La Jurisdicción Especial para la Paz supera su mal trago

Poco a poco la imagen de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ido mejorando, producto de la disminución de conflictos de competencia entre las entidades del Estado y de su actuar judicial.

No solo ha abierto siete casos para la investigación de conductas violatorias de los Derechos Humanos, cometidas en el contexto del conflicto armado, tanto por parte de los exguerrilleros de las Farc como de miembros de la Fuerza Pública y agentes del Estado. Además, ha puesto su mirada hacia las víctimas, quienes reclamaban más participación en los procesos.

Los magistrados han ido a los territorios, han escuchado a las víctimas y a los responsables, tratando de equilibrar fórmulas que garanticen la satisfacción de los derechos de los afectados en el conflicto con las condiciones actuales de los territorios, con los requerimientos de los demás actores de la sociedad y con sus propias capacidades.

En Antioquia, por ejemplo, los magistrados han realizado dos audiencias públicas en el marco de las medidas cautelares solicitadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) para proteger 16 lugares donde es posible que estén inhumados cuerpos de desaparecidos, una de ellas sobre la Comuna 13 de Medellín y otra sobre la zona de influencia de Hidroituango, en el Bajo Cauca antioqueño.

Después de ellas realizó inspecciones técnicas en el Cementerio Universal, ordenó medidas cautelares para el laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia y compulsó copias a la Procuraduría para que investigue la conducta de algunos funcionarios que no habrían realizado la debida diligencia en la investigación y conservación de algunos sitios.

Además, la Sala de Reconocimiento de Verdad avanza en un macrocaso sobre la situación de violación de derechos en Urabá por parte de las Farc y la Fuerza Pública; ya entregó a las víctimas acreditadas en el caso de secuestro las versiones voluntarias dadas por 350 excombatientes de las Farc; y realizó exhumaciones en el cementerio de Debeiba donde es posible que estén los restos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Así ocurre en el resto del país: las pesquisas de la JEP han llegado a todos los Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización, a exmiembros de diferentes unidades militares y a territorios como Cauca y Nariño, que también fueron priorizados para la investigación.

“Las últimas noticias dan cuenta más de una labor judicial. Cambiaron los liderazgos en la JEP, personas con un poco más de preparación y mesura han entendido que deben pronunciarse a través de fallos y que no deben salir todos los días en los noticieros, se les nota más interesados en ir al territorio”, señaló el abogado penalista Francisco Bernate, quien ha sido un duro crítico del sistema de justicia transicional.

¿Crisis superadas?

Durante estos dos años varias situaciones han hecho mella en la JEP: el escándalo de corrupción del fiscal Carlos Bermeo, hoy privado de la libertad por supuestamente haber recibido dinero para retrasar decisiones judiciales; la acusación penal sobre tres funcionarios por presuntamente favorecer a exmiembros de las Farc con relación a varios procesos que adelanta la magistratura; el choque de trenes con la Fiscalía General de la Nación, especialmente por la solicitud de extradición de Estados Unidos sobre Jesús Santrich, asunto que finalmente no otorgó la JEP y terminó con la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez; y las objeciones presidenciales a la ley estatutaria que determinaba el funcionamiento de la Jurisdicción, que no fueron aprobadas en el Congreso.

Sin embargo, los hechos plantean que las cosas van mejorando. La JEP redujo el tiempo en el que toma las decisiones; mientras tardó más de un año en sacar a Hernán Darío Saldarriaga, alias “el Paisa”, en menos de cuatro meses expulsó a los reincidentes “Iván Márquez”, “Jesús Santrich”, “Romaña”, “Mayimbú”, entre otros.

Además, en palabras de Guillermo Mendoza Diago, ex vicefiscal general de la Nación, la JEP ha empezado a sacar a flote la verdad de lo ocurrido en el conflicto, “hasta los parapolíticos están sincerándose con la justicia para revelar lo que por tantos años habían negado”.

Es el caso de David Char Navas, quien ha contado cómo funcionaba el entramado entre paramilitares y políticos en la región Caribe.

Pero las críticas continúan. El general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (Acore), insiste en que la JEP es un tribunal para la impunidad de las Farc y el juzgamiento de las fuerzas del orden.

De hecho, para Bernate ese es uno de los puntos que tiene que equilibrar la JEP en 2020, que así como se han hecho públicos avances en las investigaciones contra agentes del Estado se evidencien los resultados de los procesos contra los excomandantes de las Farc.

Grandes retos

2020 traerá las primeras decisiones de fondo de la JEP. Se espera que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad diga si es suficiente el aporte de los comandantes de las Farc sobre el secuestro.

Y los magistrados deberán determinar cuáles de los 16 lugares solicitados por el Movice serán protegidos. “Uno espera este año que la JEP siga avanzando, que logren consolidar la prueba necesaria para imponer un juicio sobre los responsables”, anotó Mendoza.

A pie juntillas, Bernate afirmó que es prioridad mantener la estabilidad presupuestal (para esta vigencia contará con 316.850 millones de pesos, de los cuales 201.713 millones serán para funcionamiento), ya que ante retos tan grandes la inversión debe ser muy bien planeada, y fortalecerse en términos tecnológicos, que les permita una mejor interacción con las partes en los procesos y con la sociedad en general.

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