Petro vuelve a chocar con la Procuraduría por sanciones que fueron aceptadas en el Congreso: anuncia demanda
El mandatario se molestó con una sanción que le ratificaron a William Dau, exalcalde de Cartagena, por insultar a los directivos de una universidad.
Cazador de historias. Futbolista frustrado: me tocó gambetear con las palabras.
El presidente Gustavo Petro volvió a manifestar su inconformidad con las decisiones que toma la Procuraduría al sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. Esta vez, calificó de “dictatorial” una sanción disciplinaria que se le impuso al exalcalde de Cartagena, William Dau por insultar a directivos de una universidad. El presidente propuso interponer “una demanda común” contra el órgano de control.
“Esto sigue siendo un abuso de poder. Después de la sentencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos ninguna autoridad administrativa debe suspender derechos políticos a ningún ciudadano de Colombia”, señaló el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales.
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La molestia del mandatario tiene que ver con la suspensión en inhabilidad que le aplicaron a Dau: el exalcalde insultó y calificó de “nido de ratas” a los directivos de la Universidad de Cartagena. Como el político ya está fuera de sus funciones, la sanción se tradujo en una multa económica de 49 millones de pesos.
El jefe de Estado ha insistido en que la Procuraduría no debería tener facultades para apartar del cargo a ningún funcionario electo democráticamente. Incluso, propuso una “demanda común” para que los mandatarios que han sido sancionados por el órgano de control puedan defender sus derechos políticos.
Es que Petro, mientras era alcalde de Bogotá, fue apartado de su cargo por el entonces procurador Alejandro Ordóñez en 2013.
Solo un fallo de la Corte IDH lo regresó y, en él, el tribunal internacional recomendó que instituciones como la Procuraduría no deberían tener facultades para destituir a los electos popularmente.
“La Procuraduría continúa reteniendo la facultad de imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, contraviniendo lo previsto en dos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos”, había dicho la Corte IDH en un seguimiento al fallo Petro de 2022.
Sin embargo, un fallo de la Corte Constitucional de 2023 decidió mantener las facultades de la Procuraduría para investigar, sancionar e inhabilitar a funcionarios públicos.
Petro, en todo caso, ha insistido en su rechazo a estas funciones de la Procuraduría y aseguró que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado –entidad que depende del Ejecutivo– debería defender a los ciudadanos que son “víctimas” de estos “abusos”.
“(Invitó a los ciudadanos) sancionados con pérdida de derechos políticos a realizar una demanda común contra este tipo de abusos de poder propios de una dictadura”, puntualizó el presidente.
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