Nueve exfuncionarios de la ANI acusados por corrupción a favor de la empresa Odebrecht
Las irregularidades, según la Fiscalía, se presentaron en el contrato del proyecto Ruta del Sol II.
Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.
Nueve antiguos empleados de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) fueron acusados formalmente por la Fiscalía, por su presunta participación en una red de corrupción ligada al proyecto vial de la Ruta del Sol II, que terminó beneficiando a la polémica empresa concesionaria Odebrecht.
De acuerdo con el reporte del ente acusador, publicado en la mañana de este viernes, la acusación es por el delito de interés indebido en la celebración de contratos y los afectados con la decisión son: Andrés Figueredo Serpa, exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno; Daniel Tenjo Suárez, exgerente de Proyectos Carreteros; Emerson Durán Vargas, exgerente financiero; Jorge Huertas Luna, experto de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno; Iván Mauricio Fierro Sánchez, exvicepresidente de Estructuración (e); Francisco Javier Forero Lozano, exasesor financiero; Yasmina del Carmen Corrales Paternina, experta de gestión contractual; David Leonardo Montaño García, profesional experto; y Mauricio Orlando Castro Castaño, exgerente de Riesgos.
A juicio de la Fiscalía, las irregularidades contractuales se presentaron en la firma de seis otrosíes al contrato original de concesión del proyecto (contrato 01 de 2010), cuyo propósito era conectar por tierra a Cundinamarca y Cesar.
En detalle, la situación empezó con el “Otrosí 4, firmado el 28 octubre de 2013, el cual modificó las condiciones financieras y plazos de ejecución de varios tramos del proyecto, lo que representó el no cobro de multas al contratista, por concepto de procesos sancionatorios”, reportó la Fiscalía.
Luego vinieron los “Otrosí 5 y 8, suscritos el 19 diciembre de 2013 y 23 diciembre de 2014 respectivamente. Estas adiciones permitieron incluir en el contrato original la ejecución de un corredor de acceso a Puerto Boyacá (Boyacá), que no estaba proyectado, sin la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), y sin actualización del proyecto en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión (BPIN)”.
Después se firmó el “Otrosí 7, suscrito el 15 de mayo de 2014, el cual modificó la forma de pago, mejorando el flujo de caja del concesionario, privando al Estado de percibir rendimientos financieros”, así como el “Otrosí 9, suscrito el 4 de diciembre de 2015, que modificó nuevamente la fórmula de pago y reconoció los puentes como estructuras independientes contrario a lo pactado, privando al Estado de percibir rendimientos a su favor”.
El último fue el “Otrosí 10, celebrado el 3 noviembre de 2016, que eliminó la adecuación de senderos peatonales y la rehabilitación de la calzada existente en un tramo entre Puerto Salgar y Caño Alegre (Cundinamarca). Por no realizar esta obra se descontó al concesionario $19.976 millones de pesos; sin embargo, se constató que la suma real del descuento debía ascender a $65.395 millones”.
En cuanto a los exfuncionarios implicados, el ente acusador señaló que, presuntamente, elaboraron estudios y actas, firmaron documentos y aprobaron los otrosíes, en beneficio del concesionario brasilero Odebretch y en detrimento del patrimonio del Estado. A la fecha, todos ellos se han declarado inocentes, negando la acusación.