Estas son las pruebas de la Corte en el caso de Uribe
El expresidente Uribe tiene derecho a la defensa, la misma que podrá llevar en esta etapa de instrucción y, si fuera el caso, en el juicio que podría darse en la Sala Penal de la Corte. Detalles del auto de ese alto tribunal.
Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.
La determinación de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de aseguramiento en contra del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez está basada en el cumplimiento de los requisitos que para tal fin impone la Ley 600, entre ellos que exista la posibilidad de la comisión de los delitos imputados, en este caso soborno en la actuación penal y fraude procesal, pero para los magistrados va más allá.
“El examen probatorio deja expuesta con suficiencia su concurrencia, advertida como está la existencia de las conductas punibles que pueden y deben atribuirse al senador Uribe Vélez como posible responsable a título de determinador, puesto que se aprecia actuó con dolo, vale decir, con conocimiento de los hechos, conciencia de la ilicitud y la voluntad o querer su realización”, se lee en el auto 52.240 al que tuvo acceso EL COLOMBIANO.
Y agrega que: “debe señalarse que el caudal probatorio arroja prueba directa de la participación del congresista. En concreto, por vía de los varios testimoniales que afirman y así se comprobó que la petición de retractarse, como en el caso de Juan Guillermo Monsalve o de extender declaraciones a su favor y de su hermano, que fue lo acaecido en el de Carlos Enrique Vélez, provino directamente del senador Álvaro Uribe Vélez; ello, además de que la prueba indiciaria es abundante, clara, inequívoca y concluyente, de su condición de determinador de las conductas punibles avistadas”.
Aquí encontrará una selección de los siete puntos más importantes del auto, especialmente en lo referido a los testigos que supuestamente fueron sobornados y los documentos que de forma ilícita habrían sido allegados a los expedientes, así como la participación del representante Álvaro Hernán Prada, quien es investigado en este mismo proceso.
Ayer, el abogado defensor del expresidente Uribe, Jaime Granados, radicó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud para que “se dejen de aplicar las normas que regulan la reserva sumarial y se haga público el expediente”.
Esto para facilitar “a los medios de comunicación y a la ciudadanía el acceder a la información de forma libre y completa, sin filtros ideológicos como ha venido sucediendo”.