Gobierno buscará fortalecer las 104 Casas de Justicia del país
Chaparral, Buenaventura y El Bagre fueron los municipios piloto en lo que se implementó una estrategia del Gobierno para fortalecer las Casas de Justicia.
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Más de 14.719 colombianos de escasos recursos, habitantes de tres municipios del país, se vieron beneficiados con un plan piloto del Ministerio de Justicia y del Derecho que busca fortalecerlas Casas de Justicia en el país para acercar la justicia al ciudadano e indirectamente, descongestionar la rama judicial.
Creadas por medio del decreto 1477 de 2000 en el gobierno de Andrés Pastrana, las Casas de Justicia fueron concebidas como centros con presencia interinstitucional de información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal.
Por ejemplo, en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, uno de los municipios donde se implementó el plan piloto, fueron atendidas 2.924 solicitudes que sirvieron para mejorar el servicio por medio de la articulación interinstitucional, las capacitaciones a funcionarios y usuarios y las mejoras físicas en infraestructura.
Otro de los municipios piloto fue Chaparral, en Tolima, donde se atendieron 4.038 personas quienes en su mayoría utilizaron los servicios de Comisaría de Familia y equipo psicosocial, Inspección de Policía, Medicina Legal, Punto de Atención de Conciliación en Equidad.
Por su parte, en el municipio de Buenaventura, Valle, un territorio en el que sus habitantes históricamente han tenido como principales barreras para el acceso a la justicia la desconfianza en las instituciones, el miedo a las represalias y la presencia de bandas criminales, se pudieron atender a 1.537 personas de la cabecera municipal, y otras 1.300 en cuatro jornadas móviles en la zona rural.
Los retos
En total en el país hay 104 Casas de Justicia, siendo Antioquia el departamento donde más instituciones de este tipo hay. Según cifras oficiales, en estos centros de justicia más de 500.000 conflictos llegan a feliz término cada año. Fiscalía, Medicinal Legal, Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía, y conciliadores en equidad, hacen parte de la oferta institucional ofrecida en estos lugares y que puede variar dependiendo de las necesidades de la comunidad.
Sobre esta iniciativa la Viceministra de Justicia, Ana María Ramos Serrano, le explicó a EL COLOMBIANO que es un modelo bastante acertado que en la teoría funciona muy bien, pero en la práctica presenta una serie de dificultades como la falta de recursos y la poca coordinación entre instituciones del nivel municipal.
“Un reto que tenemos es que en las Casas de Justicia estén todas las instituciones que necesitan los ciudadanos para resolver los conflictos más comunes como por ejemplo los casos de violencia intrafamiliar. Si una víctima de esta conducta va a una casa de justicia y encuentra al comisario de familia, pero no al médico legista, no se logró el objetivo de brindar respuesta en un solo lugar sin necesidad de ir a varias instituciones”.
Ramos destacó el caso de El Bagre en donde el alcalde se comprometió con la iniciativa y apoyó el esfuerzo institucional. “Nosotros identificamos que si los alcaldes municipales no jalonan estros proyectos es muy difícil que funcionen. La gestión de los alcaldes es muy importante porque los coordinadores de las casas son financiados por los municipios, lo mismo que el personal que orienta y hay sitios donde a estos funcionarios les pagan solo dos meses y los otros 10 meses la casa está sin funcionarios. En El Bagre logramos que la casa funcionara todo el año gracias a la continuidad de los trabajadores”.
Descongestionan juzgados
Los méritos de esta figura han sido reconocidos internacionalmente. El viceministro de Paz de Costa Rica, Max Loria, destacó el hecho de que las Casas de Justicia hayan logrado “acercar no solo el servicio de justicia, sino muchos servicios sociales en favor de los ciudadanos”. Indicó que es un aprendizaje y que el reto está en “lograr convocar en un mismo lugar, la presentación no sólo de servicios judiciales, sino también de servicios sociales, una especie de centros cívicos de cara al ciudadano”.
Para María del Pilar Arango, presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados, las Casas de Justicia pueden ayudar a descongestionar la rama judicial, siempre y cuando “se haga una buena tarea preventiva previa a la etapa judicial, que contemple ilustración, pedagogía, y posibles soluciones anticipadas”.
“Esa combinación de los trámites judiciales con los administrativos o los demás que se puedan prestar son buenos porque acercan la justicia al ciudadano. Centralizar los juzgados en un solo sitio es complejo para la gente”, agregó.
Sin embargo no todas las opiniones son positivas. Para el líder sindical de Asonal Judicial, Fredy Machado, es claro que estas instituciones pueden facilitarle al ciudadano el acceso a la justicia, pero no descongestionar la rama judicial.
“No creo en las Casas de Justicia. Me parece que son imposiciones que vienen del exterior. No entiendo cómo eso va a descongestionar la rama si el Gobierno dijo que los recursos para ese fin se acabaron. De nada va a servir tenerlas si no se tiene una planta de personal suficiente. Esa es la verdadera solución, aumentar la planta de funcionarios”, afirmó Machado.