Duque le pide a la JEP que investigue y juzgue delitos contra la fuerza pública
Según el gobierno, 403.352 funcionarios de la fuerza pública han sido víctimas del conflicto.
El presidente Iván Duque le pidió este viernes a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, que investigue y juzgue las agresiones de las que fueron víctimas los miembros de la fuerza pública en el marco del conflicto armado.
“Con el respeto que merece la independencia de las instituciones, queremos pedir formalmente, que se pueda abrir un macrocaso por todos los crímenes de guerra que las Farc propiciaron a los miembros de la fuerza pública”, le manifestó Duque al magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.
La intención del Gobierno es que la JEP ahonde en el uso de armas no convencionales e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que cometieron las Farc contra las fuerzas armadas oficiales.
La petición del jefe de Estado se dio durante la presentación de un informe que la cartera de Defensa denominó “Aporte a la verdad” y que se entregó al Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad y la JEP. En la investigación académica se recopilan las vulneraciones que sufrieron los miembros de la fuerza pública y sus familias.
El informe entregado por el Gobierno recopila en 750 páginas que de las 9.7 millones de víctimas, 403.352 son integrantes de la fuerza pública –332.372 militares y 70.980 policías–.
La petición de Duque a la JEP se da una semana después de que ese tribunal de paz anunciara la apertura de tres macrocasos, uno de ellos dedicado específicamente a investigar las irregularidades cometidas por miembros de la fuerza pública.
Se trata del macro caso que investigará los crímenes de integrantes de la fuerza pública u otros agentes del Estado, terceros civiles o paramilitares. Las indagaciones de la JEP se centrarán en los delitos de violencia sexual, asesinatos, masacres, desapariciones, desplazamiento forzado y el despojo de tierras.
Al respecto, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que al Gobierno le preocupa que “después de cinco años del acuerdo de La Habana, y faltando 10 años de su implementación, los reflectores solo estén en la Fuerza Pública y no en los verdaderos victimarios”.