“A mi mamá la torturaron y la asesinaron”: la historia de los 60 líderes ambientales asesinados en 2022
El año pasado fueron asesinados 60 líderes, siendo Colombia el país más peligroso del mundo para ellos.
Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.
“A mí mamá la torturaron, la asesinaron y la desaparecieron. Sufrió los cinco días porque cuando la arrojaron al río aún estaba agonizando (...) Murió ahogada después de mucho dolor”, contó su hija, Juliana Agudelo, una mujer que se ha encargado de seguir el legado de su madre y de buscar justicia desde aquel 12 de enero de 2022 en que se apagó la lucha de Luz Marina.
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Como ella, el país perdió a otros 59 líderes ambientales durante el año pasado, una cifra que le dio a Colombia el penoso lugar de la nación más peligrosa del mundo para defender el medio ambiente.
El resultado del ranquin de la ONG Global Witness es tan contundente, que Colombia supera por mucho a países tan grandes como Brasil y México, que ocuparon el segundo y tercer lugar del listado respectivamente.
Según las mediciones del Informe Anual de Defensores del Medio Ambiente 2022, Colombia casi que duplicó su cifra de 2021, cuando reportó 33 líderes ambientales asesinados. Para el año pasado, Brasil también elevó un poco sus pérdidas, pasando de 26 a 32 líderes asesinados; y México reportó una leve mejoría, bajando de 54 líderes en 2021 a 31 en 2022.
Pero, aún con esas mejoras y crisis, estos tres países se han mantenido en los primeros puestos de violencia durante los últimos tres años.
“Más del 70% de los casos –125 asesinatos de un total de 177– ocurrieron en sólo tres países: Colombia, Brasil y México. Son naciones con antecedentes históricos y con contextos sociales y políticos muy diferentes; sin embargo, tienen algo en común: sus gobiernos han fracasado sistemáticamente en detener estos asesinatos y hacer que los responsables rindan cuentas”, aseveró la ONG internacional.
Y no miente. En Colombia la justicia actúa lento comparada con la rapidez de los fusiles.
“Para el caso de mi mamá ya capturaron a los dos presuntos responsables materiales, pero no hay ni rastros del autor intelectual que sabemos quién es (...) la Fiscalía ha sido muy lenta, se tardaron más de 8 meses en revisar unas cámaras de seguridad y cuando llegaron las cámaras ya se habían reseteado porque habían pasado muchos meses. ¿Por qué tanto tiempo para revisar las cámaras de la ferretería en la que torturaron a mi mamá?”, se pregunta Juliana.
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Según su testimonio, el supuesto hombre que ordenó la muerte de Luz Marina Arteaga “fue el alcalde municipal, Monchy Yobany Moreno”, un hombre que estuvo muy presionado por la revocatoria del mandato que Arteaga lideraba en su contra por presuntos líos de corrupción. Sobre esa denuncia puntual, la Fiscalía no se ha pronunciado para verificar o desmentir los hechos.
Pero, de hecho, el caso de la líder del Casanare ha caminado mucho más rápido que el de casi todos los demás en Colombia.
Según un estudio de la ONG Somos Defensores –basado en datos de la Fiscalía obtenidos mediante un derecho de petición– de los 1.333 casos consultados, solo 75 reportaban sentencias, lo que representa un doloroso 5,6% de los casos resueltos. “Esta impunidad sienta un precedente fatal”, reprochó Global Witness.
Otros de los casos que más conmovieron al país el año pasado tuvieron que ver con el asesinato de Teófilo Acuña y Jorge Tafur, dos líderes ambientales y campesinos que fueron asesinados en el mismo sitio y frente a miembros de su familia. Aquel 23 de febrero el sonido de múltiples disparos en el municipio de San Martín, Cesar, anunció lo que sus familias habían venido escuchando por meses: que a ambos líderes los iban a matar por meterse con poderosos y terratenientes que no estaban dispuestos a devolver sus tierras.
En estos tres casos –los de Arteaga, Acuña y Tafur– la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y hasta la Organización para las Naciones Unidas, ONU, han puesto todo su empeño y han pedido que se haga justicia lo más pronto posible para capturar a los responsables de asesinar a quienes defienden el territorio.
Por esa atención que ha puesto el país tras sus muertes, las autoridades también capturaron al presunto homicida de Teófilo y Jorge.
“Ambos habían denunciado amenazas sólo unos días antes de su muerte (...) Aquellos que eligen apoyar a las comunidades locales e indígenas también pueden convertirse en blanco de criminalización”, dijo la ONG sobre la muerte de esos dos líderes del Cesar.
Pero, en medio de ese fuego cruzado contra los líderes, también sufren otra cantidad de civiles y comunidades que no solo quedan desprotegidas, sino que son alcanzadas por las balas. Tal como lo denunció el informe anual: “al menos cinco niños fueron asesinados el año pasado: tres en Brasil, uno en Colombia y uno en México. Tres de ellos eran indígenas, como el caso de Jonatas Oliveira, de nueve años, hijo de un líder rural en Brasil”.
Con todo esto, a Juliana le gusta repetir una frase que decía su mamá: “la justicia que tarda es injusta”, dice, mientras pide que el caso de Luz Marina Arteaga y el de todos los demás líderes sociales y ambientales del país se solucione cuanto antes para que los responsables paguen.
“En nombre de la memoria de mi mamá hago un llamado a cobijar a nuestros líderes, a protegerlos. No solo se pierden sus vidas, también se va su trabajo y su liderazgo (...) justicia es lo que queremos, lo que pedimos”, concluyó Agudelo.
Tres de los líderes sociales asesinados
Luz Marina Arteaga
Médica de la UdeA y defensora
Artega era líder ambiental y reclamante de tierras en Orocué, Casanare. En ese municipio lideraba la revocatoria contra el alcalde municipal. Fue asesinada el 17 de enero y su caso es seguido por la Fiscalía y la ONU.
Teófilo Acuña
Dirigente campesino del César
Acuña era vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y Sur del Cesar y se enfrentó a terratenientes del Magdalena Medio por ayudar a otros campesinos a reclamar tierras. Fue asesinado el 22 de febrero.
Jorge Tafur
Miembro del Coordinador Agrario
Tafur fue sindicalista, participó en las luchas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y fue elegido miembro del Coordinador Nacional Agrario. Fue asesinado frente a su familia el 22 de febrero.