La estrategia a dos bandas del Gobierno con Thomas Greg and Sons por los pasaportes: la busca para asesoría pero la enfrenta en tribunales

El pleito con Thomas Greg and Sons está lejos de terminar, pese a que en las últimas semanas hubo toda una estrategia de reuniones para conseguir que la empresa de los hermanos Bautista se quedara con la impresión de los pasaportes por los próximos 11 meses. Y es que mientras se salían del problema, el Gobierno definía cuáles serán los caminos frente a la demanda que presentaron contra la Cancillería por la fallida adjudicación del contrato para los próximos cinco años por casi medio billón de pesos.

Tal como lo había contado EL COLOMBIANO, la decisión de la Cancillería fue lograr un acuerdo amigable para que Thomas Greg and Sons se quedara imprimiendo los documentos y asesorando al Gobierno en la consecución de la tecnología y la cadena de procesos que involucra expedir los pasaportes. Eso se logró la semana pasada, aunque la pregunta sigue siendo cuánto le pagará el Gobierno a la empresa colombiana por los 11 meses en los que estará al frente de esa logística. Este periódico elevó esa inquietud al Ministerio y a los representantes de la compañía pero todavía no hay una respuesta clara.

Eso es clave porque uno de los argumentos de las empresas que se opusieron a Thomas Greg en la licitación del 2023 y en la del 2019 es que el precio que le cobra la empresa ganadora del contrato desde hace casi dos décadas al Estado es demasiado alto. Otras compañías como Accesos Holográficos, que hoy tiene los contratos para las cédulas de extranjería con la Imprenta Nacional, también aseguraron en los comentarios a la adjudicación que los pasaportes tienen una desactualización tecnológica con sus pares en el mundo, por lo menos desde 2015.

“Hemos considerado que la posición procesal de la Agencia es la de oponerse a las pretensiones de la demanda. Esa oposición consiste en defender la legalidad de la resolución que declaró desierto el proceso. Se hicieron los prepliegos y el pleito definitivo, y cuando llegó la hora de definir si se adjudicaba o no se adjudicaba el ministro de entonces encontró graves deficiencias en condiciones de igualdad, transparencia y libre competencia (...) hubo barreras artificiales que impedían que las empresas interesadas en el proceso pudieran participar”, dijo César Palomino el director de la Agencia Jurídica.

¿Qué viene entonces?

Lo que viene es un juego a dos bandas, como dicen en el billar. El problema en la teoría de defensa del Gobierno es que el ex secretario general de la Cancillería, Juan José Salazar, firmó la adjudicación una vez se retiró de su cargo por orden de la Procuraduría el exministro Álvaro Leyva, y, una vez firmada la adjudicación -que nadie se esperaba en su momento- parece poco claro que el Gobierno pueda argumentar jurídicamente que ese proceso se declaró desierto.

Salazar dijo que sus jefes en la entidad sabían que él estaba de acuerdo con adjudicar y lo mantuvieron en su cargo. “Yo se lo dije, le dije que lo mejor era aceptar las recomendaciones del comité”, aseguró sobre comentarios que le habría hecho a Murillo en el empalme del cargo. Y luego agregó: “El presidente no puede estar por encima de la Constitución y la ley, pero el tiempo le demostrará que yo soy un hombre leal”. Si la Agencia Jurídica pierde la demanda el Estado tendría que pagar una suma de alrededor de 117.000 millones de pesos que son las pretensiones de Thomas Greg por los daños causados tras no adjudicar el contrato superior a 400.000 millones.

Mientras que la Agencia de defensa jurídica y los abogados de Thomas Greg se enfrentan en los tribunales administrativos, al mismo tiempo la empresa asesora al Gobierno sobre cómo hacer bien los pasaportes. Varios abogados consultados por EL COLOMBIANO aseguran que esa controversia jurídica con ambiciones de una altísima reclamación monetaria haría inviable que el Gobierno pudiera darle una figura de asesor a la misma compañía por un conflicto de intereses evidente.

En el proceso de la impresión de pasaportes está claro que el Gobierno trabajará con el Gobierno de Portugal y la Casa de la Moneda, que fue la entidad que la firma Cadena usó en 2019 para competir contra Thomas Greg perdiendo entonces ese contrato. Por lo que todavía no se sabe si Cadena tendría alguna intermediación en el contrato del próximo año.

El propio Murillo dijo en los últimos días que el tiempo para que la Imprenta Nacional pueda encargarse de manera autónoma de la expedición de los pasaportes podría ser de 10 años o más. En el proceso de la realización de pasaportes participan unas empresas contadas que se encargan cada una de una parte del documento por tratarse de una impresión de seguridad. Hay sellos holográficos, hilos de metal, micro chips para tener información electrónica y una compleja cadena de producción para manejar los datos y las patentes de los símbolos nacionales como el escudo y el nombre de la República de Colombia. Además, este proceso está certificado por autoridades internacionales

Con eso, el Gobierno parece interesado en que no haya problemas en la entrega de los documentos y el agendamiento de citas, algo que también le costaría políticamente a Petro en un momento de cifras bajas de popularidad según la mayoría de las encuestas. Pero el presidente también ha demostrado que no está dispuesto a ceder frente a Thomas Greg. La batalla judicial que se viene es hasta ahora el inicio de un enfrentamiento que podría ser una multimillonaria pérdida para el Estado o para la compañía privada de los Bautista.