Fiscalía les dejó en firme órdenes de captura a los líderes del Clan

Una seguidilla de tropiezos terminaron de poner en jaque la paz total del presidente Gustavo Petro. Menos de una semana después del fallido cese bilateral al fuego por el que el ELN anunció una “crisis” en las mesas de negociación, la Fiscalía General de la Nación le propinó un fuerte revés al Gobierno negándose a levantar las órdenes de captura contra 16 criminales que la Casa de Nariño reconoció como voceros de paz.

Dicho golpe no solo frena cualquier acercamiento oficial entre el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y esos grupos ilegales, sino que envía un mensaje poderoso de un choque de poderes justo en una semana crítica para las iniciativas de paz.

La decisión es tan delicada, que ameritó un pronunciamiento oficial del ministro del Interior y portavoz del Gobierno Petro, Alfonso Prada, quien aseguró que la Presidencia respeta las decisiones del ente acusador, pero que alistará un arsenal jurídico en el que espera darle argumentos suficientes a la Fiscalía para que modifique su decisión.

“Queremos avanzar en un diálogo directo y formal para explicarle a la Fiscalía que (...) la Ley 2272 faculta la suspensión de estas órdenes de captura. La única manera de avanzar en la paz total es avanzar en el desmonte de las organizaciones que tienen estatus político y las que no. Ambas tendrán un trato diferente de Acuerdo de Paz y sometimiento”, dijo Prada.

Esto último defendiendo al Gobierno del principal argumento que usó el ente acusador. En su decisión de 7 páginas, la entidad se niega a cumplir con una solicitud enviada por el mismo Rueda en la que pedía suspender “las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten” en contra de ocho miembros del Clan del Golfo y de ocho líderes más de las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, argumentando que a este tipo de grupos no se les puede reconocer ningún estatus político.

La solicitud era de grandes dimensiones, pues pedía que las autoridades dejaran de perseguir por un tiempo indeterminado a cabecillas como Jobanís de Jesús Avila Villadiego, alias Chiquito Malo, y José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito. Ambos herederos del poder del Clan del Golfo tras la captura y extradición de Dairo Antonio Úsuga, “Otoniel”, antiguo líder de este cartel.

Bajo ese antecedente, el mensaje del ente acusador fue claro: los dos grupos “son herederos de estructuras paramilitares y son organizaciones criminales que no tienen un carácter político”, por lo que “solo podrían someterse a la justicia”.

La discusión, entonces, gira en torno a un punto clave que diferencia a guerrillas como el ELN y las disidencias de las Farc –que se alzaron en armas contra el Estado y, por ende, adquirieron un estatus político– de otras organizaciones narcoparamilitares como el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Los Pachenca).

Para el ente acusador, “los delitos cometidos por personas vinculadas a grupos paramilitares (...) bajo ningún pretexto alcanzan a ser considerados como autores del punible de sedición, por cuanto tales comportamientos no pueden ser asimilados al concepto delito político”.

La polémica ha sido tal, que hasta alfiles de Petro como el presidente del Congreso, Roy Barreras, le han dado la razón al ente acusador pese a que eso implique estar contra Prada y Rueda.

“Las insurgencias con origen político pueden recibir tratamiento jurídico en justicia transicional. Los narcos y sus organizaciones deben ir a la justicia ordinaria. El Estado puede facilitarles el sometimiento colectivo con beneficios, pero eso exige una Ley que debe presentarse en extras”, dijo.

Pero el senador Iván Cepeda, también de las filas petristas, lo interpreta distinto. En diálogo con EL COLOMBIANO, el congresista y miembro de la mesa de negociación con el ELN dijo que no comparte esa decisión de la Fiscalía porque la Ley 2272 de 2022 –que amplió la vigencia de la Ley de orden público y sentó las bases jurídicas de la paz total– cambió las normas en ese sentido.

Según él, en esa norma “queda claro que existen dos tipos de procesos que adelantará el Gobierno, unos de sometimiento y otros de negociación, en los que los grupos armados podrán nombrar voceros para esos fines”, y eso fue lo mismo que argumentó Prada durante su intervención de este viernes.

Dicho punto es el parágrafo 2 del artículo 8, que dice: “(...) las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz; o de los miembros representantes de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto con las que se adelanten acercamientos”.

De hecho, la Fiscalía, deja una puerta abierta para solicitarles a los jueces de cada caso que suspendan las órdenes de captura, pues hacerlo ellos mismos implicaría una “limitación a los principios de separación de poderes y autonomía judicial”.

Halagos y tropiezos de paz total

Pero además de ese choque de poderes entre el ejecutivo y el judicial, la paz total de Petro se ha movido entre reparos, halagos y tropiezos.

La dura crítica de la Arquidiócesis de Bogotá en la que tacharon la política de “ingenua” y “fantasiosa”, contrastó este viernes con el polémico apoyo del embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia.

Según el diplomático, Petro “ha hecho más por la paz en 6 meses que Duque en 4 años”, una frase que fue tachada de “irónica” por la oposición tratándose de un país que inició una guerra al otro lado del mundo con la invasión a Ucrania.

Con todo eso, la Casa de Nariño navega por aguas turbulentas mientras espera las conclusiones de la reunión de emergencia que tendrá este martes la mesa de negociación del ELN y se prepara para contraargumentarle a la Fiscalía.