Los 24 militares implicados en la masacre de Alto Remanso no aceptaron cargos
La aparente operación militar pretendía dar con la captura de alias Bruno, un disidente de las Farc. Sin embargo, los oficiales se quitaron las prendas distintivas y lanzaron 1.600 disparos contra la comunidad.
Cazador de historias. Futbolista frustrado: me tocó gambetear con las palabras.
Los habitantes de Puerto Leguízamo (Putumayo) encontraron el primer atisbo de justicia tras dos años de la masacre que dejó 11 civiles muertos en el cacerío de Alto Remanso. Este viernes se conoció la imputación de 24 miembros del Ejército que estarían involucrados en la acción criminal.
Los uniformados deberán quedaron vinculados a un proceso que los llevará a juicio por los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegido tentado. Ninguno de los involucrados aceptó los cargos.
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La operación militar –que terminó convertida en una masacre de varios civiles– ocurrió el 28 de marzo de 2022. Hasta el caserío Alto Remanso llegó el Batallón contra el Narcotráfico N°3. La acción oficial pretendía dar con la captura de alias Bruno, un disidente de los denominados Comandos de Frontera.
“Luego de varias horas de observación, y con pleno conocimiento de que ‘Bruno’ no estaba en la zona, unidades del Batallón contra el Narcotráfico y del Pelotón de Reconocimiento Táctico N°3, portando prendas oscuras, distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional, accionaron sus armas de dotación contra el caserío Alto Remanso”, se lee en la acusación de la Fiscalía.
La comunidad estaba desarmada y no participaba de ninguna acción delictiva. Por el contrario, estaban reunidos en la caseta principal porque los había convocado un bazar comunitario que pretendía recolectar fondos para arreglar los caminos veredales.
Los testigos alcanzaron a relatar que los militares dispararon de manera indiscriminada. El recuento forence indica que esa tarde se escucharon 1.600 disparos y se lanzaron varias granadas de 40 milímetros y de fragmentación.
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Después del silencio de los fusiles, los militares –todavía sin dientificar– ingresaron a la comunidad y apuntaron con sus armas a mujeres y niños que les reclamaban por el atropello. Ese hecho quedó registrado en video.
Durante la incursión de los militares murió el gobernador Indígena, Pablo Panduro Coquinche, el presidente de la Junta de Acción Comunal, Didier Hernández Rojas, Ana María Sarrias, Brayan Santiago Pama, Rubén Peña, Óscar Oliva, Luis Alfonso Guerrero, John Jairo Silva, Enuar Ojeda, Antonio Peña y Alexánder Peña. Todos estaban en estado de indefensión.
Cinco civiles más resultaron heridos, entre ellos una menor que estaba embarazada y que dormía en su vivienda.
Desde que ocurrió la masacre las víctimas han pedido celeridad de la justicia. Sin embargo, el caso tuvo una talanquera mientras la Corte Constitucional definía si los implicado eran juzgados por la Justicia Penal Militar o la Justicia Ordinaria, se decantó por la última en abril pasado.
Entre los vinculados a este caso se encuentran el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, los sargentos segundo Cristian Gabriel Perez Galindo y Maicol Andrés Quiñones Mendoza, los cabos primero Wilber Leonardo Rodríguez y Wilson Andrés Santamaría Ramos, y 17 soldados profesionales.