“Márquez”, el sanguinario al que el país le da una sexta oportunidad
El jefe de la Segunda Marquetalia inauguró el primer ciclo de diálogos con el gobierno de Gustavo Petro.
Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.
La vida en la Inspección de Puerto Toledo, un sencillo caserío del municipio de Puerto Rico (Meta), se detuvo a las 5:00 de la tarde del 20 de febrero de 2005. Una explosión hizo temblar la tierra, elevó pedazos de casas y de gente, y les arrebató la existencia a dos niños, un adulto y tres militares; también dejó 19 personas heridas, graves destrozos materiales y una población aterrorizada.
El centro del estallido fue el Hotel Acapulco, un edificio que habían comprado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para preñarlo de dinamita y detonarla al paso de un pelotón del Ejército.
El macabro plan fue aprobado por el Secretariado, la cúpula de la organización, que sumaba entre sus integrantes a Luciano Marín Arango, apodado “Iván Márquez”.
Por ese crimen del hotel-bomba, en 2009 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio lo condenó a 57 años de cárcel, junto a otros camaradas del Secretariado, como “Timochenko”, “Alfonso Cano” y el “Mono Jojoy”.
EL COLOMBIANO consultó el récord criminal del comandante subversivo. Si se sumaran todas sus condenas, estaría cuatro siglos y seis años en la cárcel.
La lista incluye una sentencia a 40 años por una escalada terrorista de tres días en 1995, que dejó cinco policías y un civil muertos en varios poblados de Cundinamarca; y otros 40 años por la masacre de cinco militares en el municipio de La Uribe, Meta, en 1997.
Por la toma guerrillera del municipio de Miraflores, Guaviare, en 1998, que dejó 19 muertos, además de 75 militares y 54 policías secuestrados, lo condenaron a otras cuatro décadas a la sombra.
Registra 40 años de prisión por la toma al municipio de Puerto Lleras, Meta, en 1999, donde los guerrilleros mataron a 10 civiles y 11 policías, y raptaron a 28 uniformados.
Una más de 40 años por la toma armada de Mitú (Vaupés) en 1998, con 43 muertos y 61 policías secuestrados; y 34 años por la toma de Gigante, Huila, en 1999, con tres muertos y un cautivo.
El listado continúa con 40 años por la masacre de siete personas en Puerto Rico, Caquetá, en 2000 (previa al caso del hotel-bomba); una de las víctimas fue el congresista Diego Turbay Cote, según el dosier judicial.
Está condenado a 40 años por la masacre de 22 personas en Tierralta, Córdoba, en 2001; y a 10 años y 11 meses por un episodio de tentativa de terrorismo, por una volqueta llena de explosivos que no alcanzó a estallar en Vistahermosa, Meta, en el 2002.
Los horrores ordenados por “Iván Márquez” y su corte le generaron otra sentencia de 25 años de cárcel por el asesinato de monseñor Isaías Duarte Cancino en 2002, en Cali.
A estas condenas se suman 80 órdenes de captura por terrorismo, narcotráfico, secuestro, homicidio, extorsión, reclutamiento forzado, tráfico de armas, concierto para delinquir, rebelión, desplazamiento forzado, uso ilegal de insignias y uniformes; al igual que una Circular Roja de Interpol y una solicitud de extradición a Estados Unidos.
Los crímenes auspiciados por “Iván Márquez” han llenado de dolor a Colombia por cuatro décadas, y aún así, el Estado le ha dado seis oportunidades de sentarse a una mesa de paz.
Esta semana, comandando las huestes de la Segunda Marquetalia, dio otro discurso de reconciliación nacional en Caracas, Venezuela, como los otros que ya dio en el pasado, y que luego pisoteó volviendo a las armas.
Ahora en el gobierno de Gustavo Petro tiene otra ocasión de negociar un desarme que no le permita pagar sus condenas. Pero, ¿lo cumplirá?
Política insurgente
Luciano Marín nació hace 69 años en Florencia, Caquetá. Se enroló en el movimiento Juventud Comunista Colombiana (Juco), fue docente de un colegio en el municipio de El Doncello y estudió Derecho en la Unión Soviética, en plena Guerra Fría de esa nación contra Estados Unidos.
Fue así como estableció los contactos con las Farc, que ejercían un amplio dominio en su natal Caquetá.
Su padrino en la guerrilla fue Luis Alberto Morantes Jaimes (“Jacobo Arenas”), quien desde su ingreso se esmeró por instruirlo como ideólogo.
Ingresó al frente 14 y luego al 5°, donde empezó a liderar a la tropa. De la mano de “Jacobo Arenas” fue ascendiendo, hasta llegar a la jefatura del bloque Caribe de las Farc.
Por su adoctrinamiento y fluidez de discurso, ganó relevancia en los procesos de paz que los gobiernos colombianos intentaron concretar con ese grupo.
Participó en los Acuerdos de La Uribe (Meta) en 1984, en el mandato de Belisario Betancur, que derivaron en la desmovilización de varios frentes y la conformación del partido Unión Patriótica.
Bajo ese movimiento, Marín fue concejal en El Doncello y representante a la Cámara por Caquetá (1986), pero el exterminio que sufrió esa agrupación, a manos de guerrillas, paramilitares y agentes estatales, provocó su regreso a la subversión.
En 1990 murió de un infarto su mentor, “Jacobo Arenas”, e “Iván Márquez” ingresó al Secretariado, donde el país conocería su lado más sanguinario, orquestando atentados terroristas, secuestros y tomas guerrilleras a granel.
Al mismo tiempo, Marín y sus camaradas se concentraron en conservar el perfil político de las Farc, para enmascarar sus crímenes bajo la frazada de lucha revolucionaria.
De acuerdo con investigadores veteranos, fortalecieron la Comisión Internacional (Comínter) para afianzar sus relaciones con movimientos de izquierda en Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Honduras, Panamá, Bolivia, España, Suecia y Noruega.
En el gobierno de César Gaviria (1990-94) hizo parte de los diálogos de Caracas y Tlaxcala; luego, en el de Andrés Pastrana (1998-02), estuvo en los diálogos de El Caguán.
Incluso en el primer mandato de Álvaro Uribe (2002-06) se involucró en unos acercamientos que buscaban un acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados.
Ninguna de esas conversaciones llegó a feliz término y el Secretariado siguió con su maquinaria de muerte a toda marcha. A “Iván Márquez” y los demás miembros de la cúpula les asignaron una recompensa de hasta $5.000 millones de pesos, incluyéndolos en la lista de los 20 terroristas más buscados en Colombia.
Amigos en el poder
“Iván Márquez” consolidó relaciones políticas con algunas figuras notables, como la congresista Piedad Córdoba (ya fallecida) y Álvaro Leyva, uno de los actuales consentidos de la Casa de Nariño.
Pero su principal aliado fue Hugo Chávez Frías, el presidente de Venezuela, quien le abrió las puertas a las Farc más allá de las fronteras.
Desde principios del siglo XXI, “Iván Márquez” estableció una residencia fija en el vecino país, con el apoyo del régimen chavista. Esas conexiones contribuyeron a la paulatina expansión de la guerrilla en este territorio, el cual instituyó como zona de retaguardia estratégica, centro de entrenamiento, oficina de reuniones y plataforma para el tráfico de drogas y armas.
Esta situación aumentó el interés del gobierno de Estados Unidos en su captura. El Departamento del Tesoro le aplicó sanciones financieras a través de la Lista Clinton, y el Departamento de Estado le asignó una recompensa de US$5 millones de dólares.
“Luciano Marín Arango supervisó el despegue de aviones cargados con 600 a 1.200 kilos de cocaína y la recepción de dinero y armas automáticas como pago. Él coordina las políticas de narcotráfico de las Farc para la fabricación y distribución de toneladas de cocaína en Estados Unidos y el mundo; el cobro de impuestos al negocio de las drogas para financiar a la guerrilla; y el asesinato de cientos de personas que interfieren con las Farc”, reseñó la Casa Blanca en su programa de recompensas.
La traición de La Habana
En 2012 el presidente Juan Manuel Santos decidió darle una nueva oportunidad de paz a las Farc, con los diálogos de La Habana.
En ese entonces, Luciano Marín ya era el número 2 en la línea de mando, detrás del comandante Rodrigo Londoño (“Timochenko”). Ascendió hasta ese lugar por las muertes en operaciones militares de “Raúl Reyes”, “Mono Jojoy” y “Alfonso Cano”.
“Iván Márquez” fue el jefe negociador durante los cuatro años de conversaciones. A diferencia de los otros intentos, en este pacto no solo se logró una tregua definitiva, con desarme y reinserción a la sociedad de los combatientes, sino que se creó una jurisdicción especial de justicia transicional, un estatuto para la oposición y cargos en el Congreso para los representantes de la guerrilla.
Marín firmó documentos, posó para la prensa y prometió que esta vez sí cumpliría lo acordado con el Gobierno.
No obstante, meses después hubo un cambio de rumbo. Una investigación de la DEA y la Policía colombiana determinó que, presuntamente, varios excomandantes de las Farc continuaron con negocios clandestinos.
En 2018 fue capturado con fines de extradición “Jesús Santrich”, en medio de una operación en la que también era requerido “Iván Márquez”, delatado por un sobrino suyo, Marlon Marín, quien se convirtió en testigo de la Fiscalía.
Aunque un juez le concedió la libertad a “Santrich” posteriormente, por supuestas irregularidades y falta de pruebas, ese fue el punto de inflexión para que Marín renegara de la paz una vez más.
Huyó a Venezuela, al abrigo de los chavistas y del presidente Nicolás Maduro, y en 2019 le anunció al mundo que regresaba a las armas. Apareció en un video con “Santrich”, “el Paisa”, “Romaña” y otros excomandantes, informando que sería el jefe de una organización llamada Segunda Marquetalia.
El propósito era refundar a las antiguas Farc, esta vez a su imagen y semejanza, y hacerlo desde Venezuela, donde sus hombres extendieron redes en los estados de Zulia, Apure, Barinas y Táchira.
Sin embargo, el plan no funcionó. El Estado Mayor Central (EMC), otra disidencia de esa guerrilla, se negó a participar del proyecto y le declaró la guerra en varios lugares de Colombia y Venezuela.
Aunque alcanzó a congregar unos 2.000 combatientes, pasó de ser el principal grupo armado ilegal del país, a la cuarta fuerza, detrás del ELN, el EMC y el Clan del Golfo.
El fantasma que revivió
Las nuevas guerras que se forjaron en ese escenario criminal, llevaron a la tumba a “Jesús Santrich”, “el Paisa” y “Romaña”. Y él mismo fue víctima de un atentado que lo dejó moribundo en 2022.
Los detalles sobre este hecho son todavía difusos y llenos de especulaciones. Se dice que se trató de una emboscada del EMC en suelo venezolano, otros lo atribuyeron al ELN y algunos más a un comando de militares colombianos y estadounidenses.
El caso fue que Marín sufrió graves heridas en una mano y en la cabeza, por lo que estuvo convaleciente varios meses en un hospital de Caracas, custodiado por agentes de seguridad chavistas.
En varias oportunidades se especuló que había muerto y algunos medios de comunicación así lo publicaron, pero “Iván Márquez” volvió a dar la cara el pasado 11 de mayo, en un video que circuló por redes sociales.
Allí confirmó que la Segunda Marquetalia se sentaría a dialogar con el Gobierno y respaldó la propuesta de Gustavo Petro de una asamblea constituyente.
“En este nuevo momento en que, gracias a la divina providencia y a la genial idea de un presidente, soplan vientos constituyentes, despertando la esperanza de las inmensas multitudes, debemos encontrar un mecanismo democrático para que a la asamblea nacional constituyente lleguen los voceros de los sectores sociales y políticos designados en sus eventos internos, y no por el dinero multimillonario y corrupto de la mafia de la cocaína (...)”, afirmó.
Esta semana comenzó el primer ciclo de conversaciones en Caracas, adonde llegó el caqueteño con su comitiva. Al observar las grabaciones, se le nota un semblante enfermo, con lentitud al andar, un ojo atrofiado y una prótesis en la mano derecha, producto de una amputación sufrida en la emboscada que casi lo mata.
En los últimos años, “Iván Márquez” era un fantasma, un medio muerto sin voz en la opinión pública nacional.
Ahora un nuevo Gobierno le lanza otro anzuelo para revivirlo políticamente. La reaparición levantó ampolla en varios sectores del país y dividió a las víctimas, entre las que creen que esta vez sí contribuirá a la paz, y aquellas que no quieren que sus crímenes queden en la impunidad, como el de aquel funesto hotel-bomba que marcó la historia de Puerto Toledo.