Paz y derechos humanos

Las Farc presentó plan para participar en política

La guerrilla entregó al Gobierno la propuesta de cómo haría la transición a la institucionalidad. Es la primera vez que admite que dejará la lucha armada.

Reportero. Creo, como Rainer Werner Fassbinder , que “ lo que no podemos cambiar, debemos al menos describirlo”.

18 de septiembre de 2015

Tuvieron que pasar 31 años para que la guerrilla de las Farc planteara la posibilidad de participar en política dejando las armas. El último intento fue en 1984, año en el que nació el partido Unión Patriótica como resultado de los acuerdos de paz con el Gobierno. El resultado: 3.000 militantes de este partido asesinados, entre ellos dos candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa.

La idea de participar en política la explicó el jefe negociador de las Farc, ‘Iván Márquez’: “sobre la reincorporación de las Farc a la vida civil, estamos listos para abordar y discutir los procedimientos para el tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto. Al respecto, hemos entregado a los plenipotenciarios del Gobierno un paquete de propuestas básicas que esperan concreción”.

En la mesa de los diálogos de paz se está discutiendo el punto de reparación a las víctimas y se analiza, paralelamente, el desescalamiento armado del conflicto. La delegación de las Farc dijo ayer que existen avances sustanciales frente a estos temas. “Está cerca, sin duda, el cierre del acuerdo sobre el punto de víctimas, puesto que el insoslayable asunto de reparación dispondría en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”, dijo Márquez.

Si bien la delegación de las Farc se mostró optimista frente a la posibilidad de participar en política, fue clara en que, antes de que esta idea se concrete, el Gobierno debe comprometerse a combatir “estructuras paramilitares”. De lo contrario, dijeron, la paz no sería estable. “Con guerra sucia el post acuerdo constituiría una mentira. Esa amenaza debe desmontarse si queremos reconciliación”, manifestó la delegación.

Reacciones a la propuesta

Una de las voces más optimistas frente al anuncio de las Farc fue la del fiscal general, Eduardo Montealegre: “El posconflicto se acerca, el acuerdo final con las Farc está pronto a firmarse, y muestra que este acuerdo no se hace sobre la base de una guerrilla armada, a pesar de que varios sectores del país han expresado su temor mientras se tramita la negociación y se adelanta la justicia transicional”.

Para el representante Federico Hoyos, del partido Centro Democrático, el anuncio no se corresponde con la realidad: “Me parece positiva la participación política siempre y cuando existan condiciones básicas como la entrega de armas —ojo, entrega de armas al Estado, no dejación— , el sometimiento a la justicia, el abandono de toda actividad criminal relacionada con narcotráfico y extorsión y la entrega de los menores reclutados. También debe quedar claro que los miembros del secretariado que hayan incurrido en crímenes de lesa humanidad no pueden participar en política. Así lo establece el estatuto de Roma. Sin estas condiciones lo que dijo la guerrilla no deja de ser un anuncio de prensa”.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue cauteloso y dijo que para que avance el proceso de paz es necesaria una refrendación ciudadana: “Ni el procedimiento especial legislativo de paz que contempla la comisión legislativa, ni las facultades extraordinarias pueden entrar en vigencia si antes no se produce el voto ciudadano sobre los acuerdos de paz. ¿Qué más legitimidad política tendrá el acto legislativo que los colombianos previamente hayan votado favorablemente a los acuerdos?”.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), calificó como “histórico” el anuncio de las Farc: “Por primera vez aceptan que van a dejar la lucha armada, la violencia, el terrorismo y la criminalidad. Es una declaración necesaria para consolidar el proceso de paz. Eso sí, se requiere el desmonte de los grupos criminales y una lucha judicial contra la violencia política que también debe ser histórica”.