Gobierno confirmó el traslado de firmantes de paz del ETCR Miravalle ante amenazas del EMC
En medio de crecientes tensiones y amenazas en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, el Gobierno Nacional anunció el traslado de la población firmante del Acuerdo Final de Paz a “un lugar definitivo”.
Tras las denuncias de amenazas por parte del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc hacia los habitantes de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, el Gobierno Nacional anunció el traslado de la población firmante de paz.
Desde el gobierno rechazaron “las amenazas y en general, cualquier agresión que grupos armados realicen contra la población civil y en particular, contra la población firmante del Acuerdo Final de Paz”.
Los ciudadanos habían denunciado una serie de amenazas que vivían en media del fuego cruzado entre el EMC y la Segunda Marquetalia, situación por la que el expresidente Juan Manuel Santos le pidió celeridad al Gobierno.
“Lo que está sucediendo en Miravalle con el EMC es totalmente inaceptable. El Gobierno tiene la obligación de implementar las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz, recuperar el control del territorio, y proteger la vida de los firmantes y de las comunidades comprometidas con la construcción de paz”, dijo el exmandatario a través de X.
Por lo tanto, este sábado se llevó a cabo un Puesto de Mando Unificado en el ETCR de Miravalle, convocado por el Ministerio del Interior y con la participación de diversas entidades gubernamentales y organizaciones internacionales.
En este encuentro se acordaron acciones para garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes del ETCR como la presencia continua de la fuerza pública en la zona, así como el aceleramiento del traslado y consolidación del ETCR a un “lugar definitivo” que facilite la reincorporación integral de la poblacion firmante.
El gobierno instó al EMC a cesar las amenazas, “acciones contrarias a cualquier manifestación de voluntad de paz”, y aseguró que continuará trabajando en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Misión de la ONU y la MAPP-OEA para monitorear el PMU.