Procuraduría exige explicaciones al ICBF por retrasos en programa de primera infancia para la comunidad wayuú
La Procuraduría alertó por la tardanza en el inicio de la ejecución de contratos para dar cobertura a través del programa primera infancia a las comunidades wayuú.
El departamento de La Guajira es epicentro de un sinfín de problemáticas sociales en Colombia. Padece la falta de agua en un territorio árido, los gobernantes saquean sus recursos y ralentiza la llegada de ayudas. Pero además, padecen la inoperancia de las instituciones del Estado que deberían propender el restablecimiento continuo de los derechos de los habitantes de este territorio colombiano.
Meses atrás, el país entero expresó su indignación porque desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo se robaron miles de millones de pesos a través de la compra de carrotanques que debían llevar agua a La Guajira. Los carrotanques nunca fueron usados y pasados varios meses, están a punto de oxidarse toda vez que están al sol y al agua.
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A lo anterior se suma la reciente advertencia de la Procuraduría General, según la cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), no ha llevado a cabo la suscripción e inicio de la ejecución de contratos para dar cobertura a través del programa primera infancia a las comunidades wayuú.
En este casom el organismo de control encontró deficiencias en los procesos de selección de los operadores y evidenció que el cambio de modelo para la atención integral de los wayuú en los municipios priorizados de Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure ha ralentizado la contratación en la modalidad propia e intercultural con componente alimenticio de por lo menos 80 mil familias.
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Otro de los tropiezos que ha encontrado el Ministerio Público, es que no hay un censo claro que permita determinar con certeza a cuántas comunidades, familias e individuos se les proporciona la atención.
“Se han evidenciado situaciones que deben ser objeto de análisis y revisión como los requisitos para los oferentes, la selección objetiva, los criterios aplicados y la implementación de invitaciones cerradas para la escogencia de los operadores”, dice el organismo.
Más grave aún es que pese a la Sentencia T-302 de 2017, que declara el estado de cosas inconstitucionales frente a la comunidad wayuú, en La Guajira, los incumplimientos y abandono por parte del Gobierno Nacional se siguen dando en materia de salud y educación.
“Queriendo evitar que la comunidad wayuú quede desprotegida, el despacho de la procuradora Hernández citó para el próximo 20 de junio a la directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, para que informe sobre los planes adoptados para conjurar la problemática presentada”, concluye la Procuraduría.