Petro no pudo imponer rector en la Nacional: detalles de una sesión fallida

La incertidumbre parece enquistada en las instalaciones de la Universidad Nacional en Bogotá. Este viernes fue citada una sesión urgente del Consejo Superior Universitario (CSU) por el ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa, para nombrar rector encargado. Esto, tras la polémica por la elección de Ismael Peña con la que el gobierno de Gustavo Petro no está de acuerdo. El encuentro, citado a las 8:00 de la mañana, fue fallido, en medio de versiones encontradas de dos “bandos” al interior del CSU.

Aunque las sesiones son privadas, EL COLOMBIANO conoció detalles del encuentro que buscaba definir el reemplazo de Dolly Montoya, actual rectora de la universidad pública más grande del país. Como telón de fondo, la Nacional ha sufrido en los últimos días fuertes enfrentamientos de estudiantes encapuchados que se han tomado algunas instalaciones de la sede en Bogotá.

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El Ejecutivo es acusado de violar la autonomía universitaria por querer imponer un rector encargado. De hecho, la Procuraduría ordenó la apertura de una investigación contra el ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa, por presunta extralimitación de funciones.

¿Hubo o no qúorum?

A la sesión del viernes asistieron siete de ocho consejeros con voz y voto. Del lado del Gobierno, el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego; el representante del CESU, Víctor Moncayo y las representantes designadas por el presidente Gustavo Petro, María Alejandra Rojas y Nataly Garzón.

De otro lado, del bando de quienes se oponen a la designación de un rector encargado, asistieron Verónica Botero, Decana de la Facultad de Minas Sede Medellín y designada por el Consejo Académico; el representante de los profesores, Diego Torres y el representante de los exrectores, Ignacio Mantilla.

Justo al iniciar la sesión, el profesor Torres señaló que estaban pendientes por abordar las recusaciones a algunos miembros del Consejo. Entre ellas, la de la Procuraduría en contra del ministro ad hoc Correa, representado por el viceministro Álvarez, como delegado del Gobierno.

Sin embargo, el profesor Moncayo dijo que el único motivo de la cita era designar al rector encargado y que todos los miembros podían, incluso, proponer hojas de vida.

Sobre una eventual votación, el “bando” del Gobierno señaló que era suficiente con cuatro votos como mayoría, ya que el cálculo, según ellos, era con base en los siete miembros presentes.

Esto porque en los últimos días, Sara Jiménez renunció como representante de los estudiantes ante esa instancia, pues fue objeto de hostigamientos, amenazas y maltratos en redes sociales por supuestamente haber apoyado a Peña en la votación del CSU.

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Este diario conoció que su reemplazo, como estaba previsto, será Juan Camilo Hoyos, que figuraba como suplente; sin embargo no asistió a la sesión de este viernes.

Luego de otras intervenciones, hubo versiones e interpretaciones cruzadas sobre lo ocurrido. Por un lado, uno de los consejeros le dijo a este diario que el grupo que se oponía a la designación de un rector encargado no estaba interesado en revisar las hojas de vida y que se abstenía a votar porque sobre el proceso solo podía interceder un juez y decidir frente al sistema con el que eligieron a Ismael Peña. Por eso, Torres, Mantilla y Botero dejaron constancia que si los otros consejeros querían votar con cuatro votos pues ellos aceptaban, pero la sesión se levantó.

Sin embargo, otra cosa dijo María Alejandra Rojas, consejera designada por el presidente: “La sesión del CSU se terminó por la decisión de retirarse de la sala de Ignacio Mantilla, Diego Torres y Verónica Botero (esta última se había retirado para ingresar a una cita médica). Por tanto, por falta de quórum, no fue posible continuar”.

Horas después, también a través de redes sociales desmintió la versión del bando contrario: “Que alguien explique de qué manera se retiran tres personas de una reunión virtual (por los motivos que sea) dejando a cuatro presentes, sin que ello signifique romper el quórum que según ellos mismos requiere cinco. Ya son suficientes las burlas”.

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¿Qué sigue?

Quienes no reconocen la elección de Peña dicen que el quórum se rompió por parte del bloque Torres/Botero/Manilla.

“Se está pasando de cuestionar la elección de un rector, pero la ambigüedad no permitió que entraran las acciones legales (...) Ya la decisión está por fuera del Consejo Universitario y no como insiste el Ministerio de Educación Nacional”, dijo el profesor y consejero Diego Torres.

Por su parte, el presidente Petro, a través de la red social X, no dio su brazo a torcer y atizó el fuego: “El Gobierno no reconoce el sistema de elección irregular del rector que se presentó en el Consejo Superior de la Universidad Nacional desconociendo la voluntad democrática de la mayoría de los integrantes de la Universidad, ni mucho menos una posesión aún más irregular al cargo de rector. Democracia es el voto de las mayorías, la protección de las minorías y las reglas trasparentes”, aseguró.

Los consejeros que se oponen a la postura del Gobierno, por su parte, se sienten maltratados y temen que lo próxima que venga sea una millonaria sanción por un eventual detrimento patrimonial en la que estarían sometidos los miembros del CSU por no cumplir con la orden por parte del Ejecutivo, según la resolución firmada por el ministro ad hoc, Juan David Correa.

El balón está en las acciones judiciales que se adelanten y si se llega a citar una nueva sesión la próxima semana, el voto del representante de los estudiantes, Juan Camilo Hoyos, sería clave en la balanza.

Por su parte, Aurora Vergara, que sigue siendo la ministra de Educación, se declaró impedida para actuar en los temas que refieren a la elección del rector y por eso el presidente designó a Correa.

Bajo lupa de la Procuraduría

La Sala Disciplinaria del Ministerio Público señaló que se investigará a Correa en virtud de la queja interpuesta por Peña —quien se posesionó en el cargo el pasado 3 de mayo ante una Notaría de Bogotá y no en el Ministerio de Educación—.

El profesor, en un mensaje difundido por las redes sociales de la Nacional, expresó que la decisión del ministro Correa se tomó “sin que se cuente con el pronunciamiento de autoridades judiciales” y que “viola la autonomía universitaria y desconoce principios fundamentales del derecho como el del debido proceso”.

Este diario consultó a un exrector de la Nacional y un experto en educación sobre los impactos de esta resolución del Ministerio. Ramón Fayad (rector encargado en 2005) expresó que “es una intromisión indebida del Gobierno” y que “llama la atención que se cambie la ministra por uno ad hoc cuando lo pudo haber hecho desde un primer momento”.

Por su parte, el experto en educación y fundador del Instituto Alberto Merani, Julián de Zubiría, consideró que “es una intervención porque un principio de la autonomía universitaria es que las problemáticas de la institución deben resolverse sin interferencias”.

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