Colombia

Corte Constitucional ordena integrar a las parteras al Sistema de Seguridad Social

En una decisión histórica, el alto tribunal les ordenó al Ministerio de Salud y a las secretarías de Salud de Chocó y Valle del Cauca tomar medidas en favor de estas trabajadoras.

19 de mayo de 2022

Las parteras deberán incluirse en el Sistema General de Seguridad Social en Salud por una decisión de la Corte Constitucional, que le ordenó al Ministerio de Salud tomar todas las iniciativas que sean necesarias para hacerlo. Por su parte, el Congreso de la República deberá legislar sobre el tema.

La Sala Sexta de Revisión de la Corte estudió una tutela interpuesta por organizaciones de parteras ubicadas en Chocó y Valle del Cauca, quienes aparte de atender partos y acompañar a las mamás y cuidar a sus hijos cuando acaban de nacer, dan servicios de medicina ancestral, diagnostican y tratan enfermedades en las comunidades, usan plantas medicinales y medicina tradicional.

En abril de este año, una jueza de Bogotá admitió una acción de tutela que pedía que estas mujeres fueran incluidas en la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19, por formar parte de la primera línea de atención.

Esta acción fue intepuesta por las pretensiones de Parteras Unidas del Pacífico (Asoparupa), Red Interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (Asoredipar - Chocó), porque debido a su labor no recibieron implementos de protección personal igual que otros trabajadores de la salud en medio de la pandemia.

La Sala “encontró que el Ministerio de Salud vulneró los derechos fundamentales de las parteras accionantes al no priorizarlas en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 y al excluirlas del

reconocimiento económico otorgado por el Gobierno. Así mismo, las secretarías de Salud del Chocó y del Valle del Cauca también vulneraron sus derechos al no entregarles elementos de protección personal para evitar el contagio de este virus y no capacitarlas para su manejo”, señala el comunicado del alto tribunal.

La cartera tiene seis meses para darles el reconocimiento económico, así como para adelantar una campaña de información entre las personas pertenecientes a las agremiaciones que interpusieron esa acción.

Las secretarías de Salud de estos departamentos deberán practicarles pruebas diagnósticas de coronavirus a las pertenecientes a estas agremiaciones.