¿Otro globo? Petro propone un ‘fast track’ difícil de aterrizar

El escenario era propicio para lanzar la propuesta, pensaron sus asesores antes de que el presidente Gustavo Petro y su comitiva viajaran a Nueva York, sede del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por eso, el jueves pasado, tras 40 minutos de discurso –que no debían superar los 10 según protocolo– el mandatario sorprendió con un nuevo caballo de batalla (o de Troya, según sus opositores): impulsará en el Congreso un fast track con nueve puntos para agilizar la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en 2016.

“Un procedimiento de fast track nos llevaría a reducir los plazos del tiempo para cumplir con efectividad el Acuerdo de Paz firmado. Lo vamos a presentar a la sociedad colombiana y al Congreso, pero quisiéramos dejarlo aquí, refrendado ante ustedes”, dijo Petro en su intervención en la que repartió también culpas a los gobiernos Duque y Santos e hizo un recuento histórico del conflicto armado.

El término fast track, de origen anglosajón y utilizado en otras democracias para temas coyunturales, no es nuevo para el país. En 2016 y 2017 fue el mecanismo impulsado por el expresidente Santos y su entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, –nombrado hace unos días para el mismo cargo en este Gobierno– para introducir artículos transitorios a la Constitución y reducir tiempos de trámite en el Parlamento. Se nombró como “procedimiento legislativo especial para la paz” y en el acto legislativo quedó consignado que sería solo por seis meses con la posibilidad de prórroga de seis meses más.

Pero el contexto era muy diferente. Santos –quien sonaba para Nobel de Paz, como efectivamente pasó luego– agotó los restos de ‘mermelada’ de su segundo mandato con una coalición aún consolidada en el Congreso y una ciudadanía dividida por el plebiscito por la paz, pero con los medios, la academia y las altas cortes de su lado.

El argumento de ese Gobierno era que dada la coyuntura de firmar un acuerdo de esa magnitud era un mecanismo necesario para aprobar y agilizar su implementación. La Corte Constitucional, de todos modos, frenó la pretensión de que la votación fuera en bloque y reversó algunos puntos por considerar que estaban en contra de la Constitución.

EL COLOMBIANO habló con uno de los protagonistas de esa discusión, el expresidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, quien considera que “la propuesta del presidente es demasiado amplia, y no se ha hecho precisión ni en cuanto a la naturaleza del procedimiento que se emplearía, ni sobre los contenidos específicos que se considera necesario aprobar de manera expedita. De hecho, para darle vía libre a un nuevo fast track se requiere una reforma constitucional, que de ordinario toma un año en ser aprobada”.

Aun así, el presidente Petro, que lleva meses hablando de una eventual Asamblea Nacional Constituyente sin recibir mucho apoyo y a dos años de terminar su mandato, propuso acudir al fast track en el que no solo se incluyen asuntos relacionados con el Acuerdo.

Horas después del anuncio, el ministro Cristo salió a los medios y bautizó la propuesta como un “relanzamiento del Acuerdo de Paz”, pero dio a entender tácitamente que Petro no le comentó de la idea antes.

Para matizarlo, destacó que el mandatario, contrario a lo que anunció, no dijo que el Estado colombiano estaba incumpliendo el Acuerdo. Esto después de que el propio expresidente Santos se lo dijera en público y en privado y que exnegociadores y expertos señalaran que por lo menos el 70 % de la implementación es responsabilidad del Ejecutivo.

De hecho, el representante de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien exaltó algunos esfuerzos del Gobierno Petro, expresó también en el informe su preocupación por la situación de violencia e inseguridad.

“Me preocupa de manera particular la situación en el departamento del Cauca, en el cual se ha visto un recrudecimiento de las afectaciones a la población civil generadas por los actores armados. Deploro particularmente los atentados con explosivos que han llevado a la pérdida de vidas (...) las comunidades requieren de la implementación de garantías de seguridad previstas en el Acuerdo en un contexto de mayor presencia estatal”.

La respuesta del presidente Petro fue decir que en Colombia el conflicto armado estaba en “las mismas zonas de siempre” y se concentró en sacar su as bajo la manga del fast track.

Por eso, EL COLOMBIANO revisó punto por punto, consultó con expertos y congresistas para analizar la viabilidad y lo que hay detrás del nuevo debate que abre el Jefe de Estado.

En su discurso, antes de exponer los nueve puntos que llevará al Congreso, el presidente Petro no desaprovechó la oportunidad para relacionar y justificar el mentado acuerdo nacional que, por ahora, no tiene adeptos en la mayoría de sectores.

“El Acuerdo de Paz no produjo un acuerdo nacional, no fue posible hacer el pacto nacional del que habla y que se ha colocado ante ustedes como una declaración unilateral de Estado. Un compromiso de Colombia ante la humanidad”. Acto seguido, expuso en este orden los puntos del fast track.

Vigencias futuras

El jefe de Estado propuso la modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo para que “nos permita financiar la inclusión territorial al desarrollo (...) no podemos financiar la inclusión territorial, que es el eje central del Acuerdo de Paz. Esto implica un cambio de normas, que es lo que proponemos aquí, que en el plan de vigencia futura se incluya la financiación completa de la transformación del territorio”.

Esta propuesta, según expertos, tiene un elemento común que se repite en otros puntos y es que el Estado ya cuenta con instrumentos para invertir en infraestructura en los territorios. Varias de esas herramientas, de hecho, están consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el propio Acuerdo de Paz, como la apuesta de este Gobierno por mejorar las vías terciarias con placa huellas, por ejemplo.

La propuesta de modificar las vigencias que ya están comprometidas a 30 años, de ser aprobada, puede tener efectos para próximos gobiernos, pero en el actual las normas vigentes estarían dadas para concentrar esfuerzos en la implementación.

Zonas PDET

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) tienen como objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. Petro propone cambiar la distribución del sistema general de participaciones de tal forma “que permita erigir recursos a las zonas PDET para financiar sus proyectos de salud, educación y otros”.

Ya hay unos programas especiales de desarrollo territorial en esos municipios contemplados en el Acuerdo. Pero el mandatario acierta en que podrían priorizarse algunos recursos de inversión social, aunque sería una puerta abierta (legítima) para que se crearan programas en línea con su programa de Gobierno en materia de salud y educación –ambas reformas hundidas en el Congreso–. Sin embargo, esto pudo hacerse antes, al inicio del mandato con un contexto político y legislativo más favorable.

Excarcelar cultivadores

La tercera propuesta tiene que ver con excarcelar a más de 35.000 productores de hoja de coca, elemento que está incluido en el Acuerdo, pero no se implementó. “El conjunto de los presos tendría la mejor vida si liberáramos a los 35.000 campesinos presos por producir hoja de coca”, señaló el Jefe de Estado.

Según el penalista Iván Cancino, “los cultivadores de hoja de coca que son campesinos, que han vivido en zona de guerra, pueden hoy en día ser sujetos de principios de oportunidad si no están condenados y su proceso en curso. Si no están judicializados igual”, le dijo a este diario.

El abogado aclara que para quienes ya estén condenados “sería difícil una excarcelación por las vías actuales”.

Al respecto, el profesor Carlos Duarte, PhD. en sociología e investigador del Observatorio de Tierras de la Universidad Javeriana, considera que es “una propuesta necesaria. Se ha pasado varias veces el proyecto de ley. Ahora, el fast track no va a hacer que el Congreso esté a favor”.

Cambios al PNIS

El Jefe de Estado también propone cambios en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), creado en el Acuerdo. Lo llama un programa “neoliberal” y dice que “de 90.000 acuerdos con campesinos y sus familias, solo se han cumplido 96. Es un estruendoso fracaso que deriva de la forma como se hizo”.

Pero el mandatario no cuenta que en su propio Gobierno el balance ha sido negativo. Tanto, que tuvo que cambiar al director de ese programa hace unos meses, Felipe Tascón, porque varios congresistas advirtieron que en 2023 solo se habría ejecutado el 5 % del presupuesto.

Petro pretende que con los cambios al PNIS “en las zonas donde se produce la mayor parte de la cocaína del mundo, la que se vende en estas cuadras alrededor, podemos acabar en su mayor parte la oferta de cocaína para el mundo, porque los campesinos productores de hoja de coca quieren producir cacao y volverlo a chocolate (sic)”. Esta aseveración simplifica el negocio del narcotráfico y desconoce que hay cultivos de uso ilícito en otros países en aumento y que la violencia no obedece exclusivamente a ese negocio ilegal.

Por ejemplo, la minería ilegal hace parte de otra discusión. Este diario buscó a Gloria Miranda, actual directora del PNIS, para conocer su opinión pero no recibió respuesta.

Experta en el tema de política de drogas, PhD. en sociología y economía, Estefanía Ciro, le dijo a EL COLOMBIANO que “a pesar de que entendemos que en escenario diplomático, estas argumentaciones son importantes (’la paz de Colombia acaba la cocaína’ o ‘la paz de Colombia salva la selva’), la verdad es que lo que hace la paz en el país es la regulación legal y estricta de la cocaína y del cannabis, dos cambios hacia los cuales el Gobierno no ha dado pasos claros (...) esto es algo que debió hacer desde agosto de 2022”.

“Conversión hereditaria”

En línea con su propuesta medioambiental, el mandatario colombiano quiere incluir en el fast track la “creación de la figura de conversión hereditaria, familiar, en las zonas selváticas de Colombia”, pero no explica en detalle qué implicaciones tendría.

En su diagnóstico señala que “el conflicto armado colombiano atraviesa dos problemas contemporáneos: las drogas del mundo que consume el mundo y la crisis climática”. Ante esto, no hay un plan a corto y mediano plazo para que el Gobierno logre cumplir la rimbombante promesa de “hacer que ese campesinado productor de hoja de coca y esas formaciones armadas y esa sociedad allí puedan ayudar a que deje de ser productora de cocaína y pueda ayudar a que sea la que más absorba CO2 del mundo”, como lo señaló Petro.

Reforma agraria

Una de las promesas de campaña del presidente Petro fue materializar la reforma agraria. Esta, sin embargo, ya está consignada en el Acuerdo de Paz e incluye medidas como el catastro multipropósito que tiene distintos efectos.

El mandatario quiere ir más allá e insiste en “una reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa exprés de tierras”. Ese instrumento no necesariamente es una expropiación deliberada si se utiliza adecuadamente, sino que busca acortar caminos jurídicos que pueden tardar mucho más años.

No obstante, el profesor Duarte del Observatorio de Tierras considera que “para una reforma agraria lo que se necesita hoy en día en mayor operatividad” con lo que hay disponible.

Sistema único de justicia

Este punto es, sin duda, uno de los que afecta el corazón del Acuerdo de Paz, paradójicamente. Petro propone “un sistema único de verdad, justicia, reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto”. En apenas un par de líneas de discurso no se conoce cómo sería ese proceso, pero expertos vaticinan que generará gran debate en los próximos días. En primer lugar, porque el Acuerdo creó una jurisdicción que ya funciona: la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).

Aunque ha recibido distintas críticas por la falta de prontitud de sus fallos, la JEP es un tribunal de referencia que estudian investigadores y autoridades del mundo. Las altas cortes, en ese sentido, no le caminarían a la propuesta tal y como la presentó el mandatario.

Ampliar plazo

Antes de viajar a Nueva York, el canciller Luis Gilberto Murillo anunció que el gobierno colombiano iba a proponer al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas extender 15 años el plazo de implementación del Acuerdo firmado con las extintas Farc.

Pero luego del anuncio, tras consultas con actores clave de la propia ONU, decidieron que lo reducían a siete años. Algunos expertos creen que es una medida necesaria, que actualmente contaría con apoyo internacional y que debe ser aprovechada, sobre todo, para reducir el rezago de implementación de los gobiernos Duque y Petro, en los que los firmantes han denunciado falta de garantías. En lo corrido de 2024, según registros de Indepaz, han asesinado a 412 firmantes de paz.

Cambio de deuda

Finalmente, aunque no lo incluyó en el listado de puntos en su discurso, Petro insistió en su propuesta del cambio de deuda por acción climática. “Que el diferencial de dinero vaya hacia el Acuerdo de Paz”, aseguró.

Consultada por EL COLOMBIANO, Estefanía González, subdirectora de la organización Greenpeace Andino, explica que “esto es algo que se viene proponiendo desde hace unos años, impulsado en el contexto de las cumbres de cambio climático por países como Colombia y Argentina. En concreto, no se han visto avances significativos en la propuesta. Estamos en tiempos en los cuales necesitamos acción climática y de biodiversidad ya, y esta no puede esperar y depender de acciones que no están ocurriendo”.

¿Qué sigue?

Por lo pronto, el primer filtro de la propuesta de fast track será el Congreso. El ambiente, según consultó este diario, no es propicio. Entre otras, porque están pendientes el trámite de proyectos como la reforma laboral y el Gobierno volverá a presentar otras como la de educación.

“Hoy vuelve a ser clave el fast track después de la crisis en la implementación de todos los incumplimientos del gobierno de Iván Duque. Sería el acelerador que necesita el Acuerdo de Paz en este momento”, señaló a este diario la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro.

La oposición, en cambio, según el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático), ve que “el fast track es la justificación del discurso de la paz para incorporar las reformas que el Gobierno no ha logrado aprobar”.

Además de la falta de apoyo político, el trámite legislativo es engorroso y la revisión de las altas cortes un reto mayúsculo: “Se requiere una reforma constitucional que toma un año en ser aprobada. De este modo, no parece haber correspondencia entre la necesidad de darle impulso a la implementación de ciertos aspectos del Acuerdo, y la propuesta de acudir a un mecanismo cuya eventual puesta en marcha tomaría tanto tiempo”, explicó el exmagistrado Luis Guillermo Guerrero.

En cualquier caso, este es otro debate en el que el presidente mete al país y que es difícil de aterrizar, además que distrae la atención sobre escándalos de Gobierno y sirve de munición para justificar la repetida Constituyente.