El debate en torno a la jornada de paro nacional
El Gobierno dice que respeta la protesta y habla de resultados. Indígenas, educadores y sindicatos salen hoy a las calles.
Periodista de la Universidad del Quindío. De Calarcá.
Proteger la vida, a propósito de las 68 masacres que según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) se han registrado este año en Colombia; exigir el cumplimiento de acuerdos alcanzados en el sector educativo y que haya un diálogo directo con el presidente Iván Duque son, entre otras, las razones por las que hoy, en el país, la protesta social vuelve a ser protagonista.
Sin embargo, el Gobierno sale de inmediato al paso y asegura que ha cumplido en todos los frentes. De las masacres, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, destacó que se creó una unidad especial para ubicar e identificar a los perpetradores de “homicidios colectivos”, liderada por el subdirector de la Dijín de la Policía, el coronel Gelber Hernando Cortés.
En cuanto a los maestros, el Ministerio de Eduación destacó que hay avances y que las mesas de trabajo se mantienen. Lo mismo con los indígenas. Incluso, una delegación del gobierno viajó al Cauca, aunque los indígenas requerían hablar con Duque, por lo que finalmente viajaron hasta Bogotá.
Las marchas
Tal cual lo fue en marzo y septiembre, y en las movilizaciones de noviembre de 2019, Bogotá será el epicentro, pero la movilización también se sentirá principalmente en las ciudades capitales, como sucedió ayer en Medellín y el Valle de Aburrá, con dos caravanas de docentes vinculados a Fecode.
Hay que resaltar que ayer, respondiendo a la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el gobierno presentó el protocolo de cómo operará la fuerza pública en las movilizaciones. Puntualmente, el documento señala que “la Policía intervendrá guardando la proporcionalidad del uso de la fuerza y ante la absoluta necesidad por la gravedad de la situación como por la intensidad y peligrosidad de la amenaza”.
Dándole una mirada a las marchas y protestas desde la sociedad, el doctor en Sociología y docente de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, se vuelven reiterativas, ya que “en la mayoría de los casos no ha habido una respuesta efectiva de parte de los distintos gobiernos, en buena medida porque los compromisos que se adquieren suelen ser de gobiernos y no del Estado”.
Dicen los educadores
Este fue el sector que convocó, hace tres semanas, a un cese de actividades de 48 horas que empezó ayer y que tuvo inicialmente jornadas de movilización en vehículos para rechazar la alternancia educativa en medio de la pandemia y exigir que se cumplan los acuerdos alcanzados en mayo del año pasado, que pasan desde la nivelación salarial hasta una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP).
Ómar Arango, miembro del Comité Ejecutivo de Fecode, explicó hoy habrá movilizaciones para “exigir el cumplimiento de los acuerdos”, que pasan por mejorar los presupuestos destinados para salud y educación, aunque no habló de los montos requeridos. Y agregó: “Rechazamos la alternancia, porque puede generar contagios”.
La ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que los acuerdos se han ido cumpliendo con la aprobación de un aumento salarial de cuatro puntos porcentuales adicional al incremento general. “En 2018 fue del 6 %, en 2019 del 11 % y en 2020 del 15 %, al cumplir un año continuo” y recordó que “se mantiene el compromiso y la disposición para seguir trabajando con la Federación para el cumplimiento efectivo de cada uno de los compromisos adquiridos”.
¿Y los indígenas?
Desde el fin de semana pasado llegaron a Bogotá alrededor de ocho mil indígenas, en aras de dialogar con el presidente, misión que no se ha logrado. Ayer el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, viajó a Cauca para reunirse con el Concejo Regional Indígena del Cauca y nueve asociaciones indígenas.
Señaló que “sabemos que hay un movimiento en Bogotá, pero por respeto a las autoridades y a los gobernantes, iniciamos esta agenda a la cual nos comprometimos”, según él, desde el 5 de octubre, a través del Plan Social del Cauca.
La Organización Nacional Indígena (Onic), rechazó las amenazas contra la vida y “nuestros procesos organizativos”, y exigió que la Fiscalía lleve a cabo las investigaciones y la Procuraduría mantenga el acompañamiento y las “acciones frente a los hechos”.
Finalmente aparecen las aglomeraciones. En este punto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, ha sido insistente en que no es recomendable hacer parte de estas, pues el contagio del coronavirus se puede dar con mayor facilidad.
La preocupación se da porque Bogotá, Barranquilla y Medellín están empezando a vivir una segunda ola de contagios.