“El embajador Murillo quería proponer conciliación con Thomas Greg”: José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería

La decisión de entregarle finalmente el contrato de pasaportes a la multinacional Thomas Greg & Sons no solo tomó por sorpresa al país, ya que este fue el principal motivo que llevó al canciller Álvaro Leyva a ser suspendido de su cargo durante tres meses por orden de la Procuraduría, sino que quien terminara dando el paso adelante en el proceso de adjudicación fue el entonces secretario general de este despacho, José Antonio Salazar.

Un camino que ya le costó su puesto dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, después de que el mismo presidente Gustavo Petro anunciara su salida del cargo a través de la red social X, mientras le insinuaba al país que Salazar habría “traicionado” al Gobierno porque no consultó con él ni con ningún funcionario de esa cartera la decisión que tomaría este lunes 26 de febrero.

En entrevista para Blu Radio, Salazar señaló que tomó la determinación de entregar el contrato a Thomas para evitarle “un dolor de cabeza mayor” al canciller Álvaro Leyva, y al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, quien se encuentra en estos momentos al frente de este despacho, justificación a la que también se suma el argumento que compartió el secretario con EL COLOMBIANO horas después de que se conociera la noticia.

Según le dijo Salazar a este medio, tuvo la osadía de no consultar si debería o no adjudicar el contrato a dicha multinacional, porque “la Constitución y la Ley deben cumplirse por encima de cualquier instrucción de carácter administrativo”, por eso no le preocupa la reacción del presidente, porque está seguro que actuó conforme a la ley.

Sin embargo, estos no fueron los únicos motivos que lo llevaron a concluir que lo mejor que podría hacer desde su cargo sería continuar con el proceso de contratación de los pasaportes, como ya se venía dando desde el año pasado cuando la multinacional se ganó el contrato, un proceso que se frustró más tarde por el canciller Leyva cuando declaró desierta la convocatoria para después declarar un estado de emergencia.

Salazar aseguró a Blu Radio que, en cuanto Murillo asumió su cargo como ministro encargado, le manifestó que fuera él quien se hiciera cargo de este asunto y eso impulsó aún más a firmar las tres resoluciones que hoy le están dando un giro a este caso.

“Con la llegada del embajador Murillo en el encargo, yo pude percibir que el propósito de él era proponerle al señor presidente la conciliación del tema, como venía siendo recomendado. Entonces, me formé desde ese momento cuando él me manifestó eso, que el problema no se iba a resolver nunca. Dije: el embajador Murillo vino a quedarse y yo me voy a ir y, pensé, dejándole al país, al ministerio y al mismo canciller una cantidad de problemas (...) Tenía que resolverlo”, explicó.

También le reveló al medio citado que al parecer la intención de Murillo como canciller encargado era la de proponerle al presidente que lo mejor era conciliar con Thomas Greg & Sons, información que conoció “brevemente” el pasado 22 de febrero, a través de una conversación exprés. Así como también confesó que tras la llegada de este al Ministerio, lo primero que hizo fue empezar a pedirle la renuncia a varios de los funcionarios que allí trabajaban, por lo que creyó que en algún momento le pediría la suya.

“Y yo dije, si él llega en encargo y empieza a pedir la renuncia de personas muy cercanas al doctor Leyva, es porque primero, él está pensando en que se va a quedar, y segundo, ahí sigo yo, y no me voy a ir dejando esta mano de problemas. Entonces me dediqué a trabajar como era mi deber de ciudadano”, señaló Salazar.

Frente a la pregunta de por qué no espero a que el canciller (e) Luis Gilberto Murillo hablara primero con el presidente Petro, como este le manifestó la semana pasada, dijo que como él ya conoce muy bien cuáles son las posturas de todas las partes frente al proceso de contratación de los pasaportes, “estaba totalmente seguro de que el presidente no le iba a aceptar esa solución, perdonen que hable con esa franqueza, pero esa fue mi percepción, y ese fue el convencimiento que tuve, y eso me obligó a cumplir rápidamente con el deber que la ley me impone”.

Otro de los argumentos que presentó el exsecretario de la Cancillería es que con su decisión lo que buscó fue “salvarla de un evidente detrimento patrimonial, de resolverle al canciller Murillo un problema que se le va a venir encima, de resolverle al doctor Álvaro Leyva la cantidad de problemas que tiene”.

Además, según le dijo también a Blu Radio, mientras estuvo el hoy suspendido canciller al frente del ministerio, a él como secretario le impidieron tomar decisiones como esas y fue solo hasta que llegó la nueva persona encargada que nuevamente fue facultado para interferir en el proceso, a través de la Resolución 1344 de 2024, expedida la semana pasada.

“Me la devuelve el doctor Murillo, y me la devuelve ampliada (...) y yo supongo que el ministro Murillo no quería meterse en ese problema, que es un problema muy grande (...) el caso es que él me entregó esas competencias yo vi eso como una posibilidad para resolverle al país, al ministerio, al ministro suspendido, y si no era sino dictar las resoluciones para cumplir con el deber, procedí a estudiarlas y dictarlas”, apuntó.

Para finalmente concluir que era muy consciente de los problemas que le acarrearía esta decisión, pero “entiendo que teniendo las competencias, la ley el deber le imponen a uno (...) y no podía consultar porque sabía que se me entorpecía la decisión, de que me iban a hacer recomendaciones distintas, de que no iba a encontrar una solución definitiva como la que había que dar, entonces decidí asumir la responsabilidad.

Así las cosas, según explicó el saliente secretario de la Cancillería, frente a la demanda interpuesta por Thomas Greg & Sons contra el Estado ante la anulación del contrato para la fabricación de pasaportes, ahora el Tribunal Administrativo tomará decisiones sobre el acto administrativo “que deroga al demandado para que el tribunal ponga fin al proceso, y entonces ese proceso ya con esto (la firma de las resoluciones) decae totalmente porque no puede el tribunal entrar a estudiar un acto administrativo que ya fue revocado directamente por la misma Administración Pública”.