Nuevo acuerdo de paz abre una ventana a bandas

El nuevo Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc dejó la puerta abierta para que las bandas criminales establezcan negociaciones de paz con el Estado, que terminen con el sometimiento o acogimiento de este tipo de delincuentes a la justicia.

La medida, para muchos sorpresiva, pues no estaba en las propuestas de los voceros del No, quedó incluida en el documento presentado por Humberto de la Calle y alias Iván Márquez el pasado 12 de noviembre, en Cuba.

El punto 3, sobre el Fin del Conflicto, trae ahora el parágrafo 3.4.13, titulado “Sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas”. El texto dice:

“En el marco de la justicia ordinaria y con el fin de contribuir a la lucha contra las organizaciones criminales de que trata este punto, fortalecer las garantías de seguridad en los territorios, y facilitar la creación de condiciones favorables para la construcción de la paz, el Gobierno Nacional en coordinación con la rama judicial, presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz” (pág. 97).

Las “organizaciones antes señaladas” a las que se refiere, están especificadas en el acápite 3.4, a saber: “organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” (pág. 79).

En apariencia, esta amplia definición cobija a muchas de las bandas insertadas en dinámicas de narcotráfico, extorsión, control territorial y amenazas a la comunidad, como “los Urabeños”, “la Oficina”, “los Rastrojos”, “los Puntilleros”, “los Pelusos”, “la Constru”, “la Cordillera” y “la Empresa”, por citar las más conocidas entre las 2.005 identificadas por la Fiscalía.

¿De dónde nació la idea?

El primer acuerdo con las Farc, oficializado el 26 de septiembre en Cartagena, no promovía la posibilidad de conversaciones entre el Gobierno y el crimen organizado. Por el contrario, le exigía a la Fuerza Pública que incrementara el combate a este fenómeno, visto desde la mesa de La Habana como una de las principales amenazas para la reinserción de los guerrilleros y la implementación de los acuerdos.

El Gobierno y la Fiscalía, además, se oponían a la idea de que las bandas se montaran al bus del proceso de paz. Así quedó claro el 19/2/15, tras la captura en Bucaramanga del cabecilla político de “los Urabeños”, Abimael Coneo Martínez (“Torta”).

La Policía denunció que “alias ‘Otoniel’ (su jefe) le dio a ‘Torta’ $50 millones para que le pagara un anticipo a un pool de abogados en Bogotá, que está planeando una estrategia jurídica para que el ‘Clan Úsuga’ (o “urabeños”) sea visto como una fuerza beligerante y no como narcotraficante. Esto con el ánimo de negociar concesiones de la justicia”.

Entre las gestiones de “Torta”, las autoridades siguieron su lobby con políticos de Venezuela, país garante del proceso con las Farc, en el que afirmaba que su grupo estaba en capacidad de desmovilizar a 8.000 personas si el Gobierno lo aceptaba como “el tercer actor armado del conflicto”.

La Casa de Nariño rechazó la insinuación, alegando que no podía negociar con una facción sin estatus político, y que tampoco existían mecanismos jurídicos para tal fin; sin embargo, esta última cuestión se ha ido clarificando.

El pasado 19 de julio, el Ministerio de Justicia expidió el Decreto 1175 de 2016, que reglamenta artículos de la Ley 1592 de 2012 (sobre reincorporación de miembros de grupos armados y disposiciones para acuerdos humanitarios). Se basa en las atribuciones que la Constitución le otorga al Presidente para garantizar el derecho a la paz, conservar el orden público, diseñar mecanismos de solución pacífica de conflictos y conceder beneficios jurídicos a miembros de grupos armados para contribuir al logro de la paz.

Aunque el espíritu inicial de esa norma era justificar jurídicamente la designación de “gestores de paz” para impulsar el proceso con la guerrilla del Eln, su texto no especifica qué tipo de estructuras ilegales puede cobijar el decreto. Solo dice: “el Gobierno Nacional, con el fin de propiciar acuerdos humanitarios, podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de aseguramiento, de la pena o solicitar la pena alternativa en contra de miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.

La expedición de esta normativa tuvo consecuencias inesperadas por el Gobierno: ocho miembros de combos delincuenciales se entregaron de forma voluntaria a la justicia en Medellín, u obedeciendo órdenes de sus cabecillas, que querían presentarlos como un gesto de paz. La aspiración de estas personas es obtener beneficios jurídicos similares a los que promete el Decreto 1175.

Este diario consultó al Ministerio de Justicia sobre el fenómeno, pero la entidad se abstuvo de opinar.

Ahora, el nuevo inciso del Acuerdo Final parece ir en la misma vía, de facilitar instrumentos para que el Gobierno y las bandas construyan una salida pacífica a la violencia urbana y semirural.

La idea no estaba entre las 500 propuestas que los voceros del No presentaron después del plebiscito del 2 de octubre, así que la decisión de incluirla habría sido iniciativa de la mesa.

Personas cercanas a las Farc y a grupos como “los Urabeños” y “la Oficina”, confirmaron a EL COLOMBIANO que semanas antes de la firma de la paz hubo reuniones en Antioquia entre gente de la guerrilla y de estas bandas, donde se aportó dinero y se estudió la posibilidad de darles un empujón en La Habana, lo que al parecer sucedió.

El caso de “la Oficina”

Tras la entrega a la justicia de los ocho miembros de cinco combos de Medellín, esta estructura criminal del Valle de Aburrá le envió una carta abierta al presidente Juan Manuel Santos. “Peticionamos ser incluidos en un proceso exploratorio que tenga como fin la consolidación de una paz urbana como complemento al esfuerzo por la paz rural; mediante la aplicación de la justicia transicional que nos facilite una viable disolución política, legal y social de nuestras estructuras armadas (...)”, rezaba el comunicado de “la Oficina”, que no tenía firmantes.

El Gobierno no ha respondido de manera pública a la petición, aunque según el gobernador Luis Pérez, el tema se planteó el pasado fin de semana, durante una visita de Santos a Rionegro.

La iniciativa planea la pregunta sobre la naturaleza de este grupo: ¿qué es “la Oficina” hoy en día? La Policía Metropolitana tiende a negar su existencia; para la DEA, es una organización narcotraficante de alcance internacional; mientras que ellos mismos dicen en su carta que son la “dirección colegiada de los grupos armados agremiados en torno a la organización denominada ‘la Oficina’ (DCO)”.

La definición más aceptada entre investigadores judiciales y grupos de Inteligencia, es que se trata de una confederación de bandas que operan en el Valle de Aburrá, dedicadas al cobro de deudas mafiosas, el sicariato, narcotráfico, lavado de activos, extorsiones, desplazamiento forzado y desapariciones, entre otros delitos.

Esta organización tenía una jerarquía definida hasta 2008, cuando fue extraditado su máximo líder, Diego Murillo (“don Berna”). Desde entonces, su mando se “horizontalizó”, atomizándose en varios cabecillas con control territorial focalizado, algunos de los cuales están enemistados, se independizaron de la franquicia o se unieron a otros grupos, como “los Urabeños”.

Vea aquí: ¿Quiénes son los líderes de La Oficina?

En consecuencia, la carta de “la Oficina” siembra la duda de quiénes son los líderes que se atribuyen su representación. ¿Están todos aliados o es apenas una fracción? ¿Qué alcance tiene entonces este intento de acercamiento con el Gobierno?

¿Someterse o acogerse?

El referido párrafo del acuerdo de paz contiene elementos clásicos del debate con las bandas criminales, como es el trámite en la justicia ordinaria, pero trae un nuevo término: “acogimiento”. ¿Cuál es la diferencia entre someterse y acogerse a la justicia?

Michel Pineda es abogado y presidente de la corporación Compromiso Colombia, asesoró a varios comandantes desmovilizados de las Auc y participó en los recientes sometimientos de cuatro integrantes de la banda “la Terraza” en Medellín. A su juicio, la diferencia entre sometimiento y acogimiento “se basará en lo que el Gobierno y la Fiscalía establezcan como elemento diferenciador para esa sinonimia en el proyecto de ley que promoverá la alternativa para las bacrim”.

EL COLOMBIANO solicitó una declaración al respecto a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero su respuesta no ha llegado hasta el momento.

Un funcionario que participó en los diálogos en la isla y solicitó la reserva de su identidad, manifestó que en el primer acuerdo con las Farc se había insinuado esa posibilidad de sometimiento de las bandas, y que “en este nuevo se quiso poner un mayor énfasis. Se tuvo en cuenta que algunas de esas organizaciones ilegales han emitido pronunciamientos sobre la paz”.

A su parecer, “no hay diferencia legal entre ‘sometimiento’ y ‘acogimiento’, lo importante es dejar en claro que no se trataría de una negociación política, como se hizo con la guerrilla”.

El docente Jorge Giraldo Ramírez, quien en La Habana formó parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, señala que “este es uno de los pocos puntos nuevos del acuerdo, que no es reforma como los demás”.

El académico apunta que le parece una buena iniciativa, “porque el Estado viene asumiendo un alto costo implementando una estrategia meramente punitiva contra las bandas. Con esta propuesta, se lograría pacificar algunas zonas de manera más efectiva, en especial aquellas donde hay cultivos de coca”.

El ex comisionado de Paz, Víctor G. Ricardo (1998-2002), considera que “el Estado tiene la obligación de promover políticas que hagan prevalecer el Estado de Derecho”, por lo cual comparte el citado postulado del acuerdo de paz, siempre y cuando quede claro que con las bandas habrá un tratamiento judicial y no político.

Con esta ventana abierta, habrá que esperar cuál es la real disposición de los grupos armados, pues en el pasado muchos de sus cabecillas y combatientes hicieron parte de procesos de paz, y después volvieron a delinquir.

El caso emblemático es la cúpula de “los Urabeños”, cuyos integrantes se desmovilizaron del Epl y después de las Auc, y ahora buscan otro acercamiento. ¿Se puede creer en su voluntad de paz?

Para el excomisionado Ricardo, “la sociedad no tiene que confiar en esos grupos, pero sí exigir que se sometan a la justicia”.