Exfuncionarios de Felipe Harman en la Alcaldía de Villavicencio ahora tienen contratos en la Agencia Nacional de Tierras

Pasada menos de una semana desde que la Procuraduría abrió una indagación previa en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por presuntas irregularidades en la contratación bajo la modalidad de prestación de servicios, se conocieron nuevas denuncias que salpican a escuderos y exfuncionarios del actual director, Felipe Harman, cuando era alcalde de Villavicencio, quienes ahora figuran con millonarios contratos en la entidad.

Según un artículo publicado por el diario El Espectador, al menos cinco exfuncionarios de la cuerda de Harman cuando fue alcalde de la capital del Meta aterrizaron en la ANT desde el pasado 8 de febrero, cuando –pasado poco más de un mes de haber dejado la Alcaldía– asumió como director de la Agencia.

Uno de ellos es Bryan Alberto Moreno Sánchez, un funcionario con pasado electoral en el opositor Centro Democrático, quien trabajó para la Alcaldía de Villavicencio durante más de un año: entre octubre de 2021 y diciembre de 2022. Luego, dio el salto e intentó ser alcalde del municipio de San Martín de los Llanos con el aval del movimiento Independientes del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Sin embargo, se quemó y nuevamente obtuvo un contrato en la Alcaldía: en la Secretaría de Catastro y Espacio Público de Villavicencio, entre noviembre de 2023 y enero de 2024. Lo cierto es que apenas ocho días después de que asumió Harman en la ANT, el 16 de febrero, recibió un contrato por prestación de servicios por $11 millones como secretario privado de la Agencia.

Por otro lado, según la investigación del diario capitalino, aparece el actual jefe de la Oficina Jurídica de la ANT, Leonardo Garcés Rojas, quien venía de desempeñar ese cargo en la Alcaldía de Harman entre noviembre de 2021 y diciembre de 2023, y que ahora devenga un salario superior a los $9 millones.

En este contexto sobresale Javier Andrés Linares Rodríguez, quien fue contratista en la Oficina Asesora Jurídica bajo el mando de Garcés Rojas y quien ahora funge como subdirector de Seguridad Jurídica de la ANT con un salario de cerca de $16 millones. La investigación señala que fue asesor jurídico del representante Gabriel Parrado, del Pacto Histórico.

Además, en el listado aparece Luis Antonio Chaves Ávila, quien fue secretario de Infraestructura en la Alcaldía de Harman, así como director de Planeación Socioeconómica y director de Desarrollo Organizacional, todo esto entre junio de 2020 y noviembre de 2022. No obstante, en marzo asumió como director de Acceso a Tierras con un salario de $13 millones.

Se cuenta también Lina María Salcedo Mesa, subdirectora de Administración de Tierras de la Nación, quien fue asesora de la Alcaldía de Villavicencio y ahora goza de un salario mensual de cerca de $16 millones.

En respuesta, Harman defendió que la “red de contratación” corresponde a cargos de libre nombramiento de la misma planta de la entidad. “Los profesionales llaneros a los que hacen referencia, y como sus mismas hojas de vida demuestran, tienen la idoneidad y la capacidad para seguirle aportando a la Reforma Agraria. Éstos hacen parte de los cargos ordinarios de libre nombramiento de la entidad, me acompañaron en Villavicencio y con ellos logré ser el mejor alcalde del país por dos años consecutivos”, dijo.

En ese sentido, dijo que recibió la entidad con 3500 contratistas. “Hoy está la misma cantidad de gente trabajando en todo el país, con resultados que son de conocimiento público”, precisó.

Justo la semana pasada, la Procuraduría General anunció que abrió una indagación previa en la ANT teniendo en cuenta que durante el primer semestre del año y apelando a contratos de prestación de servicios, entre enero y junio firmó 4.853 contratos, lo que representaría un 2.1 % más de los celebrados por la entidad durante el año anterior.

El Ministerio Público abrió indagación previa en contra de funcionarios por determinar y también busca establecer si los contratistas vinculados cumplían con las actividades encomendadas y con los requisitos de idoneidad para prestar el servicio.

“Igualmente es objeto de análisis por parte de la Procuraduría un aparente incumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo por parte de la ANT”, explicó el ente de control.

Entre otras pruebas, el órgano de control solicitó además a la ANT información sobre los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos en los últimos años por la entidad.

A finales de agosto pasado, el senador opositor Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), denunció un inusual incremento en la contratación de la Agencia Nacional de Tierras: según el parlamentario, el número de contratistas en solo un año pasó de 1.161 a 4.753. Es decir, un aumento en la planta de personal de más del 309 %.

Durante el debate, en el que también se le puso lupa a la contratación en el Ministerio de Agricultura, Uribe reveló que 74 de los nuevos contratistas participaron como candidatos en las elecciones territoriales de 2019, 55 en los comicios regionales de octubre pasado y 10 en las elecciones a Congreso en 2022.

“Crecieron la contratación de personal en 300% y los resultados son cero. Pero no solo eso, a quienes contrataron son políticos sin ninguna preparación técnica. Gastarse la plata del Estado para pagarle a los amigos también es corrupción”, declaró el senador.

De hecho, advirtió que la Agencia gastó $249.000 millones en nóminas, es decir, $182.000 más frente a 2022, cuando gastaba $67.600 millones.

En esa línea, reclamó que hay “contratos para todos los amigos y operadores políticos de Petro. Cero resultados en las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Conflictos de interés por contratar familiares y exfuncionarios amigos. En resumen, los campesinos fregados y ellos haciendo política con sus recursos”, manifestó.