Polémica: Plan Nacional de Desarrollo obligaría a implementar recomendaciones de la Comisión de la Verdad

Un polémico artículo del Plan Nacional de Desarrollo obligaría a las entidades del Estado a implementar las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad “progresivamente” y como se lo vaya dictando el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

El punto tiene dividido a políticos y ciudadanos: algunos lo aplauden porque significaría un compromiso real con la implementación del Acuerdo de Paz y otros lo critican porque implicaría darle carácter vinculante a una comisión que, desde sus inicios, se implementó como un mecanismo no judicial de contribución a la verdad.

Si el artículo logra pasar todos los debates en el Congreso, como lo ha venido haciendo hasta ahora, podría generar cambios del tamaño de la legalización de las drogas, el funcionamiento de la Policía Nacional y hasta la elección del fiscal general de la Nación, pues todos esos temas están incluidos en las principales recomendaciones del Informe Final.

Según el artículo 8 del PND propuesto por el Gobierno, “las entidades del orden nacional sobre las cuales recaigan recomendaciones del informe fina las acogerán de forma progresiva según su viabilidad, competencias y capacidades”. Acto seguido describe que será el Dapre el que “definirá los lineamientos, roles y responsabilidades de las entidades competentes”.

Frente a eso, uno de los primeros opositores fue el fiscal General, Francisco Barbosa, quien aseguró que dicho artículo afectaría los principios de separación de poderes porque le daría facultades al Gobierno para asignarle funciones a otras ramas del poder público, “situación que genera una intromisión inconstitucional en el funcionamiento del sistema penal y, por lo tanto, con claros efectos en materia de política criminal”.

Y en algunos de esos puntos concuerda el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, quien habló de ese punto en una entrevista con EL COLOMBIANO publicada el pasado 2 de marzo.

Tras ser preguntado por ese artículo 8, González reconoció que había puntos muy sensibles como modificar la elección del fiscal o legalizar las drogas, pero dijo que, hasta ahora, había sido un artículo que había pasado fácil en el Congreso y sin opositores.

¿Cambios a Policía y Fiscalía?

Ahora bien, la obligación de cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no sería tan delicada si no tocara puntos fundamentales del funcionamiento actual de algunas instituciones.

Para empezar, los comisionados recomendaron que la elección del fiscal se modifique dejando a un lado el rol del Presidente. Actualmente, es el jefe de Estado el que presenta una terna con los candidatos para ocupar ese puesto y la Corte Suprema decide.

Pese a eso, la Comisión insistió en que “el Ejecutivo no debería tener injerencia en esa decisión para fortalecer la independencia desde el diseño institucional”.

Así las cosas, recomendó reformar el proceso de postulación y selección para incluir la participación de la academia y mecanismos para el control ciudadano, que “garanticen su independencia, sobre la base de criterios de mérito y reconocimiento de trayectoria profesional, publicidad y transparencia”.

En ese mismo sentido, la Comisión recomendó trasladar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa al de Justicia, pues consideró que es mejor que esté ahí para que tenga un sentido más civil y menos combativo.

Por último, esa entidad que surgió como fruto del Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos habla de un cambio radical en la lucha contra el narcotráfico y propone una despenalización de todas las drogas que existen, para transitar hacia una “regulación estricta de los mercados de droga”.

Bajo ese contexto, el artículo 8 del PND implicaría que el Dapre gestione todos los cambios necesarios en las entidades y ramas del Estado para que se modifique la elección del fiscal, se avance hacia la legalización de todas las drogas y se pase la Policía Nacional al ministerio de Justicia. En este último paso, por ejemplo, el Gobierno ya ha iniciado sus propias gestiones.

Lo cierto es que varios de los cambios más radicales que propone la Comisión coinciden con promesas de campaña y puntos que siempre ha querido implementar el presidente Gustavo Petro, por lo que ese punto podría convertirse en el “caballo de batalla” del jefe de Estado para realizar las modificaciones de una manera más ágil.

Con todo esto, el exsecretario general de la Comisión de la Verdad y actual liquidador de esa entidad dijo en diálogo con este diario que le parece importante el artículo como “compromiso del Gobierno con el cumplimiento de las recomendaciones”, aunque reconoció que, en la práctica, “avanzar dependerá del interés de las diferentes dependencias y de la acción de los partidos políticos y de la sociedad civil”.

Por ahora, el Plan Nacional de Desarrollo apenas fue aprobado en primer debate y continúa su paso por las plenarias de Senado y Cámara para pasar a las plenarias y ser votado. Si se aprueba tal y como va, el Gobierno podría tener una nueva herramienta poderosa para implementar cambios en múltiples entidades del Estado

Un polémico artículo del Plan Nacional de Desarrollo obligaría a las entidades del Estado a implementar las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad “progresivamente” y como se lo vaya dictando el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

El punto tiene dividido a políticos y ciudadanos: algunos lo aplauden porque significaría un compromiso real con la implementación del Acuerdo de Paz y otros lo critican porque implicaría darle carácter vinculante a una comisión que, desde sus inicios, se implementó como un mecanismo no judicial de contribución a la verdad.

Si el artículo logra pasar todos los debates en el Congreso, como lo ha venido haciendo hasta ahora, podría generar cambios del tamaño de la legalización de las drogas, el funcionamiento de la Policía Nacional y hasta la elección del fiscal general de la Nación, pues todos esos temas están incluidos en las principales recomendaciones del Informe Final.

Según el artículo 8 del PND propuesto por el Gobierno, “las entidades del orden nacional sobre las cuales recaigan recomendaciones del informe fina las acogerán de forma progresiva según su viabilidad, competencias y capacidades”. Acto seguido describe que será el Dapre el que “definirá los lineamientos, roles y responsabilidades de las entidades competentes”.

Frente a eso, uno de los primeros opositores fue el fiscal General, Francisco Barbosa, quien aseguró que dicho artículo afectaría los principios de separación de poderes porque le daría facultades al Gobierno para asignarle funciones a otras ramas del poder público, “situación que genera una intromisión inconstitucional en el funcionamiento del sistema penal y, por lo tanto, con claros efectos en materia de política criminal”.

Y en algunos de esos puntos concuerda el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, quien habló de ese punto en una entrevista con EL COLOMBIANO publicada el pasado 2 de marzo.

Tras ser preguntado por ese artículo 8, González reconoció que había puntos muy sensibles como modificar la elección del fiscal o legalizar las drogas, pero dijo que, hasta ahora, había sido un artículo que había pasado fácil en el Congreso y sin opositores.

¿Cambios a Policía y Fiscalía?

Ahora bien, la obligación de cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no sería tan delicada si no tocara puntos fundamentales del funcionamiento actual de algunas instituciones.

Para empezar, los comisionados recomendaron que la elección del fiscal se modifique dejando a un lado el rol del Presidente. Actualmente, es el jefe de Estado el que presenta una terna con los candidatos para ocupar ese puesto y la Corte Suprema decide.

Pese a eso, la Comisión insistió en que “el Ejecutivo no debería tener injerencia en esa decisión para fortalecer la independencia desde el diseño institucional”.

Así las cosas, recomendó reformar el proceso de postulación y selección para incluir la participación de la academia y mecanismos para el control ciudadano, que “garanticen su independencia, sobre la base de criterios de mérito y reconocimiento de trayectoria profesional, publicidad y transparencia”.

En ese mismo sentido, la Comisión recomendó trasladar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa al de Justicia, pues consideró que es mejor que esté ahí para que tenga un sentido más civil y menos combativo.

Por último, esa entidad que surgió como fruto del Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos habla de un cambio radical en la lucha contra el narcotráfico y propone una despenalización de todas las drogas que existen, para transitar hacia una “regulación estricta de los mercados de droga”.

Bajo ese contexto, el artículo 8 del PND implicaría que el Dapre gestione todos los cambios necesarios en las entidades y ramas del Estado para que se modifique la elección del fiscal, se avance hacia la legalización de todas las drogas y se pase la Policía Nacional al ministerio de Justicia. En este último paso, por ejemplo, el Gobierno ya ha iniciado sus propias gestiones.

Lo cierto es que varios de los cambios más radicales que propone la Comisión coinciden con promesas de campaña y puntos que siempre ha querido implementar el presidente Gustavo Petro, por lo que ese punto podría convertirse en el “caballo de batalla” del jefe de Estado para realizar las modificaciones de una manera más ágil.

Con todo esto, el exsecretario general de la Comisión de la Verdad y actual liquidador de esa entidad dijo en diálogo con este diario que le parece importante el artículo como “compromiso del Gobierno con el cumplimiento de las recomendaciones”, aunque reconoció que, en la práctica, “avanzar dependerá del interés de las diferentes dependencias y de la acción de los partidos políticos y de la sociedad civil”.

Por ahora, el Plan Nacional de Desarrollo apenas fue aprobado en primer debate y continúa su paso por las plenarias de Senado y Cámara para pasar a las plenarias y ser votado. Si se aprueba tal y como va, el Gobierno podría tener una nueva herramienta poderosa para implementar cambios en múltiples entidades del Estado.