Petro exige no entregar a un único oferente en licitaciones, pero su Alcaldía entregó el 90% de contratos a dedo en Bogotá

Mientras el presidente Gustavo Petro les da instrucciones a sus funcionarios para que se declaren licitaciones desiertas si solo tienen un único oferente, como pasó con el sonado caso de la licitación de pasaportes, hay quienes recuerdan cómo en el pasado, durante su tiempo como alcalde de Bogotá, la contratación era a otro precio.

Durante esa administración, el gobierno distrital entregó de forma directa casi el 90% de la contratación, según las cifras que divulgó el entonces concejal del Partido de la U, Javier Palacio Mejía, en medio de un debate de control político a dos meses de terminar el mandato.

En el mismo, Palacio Mejía desglosó las cifras de la contratación durante 44 meses de la gestión de Petro, con base en la misma información que le entregó el Distrito.

“De 22.306 contratos celebrados entre el 1 de enero de 2012 y el 15 de septiembre de 2015, 18.522 han sido directos o a dedo, lo que representa, que en 44 meses y 15 días de la administración de Gustavo Petro, la contratación sin ningún proceso de selección fue del 83,30%, cifra nunca antes vista en la contratación del distrito”, señaló el entonces concejal.

Esto sin contar los contratos de prestación de servicios o de apoyo a la gestión.

En su informe, Palacio Mejía demostraba cómo la contratación directa en el distrito aumentó año a año en el mandato de Petro. Al comenzar su gobierno, en el 2012, el porcentaje era del 79,74%; en el 2013 bajó al 76,97%; pero para 2014 subió al 87,10% y al cerrar el 2015 se ubicó en el 89,39%.

La denuncia del concejal también recoge los presupuestos para cada año. Palacio Mejía explicó entonces que para el 2012, con un presupuesto de 10 billones de pesos, la administración de Petro realizó 157 licitaciones públicas.

Y para el año 2015, hasta mitad de periodo, con un presupuesto de 17,3 billones de pesos, se realizaron 78 licitaciones públicas.

Al concejal de entonces le llamaba la atención que en un período de tres años, por ejemplo, la Secretaría de Hábitat solo hubiera realizado una licitación, y la de Gobierno seis.

En su análisis del manejo de la contratación, Palacio Mejía advertía que hubo cinco contratos millonarios “entregados a dedo” en el gobierno de Petro en Bogotá.

Entre ellos mencionó un convenio con la Secretaría de Movilidad con la ETB, por $40.000 millones; otro convenio entre la Secretaría de Educación y la Universidad Distrital con el Fondo Local de Ciudad Bolívar, también por $40.000 millones; un contrato entre la Secretaría General con ETB por $12.000 millones; y uno más entre la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Gobierno con Colsubsidio por $11.000 millones.

En ese debate, el concejal se preguntaba por qué la administración distrital “no puede hacer una licitación con múltiples oferentes”, una pregunta que hoy se hace el presidente Petro, pero que al parecer desconoció en su época de alcalde.

Burla a la Ley 80

En esa época, Palacio Mejía aseguró que desde la administración distrital, se le hacía “conejo” a la Ley 80, la norma que regula el proceso de contratación estatal.

“Vengo hace rato diciendo que la Ley 80 en esta administración no pegó, las burlas al manual de contratación estatal se volvieron una práctica sistemática de todas las entidades del distrito y las licitaciones públicas son una especie en vía de extinción”.

Pues bien, ahora también hay una alerta en esa dirección.

Justamente el representante por Antioquia a la Cámara, Hernán Cadavid, del Centro Democrático, acaba de demandar ante la Corte Constitucional la creación del Instituto de Vías Rurales (Invir), mediante el cual el Gobierno Nacional entregará recursos para el mantenimiento de más de 10.500 kilómetros de vías terciarias del país.

Según lo explica Cadavid, el artículo 35 del decreto 1961 de 2023 permitirá hacerle el quite a la Ley 80 para contratar de forma directa organizaciones sociales, sin el cumplimiento de requisitos.

“Demandamos la inconstitucionalidad de ese decreto porque no puede ser una burla a la ley. Este gobierno no va a burlar la norma, no va a burlar la Ley 80, no va a empezar a entregar contratos a dedo, con la justificación de que son organizaciones sociales”, aseguró el representante Cadavid.

El Invir funcionará con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), créditos internos y externos, donaciones, cooperación nacional e internacional, entre otros recursos asignados.