25 años del asesinato de Jaime Garzón y solo hay un condenado
Veinticinco años después, solo una persona ha sido condenada, mientras muchos responsables aún permanecen en la sombra, prolongando la espera de justicia y verdad.
En la madrugada del 13 de agosto de 1999, Colombia se despertó con la noticia del brutal asesinato de Jaime Garzón Forero. El líder, periodista, defensor de derechos humanos, abogado y humorista fue acribillado en Bogotá cuando se dirigía a la emisora Radionet, donde trabajaba.
Dos sicarios en moto interceptaron su vehículo y dispararon cinco veces, terminando con la vida de un hombre que con su humor mordaz había desafiado a élites políticas y militares de una Colombia que en ese momento se encontraba sumida entre el conflicto armado y una dura guerra entre cárteles de narcotraficantes.
Este crimen, que enlutó al país y pasó a la historia como “el día en que Colombia perdió las ganas de reír”, sigue siendo un símbolo de la impunidad que rodea la violencia contra los defensores de derechos humanos.
El asesinato de Garzón no fue un hecho aislado ni producto de un acto de violencia fortuito. Por el contrario, fue el resultado de un complot cuidadosamente orquestado por fuerzas violentas que, sintiéndose amenazadas por las denuncias del humorista, decidieron silenciarlo para siempre.
La investigación judicial que siguió al crimen ha revelado una red de complicidades que involucra a altos funcionarios del Estado, grupos paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas.
La única condena en firme por este crimen es la de José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Narváez fue sentenciado en 2018 a 30 años de prisión como autor intelectual del asesinato de Garzón.
Según los testimonios presentados durante el juicio, Narváez habría convencido a Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de que Garzón era un aliado de la guerrilla, sugiriendo que su muerte era necesaria para la seguridad del país.
Narváez, conocido por su cercanía con los paramilitares y su influencia en el DAS, “vendió” la idea de que Garzón estaba colaborando con los secuestradores de las FARC, y fue así como se ganó la sentencia de muerte.
Sin embargo, las investigaciones han arrojado nombres adicionales que sugieren que Narváez no actuó solo. El paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, señaló en un momento que la ejecución del crimen estuvo a cargo de la banda “La Terraza”, grupo que fue exterminado pocos años después del asesinato.
Además, el entonces jefe de inteligencia de la Brigada 13 del Ejército, Jorge Eliécer Plazas Acevedo, habría facilitado la recolección de información sobre los movimientos de Garzón, compartiéndola con Castaño para llevar a cabo el crimen.
Testimonios que dejan en claro que el asesinato de Garzón fue un operativo coordinado que contó con la participación de varios sectores, todos con un objetivo común: silenciar al periodista.
A pesar de la condena de Narváez, varios colectivos de Derechos Humanos, La Fundación para la Libertad de Prensa y la familia de Garzón, consideran que muchos de los responsables del asesinato siguen en libertad, y que la verdad del crimen aún está por esclarecerse.
El pasado 13 de agosto de 2018, el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y al extinto DAS por su responsabilidad en el homicidio, calificándolo como un delito de lesa humanidad. En su fallo, el tribunal subrayó que el asesinato de Garzón fue parte de una violación sistemática a los derechos humanos y una persecución política contra líderes de izquierda.
Esta condena es simbólicamente significativa; sin embargo, no se ha logrado desentrañar por completo la red de complicidades que permitió el asesinato del humorista.
En el 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el sometimiento de Narváez ante este tribunal, argumentando que sus aportes no contribuyen a una verdad plena. Decisión deja en entredichos el avance en la búsqueda de justicia y el reconocimiento de la responsabilidad estatal en el crimen.
Jaime Garzón no fue solo una víctima más del conflicto armado en Colombia. Su vida y su obra dejaron una huella en la memoria colectiva del país. A través de personajes como Heriberto de la Calle, el reportero vox populi que entrevistaba a políticos y denunciaba la corrupción, ofreció múltiples llamados a la participación ciudadana para reconocer la realidad política y social de Colombia.
Su humor, que desarmaba con risa a los poderosos y daba voz a los marginados del país, sigue siendo un referente de la lucha por la paz y la justicia.