone implementar un enfoque “humano” con el que los resultados se medirán en términos de ciudadanos vivos y no por personas fallecidas. Descarta el retorno de aspersiones aéreas con glifosato, dice que reemplazaría 200.000 hectáreas de coca por cannabis.

J.P.P.: “La propuesta es filosófica, es políticamente correcto lo que se plantea, pero no es realista. Pensar en mejorar la seguridad sin medir los indicadores internacionales de gestión de seguridad que indiscutiblemente pasan por el conteo técnico de la criminalidad es imposible. El número de homicidios por cada 100.000 habitantes es el estándar internacional de medición de criminalidad”.

Federico Gutiérrez: Propone crear una Unidad Nacional Contra Atracos para fortalecer la lucha contra los hurtos y atracos en todas las ciudades del país. A pesar de las recomendaciones internacionales insisten en la utilización del glifosato “reglamentado” que no afecte a las personas ni al medio ambiente.

J.P.P.: “La Policía y la Fiscalía ya tienen unas unidades especializadas contra la delincuencia común y contra las estructuras organizadas. Creo que no se trata de generar más grupos de trabajo, el problema se centra en que no se ha abordado la situación de manera integral, hace falta revisar el resto de ciclo de justicia más allá de las capturas. También hay que mirar los vacíos en nuestro sistema penal”.

Rodolfo Hernández: Asegura que en su visión de la gestión pública la seguridad tiene como núcleo la generación de empleo y una política para acabar con el hambre para reducir así los delitos. “Un ciudadano con ingresos, sin hambre, no es violento”, dice. Propone regular el cannabis como alternativa en el programa de sustitución de cultivos. Dijo que evaluaría costos del uso del glifosato.

J.P.P.: “La reducción de los índices de inseguridad en las ciudades y los países se da a través de estrategias de corto, mediano y largo plazo. Estas últimas incluyen lo que propone el candidato, aunque suena un poco más romántico de lo que en realidad podría ser aplicable en Colombia, pero tiene razón en que ese es un pilar crítico. La realidad en el país es que hay grupos de personas dedicas por negocio de manera profesional a la delincuencia y esas personas no se les ofrece a una alternativa diferente, dentro del marco del cumplimiento de la ley, solo hay que combatirlas”.

Sergio Fajardo: Para reducir los índices de inseguridad ciudadana propone aumentar el pie de fuerza policial para la vigilancia comunitaria, acompañándola de mayor y mejor tecnología para la vigilancia y persecución de delincuentes. No planea el retorno del uso del glifosato. Propone una política de regulación del mercado ilegal de sustancias como el cannabis.

J.P.P.: “Esa es la que propuesta que aterriza más la parte filosófica, general, de una propuesta de seguridad a planes más concretos. Estoy de acuerdo en que se necesita más pie de fuerza y más tecnología, pero la estrategia en general no se puede centrar en estos aspectos. La tecnología en seguridad debe ser implementada con planes estratégicos, se necesita aumentar las capacidades predictivas, preventivas y reactivas”.

Corrupción | analista: Jorge Beltrán (J.B.), experto en Contratación Pública

Gustavo Petro: contratar una Comisión internacional e independiente de investigación judicial para que investigue los grandes casos de corrupción en Colombia, también asegura que transformaría a la Procuraduría General de la Nación en una Fiscalía Anticorrupción, pasándola a la rama Judicial, para que no “persiga opositores”, sino que se dedique a enfrentar la corrupción.

J.B.: “En Colombia tendemos a judicializarlo todo, no todo debe ser de los jueces, eso no implica mayor efectividad sino congestión judicial. Hay actividades que se hacen desde lo administrativo bien hecho y no toda investigación disciplinaria debe revestir carácter judicial sino aquellos que ha indicado la CIDH sobre funcionarios de elección popular; por ello, frente y la propuesta de transformar la Procuraduría en una fiscalía anticorrupción y pasarla a la Rama Judicial es una acción que invade la esfera de otras ramas del poder público que implica una reforma constitucional y no genera un valor agregado”.

Federico Gutiérrez: Darle cárcel, muerte política y pérdida de investidura para los funcionarios corruptos. Todos los procesos contractuales en una única plataforma del sistema de compras públicas (Secop II). Los contratos que se realicen por fuera de la plataforma serán inválidos. Audiencias semestrales de Rendición de Cuentas en la Lucha contra la Corrupción en los diferentes sectores del ejecutivo

J.B.: “Respecto a fortalecer las penas para los funcionarios condenados por corrupción, ya existen estas medidas en la Ley 1474 y la Ley 2014, la cuales eliminaron la casa por cárcel para corruptos y volvieron permanentes las inhabilidades para contratar con el estado. Actualmente las entidades están obligadas a usar el Secop II como plataforma transaccional, inclusive las entidades de régimen especial conforme a la reciente ley 2195, lo que no genera una novedad frente a las medidas existentes. Frente a las audiencias de rendición de cuentas, éstas ya están reguladas en la Ley 1757 de manera anual y aumentar su periodicidad a 6 meses no aporta en nada a la lucha contra la corrupción.”.

Rodolfo Hernández: Crear un sistema central de control fiscal para disminuir la corrupción. Revisará las funciones y resultados de las contralorías para evaluar si las acaba, en caso de que no entreguen resultados. Diseñar un marco para el ejercicio del derecho con cero tolerancia a la corrupción. Se creará un fondo de recompensa para pagar el 20 % de la plata recuperada a los ciudadanos que denuncien a los corruptos.

J.B.: “Frente a la creación de un control fiscal centralizado, con anterioridad se ha propuesto en otras contiendas presidenciales en las que esta propuesta no fue de recibo por diversos sectores politicos que se verían afectados, por lo cual, es clave saber como lo haría y no lo dice el candidato; sin embargo, esta propuesta implicaría una reforma constitucional que elimine las contralorias territoriales las cuales en muchos casos no están sirviendo para lo que fueron creadas.

Crear un marco para el ejercicio de cero tolerancia a la corrupción es una propuesta abstracta, ya que en la actualidad se han expedido numerosas normas con el objetivo de prevenir la corrupción cuando el asunto clave es hacerlas cumplir. Finalmente, en cuanto a la recompensa al denunciante de corrupción, debemos recordar que ese tipo de incentivos se vuelve perverso como ocurrió en los que existían para acciones populares, generaría una cacería de brujas hasta en casos donde no hay sino errores administrativos”.

Sergio Fajardo: Impulsar tres reformas para luchar contra la corrupción: una política contra la corrupción electoral, otra a los organismos de control para hacer más eficiente sus labores anticorrupción, y buscará que el fiscal general sea escogido por la Corte Suprema, el contralor por el Consejo de Estado y que quienes presenten las ternas sean instituciones independientes.

J.B.: “Hablar de una reforma de la política anticorrupción, cuando existen tantas normas que han introducido medidas, no genera ningún valor real, no es una propuesta tangible por que lo que necesita el país son medidas efectivas; respecto al tema electoral ya existe la Ley 1864 que tipifica los delitos electorales; y en cuanto a los organismos de control, tampoco se dice qué aspectos se pueden reformar y su impacto fiscal; en la actualidad el Fiscal General es escogido por la Corte Suprema, pero resulta novedosa la propuesta de que la terna no sea propuesta por otras ramas del poder sino por un órgano independiente, sin embargo, no dice cuál ni cómo garantizaría su independencia”.

Salud | analista: Carolina Corcho (C.C.), vicepresidenta Federación Médica Colombiana

Gustavo Petro: Busca un sistema único y gratuito, basado en la prevención de la enfermedad. Su propuesta se refiere a la conformación de Consejos Territoriales de Salud que sean la base para crear redes de servicios de salud, con enfoque territorial. También dice que transformará las EPS en instituciones prestadoras de salud, y girará directamente del Adres los recursos que demandan sus servicios.

C.C.: “En cuanto al aspecto del manejo de los recursos se trata de una propuesta de interesante para una reforma a la salud que debe pasar por el Congreso de la República y debería señalar unos mecanismos de transición para llegar a la manera de los mejores sistemas de salud en el mundo”.

Federico Gutiérrez: Mantendría el formato de las EPS y liquidaría las que no estén funcionando correctamente. Dice que el 80% de las transacciones del sector de EPS, IPS y entidades territoriales se harán mediante una plataforma de interoperabilidad de historia clínica.

C.C.: “Si se liquidan las malas EPS y se dejan las buenas, se crea un oligopolio. Con un oligopolio el Estado tendrá tanto poder que que va a cooptar los organismos reguladores, le va a quedar imposible ejercer regulaciones de contratación, de convenios. Esa propuesta podría empeorar las condiciones del sistema de salud colombiano. Un ejemplo de los oligopolios se centra en las transnacionales farmacéuticas de vacunación contra la covid-19. Financiadas con recursos públicos del mundo cooptaron la organización mundial del comercio para evitar la liberación de patentes”.

Rodolfo Hernández: No prevé reformas a las EPS, pero tratará de establecer políticas para la contratación del personal médico, que contemplen eliminar la intermediación de las EPS. Dice que dará atención a toda la población, sin que importe el régimen al cual pertenezca.

C.C.: “La unificación de regímenes es una orden de la Corte Constitucional desde el año 2008. Colombia hace mucho tiempo debió tener una cobertura universal, igualitaria sin regímenes, es posible, está dentro del horizonte. Sobre la intermediación la propuesta representa un reto de cambio porque las EPS no han sabido manejar los recursos públicos de la salud”.

Sergio Fajardo: No reformaría a las EPS, pero dice que se enfocará en el cumplimiento de estándares de calidad, funcionamiento técnico, administrativo y financiero de las mismas para hacer que brinden servicio de calidad en territorio rural y urbano.

C.C.: “Esa propuesta se refiere a más de lo mismo en el sentido que eso supone que es el deber ser del Estado frente a las EPS desde su nacimiento. Lo que connota esa propuesta es lo mismo que se dijo hace 30 años desde la Ley 100, se supone que el Estado tenía que regular a las EPS en términos de calidad, finanzas y prestación de servicios. Entonces la propuesta no reviste ninguna novedad”.

Pensiones | analista: Óscar Manco López (O.M.L.), doctor en Ciencias Económicas

Gustavo Petro: Crear un pilar pensional público de hasta cuatro salarios mínimos, y brindarle un subsidio de $500.000 a adultos mayores que no tienen pensión. Su plan dice que las personas, incluyendo las más ricas, estarán obligadas a cotizar a Colpensiones una suma calculada sobre la base de 1 a 4 salarios mínimos. Quienes ganen más que eso, podrán elegir dónde cotizar el excedente. En esta parte participarán las AFP. No incrementará la edad de pensión.

O.M.L.: “Se trataría de una medida inconstitucional porque se suprime el derecho de elegir, desde el punto de vista de inversión, dónde quieres poner tu inversión y ahorro. Desde el punto de vista fiscal estaríamos hablando de necesitar unos 18 billones de pesos para garantizar los recursos para los subsidios para los adultos mayores“.

Federico Gutiérrez: Reducir de 25 a 22 años el tiempo de cotización para una pensión para los trabajadores de un salario mínimo. No modificar la edad de jubilación ni el régimen de policías, militares y maestros. Aumentar el subsidio de Colombia Mayor para brindar a 3 millones de adultos mayores sin pensión una renta vitalicia superior a los $330.000 mensuales.

O.M.L.: “Reducir esos años aplica para las personas que están cotizando en el régimen de prima media, que sería Colpensiones, es decir que los fondos individuales seguirían conservando la edad de jubilación como está. Sería una especie de parche en la llanta y podría hacer que se incremente el déficit pensional. El tema en Colombia es que las políticas además de ser muy intervencionistas son regresivas. El subsidio que plantea para los adultos mayores le costaría al Estado unos 7,4 billones de pesos al año”.

Rodolfo Hernández: En su programa de gobierno plantea reformar Colpensiones para permitirle la captación de ahorros buscando que pueda competir con los fondos privados en la generación de inversiones.

O.M.L.: “Este candidato en particular no tiene una propuesta concreta en materia pensional. La iniciativa que plantea de reformar Colpensiones tiene que partir por una reforma de la estructura pensional del Gobierno Nacional y eso es complejo porque primero es mejor incluso hablar de reforma a la justicia que transicionalmente va a llegar a los temas de control de inversión y la cultura del ahorro e inversión que se hace necesario”.

Sergio Fajardo: Crear un pilar pensional universal y público de hasta dos mínimos. Dice que hará una transición hacia una estructura pensional que garantice la cobertura universal para los adultos mayores, pues a los que no tienen pensión buscará darles un ingreso de 500.000 pesos mensuales. Se comprometió a no subir la edad de pensión.

O.M.L.: “El costo de esa mesada sería unos 18 billones de pesos, lo que quiere una reforma tributaria estructural y eso tiene que estar acompañado teniendo claro de dónde viene el recurso y cuál será la sostenibilidad del mismo porque no se está cumpliendo la regla fiscal. En estos momentos tenemos un déficit fiscal que ronda el 7 % del Producto Interno Bruto y a eso se le suma que el déficit pensiona es cercano a 40 billones de pesos, deja un espacio grande en la viabilidad técnica de la ejecución”.

Economía | analista: Mauricio López González (M.L.G.), coordinador del

Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia

Gustavo Petro: Hacer una tributaria para recoger $50 billones cobrándole especialmente a los 4.000 más ricos; y darle empleo a todos aquellos que no puedan encontrar trabajo en el sector privado. Se enfoca en el desmonte de los beneficios tributarios “injustificados” para personas naturales o empresas, es decir, cobrará más impuestos a las personas más ricas en propiedades y dinero.

M.L.G.: “Esta propuesta podría espantar al sector privado, no solo a los más ricos del país, sino también a inversionistas nacionales o internacionales y podría generar incluso el efecto contrario porque alguien con esos recursos podría pensar que puede invertir en otro lugar”.

Federico Gutiérrez: Hacer reforma tributaria para recaudar $10 billones, para reducir impacto propone bajar costos del Estado ($10 billones), enajenar los bienes extinguidos ($20 billones) y usar regalías ($14 billones). Plantea la necesidad de eliminar las exenciones y un aumento gradual del recaudo con impuestos que no afecten ni a los vulnerables ni a la clase media. Su programa de gobierno dice que los que más ganen pagarían más.

M.L.G.: “Esta propuesta toca un punto importante y tiene que ver con la reducción del gasto estatal, la eficiencia del Estado. Ahí hay un espacio importante para ser más eficientes en el manejo de la hacienda pública. Haciendo más eficiente el gasto y la Dian, reduciendo la evasión y la elusión, la reforma tributaria que se necesita hacer podría no ser tan ambiciosa”.

Rodolfo Hernández: Asegura que no subirá impuestos y, por el contrario, dice que bajará el IVA general al 10 %, con una canasta básica exenta en un sistema sin deducciones de pagos descontables. Generar una instancia de coordinación y gestión del empleo más robusta dentro del Ministerio del Trabajo. El país sabrá qué sectores económicos están más activos, cuántos trabajadores se necesitan y de qué tipo.

M.L.G.: “Sería más eficiente dejar la tarifa como la tenemos actualmente y fortalecer la Dian para evitar esos procesos de evasión, elusión y al mismo tiempo fortalecer las capacidades de los equipos de la Dian que tiene a su cargo el tema de IVA para evitar la creación de esas mafias que reclaman esos recursos. Por otro lado, no es útil crear más burocracia al rededor del Ministerio de Trabajo”.

Sergio Fajardo: Propone crear una nueva estructura tributaria que tenga impuestos más progresivos, que serán pagados por personas de más altos ingresos; además dice que luchará contra la evasión y eliminará exenciones y beneficios tributarios ineficientes. El objetivo es recaudar 33 billones de pesos adicionales. Contempla hacer una normativa laboral que proteja a los trabajadores en actividades de contratación por horas, resultado de una concertación con los sindicatos, los empresarios y el gobierno.

M.L.G.: “Gravar altos capitales o los ingresos más altos no está mal, es viable y también es un tema de equidad y justicia social. Esa propuesta debe estar complementada con otras aspectos como impuestos a las bebidas azucaradas, impuestos a los dividendos. Hay un espacio para ampliar tributariamente la base sin tocar a la clase media. En cuanto a la propuesta en materia laboral le apostaría por reforzar la formalización, en lugar de regular el trabajo por horas”.