Con investigación a cuestas en CNE, Petro insistirá en “jugadita” para hacerle el quite al proceso
El mandatario, tal como lo expuso su defensa la semana pasada, busca que los procesos en la autoridad electoral pasen a la Comisión de Acusación del Congreso, donde cuenta con mayorías y aliados. Estas son las cuentas.
Comunicador social y periodista de la Universidad Central, especializado en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de las universidades Externado y Columbia.
La investigación por presunta violación de topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral (CNE) está a punto de tomar un giro determinante: este miércoles fue radicada la ponencia con la que se abriría investigación contra el mandatario y su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa. Ahora resta que la sala plena del CNE debata el documento y lo apruebe por mayorías. Sin embargo, el presidente aún insiste en un último recurso para hacerle el quite al proceso.
Se trata de la solicitud que radicó la semana pasada el abogado de Petro, Mauricio Pava, quien pidió que el expediente pase a manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes donde –a diferencia del CNE–, el jefe de Estado cuenta con mayorías y fieles escuderos que podrían sacarlo avante del proceso.
En una carta que envió al representante petrista Alirio Uribe –nada menos que el investigador coordinador del triunvirato que investiga a Petro en la Comisión–, Pava aseguró que, según la Constitución, solo ese órgano legislativo es competente para investigar a los jefes de Estado, por lo que los procesos contra Petro no deben seguir reposando en los despachos de los magistrados del CNE, autoridad encargada de vigilar y ejercer control de la actividad electoral.
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“Solicito a la honorable Comisión que requiera al CNE para que archive las actuaciones en curso por falta de competencia o, en su defecto, remita inmediatamente todos los procesos en curso en contra del presidente y se abstenga de tomar cualquier determinación que pueda limitar el ejercicio de sus derechos civiles y políticos o suponer una afectación a sus derechos de cualquier otra naturaleza, ya que esta competencia es exclusiva del Congreso”, argumentó Pava.
Lo cierto hoy es que ya los magistrados Benjamín Ortíz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), radicaron ante la Sala Plena el proyecto de apertura de investigación y formulación de cargos contra Petro y Roa. El documento advierte no solo violación de topes de campaña, sino presunta financiación irregular.
De hecho, este miércoles el abogado Pava arreció y, al señalar que es un “error jurídico” que los procesos sigan en el CNE, criticó la determinación de los magistrados: “Incurren en un error de juicio constitucional, porque el CNE no tiene competencia para investigar a un presidente en ejercicio. Más temprano que tarde el país conocerá que el presidente actúa de manera correcta cuando se haga pública la investigación”.
De allí que Petro y su defensa insistan en que los procesos aterricen a la Comisión de Acusación. No es para menos. Solo en el triunvirato encargado de investigar las denuncias, además de Alirio Uribe, Petro cuenta con Gloria Arizabaleta, quien llegó al Congreso con la bendición del partido Fuerza de la Paz, que lidera otro de los escuderos del mandatario: el exsenador y hoy embajador Roy Barreras. El tridente lo cierra Wilmer Carrillo (Partido de la U).
Inclusive, en caso de que ese triunvirato dé vía libre a las investigaciones y el caso escale hasta la Comisión, Petro también tendría las de ganar. Ese organismo está conformado por 18 representantes, de los cuales ocho son de la coalición de Gobierno, siete independientes y tres de oposición. (Ver infografía al final)
Si bien en la coalición de Gobierno figuran colectividades como la Alianza Verde –en jaque por cuenta de los escándalos en Gestión del Riesgo y el pago de supuestas coimas para el trámite de las reformas–, lo cierto es que Petro y los suyos tienen sus ojos puestos en la bancada del Partido Liberal.
Los tres congresistas rojos serían decisivos en caso de que los procesos escalen hasta la Comisión y el Jefe de Estado ha demostrado que, a diferencia de lo que ocurre en Senado, cuenta con más chances y mayor poder de convocatoria en Cámara, particularmente con los liberales, al punto que para el trámite de la reforma a la salud logró dividir las toldas y que un grupo de 18 de los 32 congresistas se declarara en rebeldía a las directrices de César Gaviria.
Sin duda, el camino de la Comisión de Acusación para Petro es mucho más esperanzador que el rumbo que tomen los proceso en el CNE. De hecho, consciente de ese riesgo, este miércoles el jefe de Estado arreció y calificó como el comienzo del “golpe blando” la determinación.
Una de las líneas de investigación contra la campaña son los reportes de las cuentas que hizo la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), que terminó vinculada en un mega escándalo por una avioneta en Providencia a la que se le incautaron 400 kilos de cocaína. Se estima que de cada $10.000 que la campaña de Gustavo Petro gastó en servicios de transporte para movilizarse en la primera y segunda vuelta de 2022, al menos $6.500 se los pagaron a la Sociedad Aérea de Ibagué.
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