Gobierno no pudo frenar el paro de banda criminal

Desobedecer una orden de pare en un retén ilegal, en la vía que del municipio de Turbo conduce a San Pedro de Urabá, le costó la vida a un capitán del Ejército, graves heridas a su esposa y secuelas mentales para toda la vida a su hijo de seis años.

De esta manera comenzó el sufrimiento de la ciudadanía, bajo el azote de un paro armado instaurado por la organización “los Urabeños” o “Clan Úsuga” en sus áreas de influencia.

La primera víctima fue el militar Andrés Lugo López, quien estaba de vacaciones e iba desarmado conduciendo una moto junto a su familia, cuando los criminales les arrojaron una granada. El estallido lo mató a él y mantiene hospitalizada a la viuda, con una pierna en peligro de amputación.

Cuatro horas después, en el municipio chocoano de Atrato, dos supuestos sicarios de la banda mataron a bala al patrullero de la Policía Deison Rentería Moreno, quien iba en moto y de civil para cumplir una cita médica.

La jornada provocó el cierre del comercio y las escuelas, así como la quema de vehículos, asonadas y hostigamientos contra la Fuerza Pública, y la parálisis parcial del transporte y de la vida cotidiana en 18 municipios de Antioquia, con efectos más dañinos en las subregiones de Urabá, Suroeste y el Bajo Cauca.

También sufrieron las comunidades en varias localidades de los departamentos de Chocó, Córdoba, Bolívar, Sucre y Norte de Santander.

Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), señaló que en la vía a la Costa Atlántica, en el tramo entre Yarumal y Tarazá, fueron incinerados cuatro vehículos y a otros más les pincharon las llantas. “Más de 300 carr0s quedaron represados en la vía”, dijo.

Y en la carretera Tarso-Pueblorrico, en el suroeste antioqueño, incineraron un bus de servicio público.

La Defensoría del Pueblo denunció que en el corregimiento Guaramito, en Cúcuta, “los profesores devolvieron a los alumnos a sus casas debido a las amenazas de grupos ilegales”. Lo mismo ocurrió en Montecristo, Achí y Tiquisio (Bolívar), y en los 15 municipios del Urabá antioqueño y chocoano.

La alcaldesa de Tarazá (Antioquia), Gladis Rebeca Miguel, señaló que en su pueblo “los funcionarios de la administración municipal están trabajando a puerta cerrada por temor a represalias”.

En el parque principal de Zaragoza (Antioquia) hubo dos policías heridos por un ataque con una granada al comando; en Carepa, el controlador aéreo no quería ir a trabajar por miedo, por lo que la Policía tuvo que conducirlo hasta el aeropuerto, pero el transporte por aire siguió interrumpido en el sitio, al igual que el terrestre y fluvial en las demás zonas afectadas.

Las autoridades no han calculado las pérdidas económicas del paro, que la facción delictiva ejecutó entre las 00:00 horas del 31 de marzo y las 00:00 horas del 1 de abril.

El general Humberto Guatibonza, comandante de la Región 6 de Policía, indicó que “hubo mucho terrorismo por las redes sociales”, y que dispuso más de 2.000 uniformados para atender la situación.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, declaró que “el hecho de que el ‘Clan Úsuga’ haya mostrado sus colmillos, denota el estado de arrinconamiento en el que está hoy”. Se quejó porque en un paraje de Chocó, algunos pobladores hicieron una manifestación, “expresando su rechazo a la operación que se hizo contra alias ‘Guagua’ (cabecilla de la banda dado de baja el 23/3/16). Queremos ver a ciudadanos dándonos información de esos criminales y no doliéndose de su baja”.

En Urabá, entre tanto, los ciudadanos reclamaron por el histórico abandono del Estado y la falta de previsión para conjurar el paro armado.

Ciro Abadía, presidente de la Asociación de Víctimas de Apartadó (Asovima), relató que en su municipio reinó ayer la soledad en las calles. “No tenemos ni dónde comer. Será esperar hasta que ellos digan que levantan el paro, porque no nos vamos a arriesgar. ¿Para defender qué?”.