“Estamos destrozando el orden del sistema electoral”: MOE habla sobre reforma política del petrismo
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), habla de la reforma política que presentó el petrismo y que incluye, entre otras, el transfuguismo.
Comunicador social y periodista de la Universidad Central, especializado en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de las universidades Externado y Columbia.
Pasado casi un año desde que naufragó la reforma política del Gobierno de Gustavo Petro –lo que significó una de las primeras derrotas del Ejecutivo en el Congreso–, el Pacto Histórico nuevamente presentó un proyecto para darle un revolcón al sistema político.
Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), la iniciativa trae puntos inconvenientes como la idea de permitir el transfuguismo, para permitir que actuales congresistas puedan renunciar a sus partidos sin sanciones ni incurrir en doble militancia.
Sin embargo, hay puntos positivos como las listas cerradas, así como puntos que demandan mayor análisis como el voto obligatorio. En diálogo con EL COLOMBIANO, la experta eleva llamados, pide avanzar hacia una reforma electoral y reclama que con alternativas como el transfuguismo se está “destrozando el orden del sistema electoral”.
La reforma da vía libre al transfuguismo, ¿es conveniente?
“Ese es el típico artículo que siempre se pone en cada reforma política. Normalmente, y es una lástima, los partidos hacen la selección de las candidaturas y otorgan los avales sin hacer una evaluación para determinar si el aspirante sí representa sus posturas políticas e ideológicas.
En un sistema de partidos como el nuestro, en el que se cuentan más de 30 organizaciones con personería jurídica, indiscutiblemente lo que estamos haciendo es destrozando la organización y el orden que tiene el sistema electoral”.
¿Qué opina de que sectores alternativos ahora estén apostando por el transfuguismo?
“A ninguna de las organizaciones políticas, ni de izquierda, ni de derecha, este tema les es ajeno. Lo que falla es el mecanismo a través del cual se entregan los avales. ¿Por qué? Se priorizan los recursos, la popularidad y el reconocimiento del candidato y no las identidades ideológicas. Por eso, después se dan cuenta que no caben en la misma casa”.
Otro de los puntos controversiales es que el proyecto propone reconocer personería jurídica a los partidos con base en el número de afiliados (hoy se les otorga según los votos que saquen). ¿No puede dar pie para otro boom de partidos?
“Lo que debería buscarse es una combinación de las dos, pero yo invitaría a hacer una conversación con analistas, académicos y con los mismos partidos para determinar los alcances de los afiliados. Pueden terminar ellos mismos dándose un disparo en el pie.
Tenemos que conversar sobre cuáles son las reglas que deben regir, por ejemplo, los grupos significativos ciudadanos. El que se puedan hacer coaliciones entre grupos significativos y partidos políticos distorsiona el sistema”.
También se plantea que la financiación de campañas sea 100 % estatal y se prohíbe que personas naturales o jurídicas hagan aportes. ¿Es conveniente?
“Hoy la financiación es 100 % estatal porque se hace a través de la reposición de votos con un tope y se repone lo que hayan gastado.
¿Qué tiene de positivo mirar una financiación 100 % estatal? Que se pueden establecer muchísimos más controles frente al manejo de los recursos. Habría que reformar la autoridad electoral también para tener una mayor capacidad de vigilancia y control muy fuerte, con prohibiciones y sanciones muy fuertes”.
También se da vía libre a las listas cerradas, en las que el elector vota por un partido y los candidatos son elegidos según el orden de una lista. ¿Le parece conveniente esta alternativa?
“Hoy lo que tenemos son poderes individuales que se agregan en una lista y no son posibles de controlar por parte de la organización política. Cuando hay una lista cerrada, en las condiciones de un país como Colombia donde hay recursos ilegales, clientelismo o compra de votos, esa lista cerrada permitiría y obligaría al partido a tener un mayor control”.
¿Qué opina de que no pueda haber una reelección de senadores, representantes, diputados y ediles por más de tres periodos?
“Si es para tres periodos para el mismo cargo es razonable. Estamos hablando de 12 años. Es decir, se está fomentando que el liderazgo vaya en ascenso. Que sea solamente hasta tres periodos para cualquier cargo de elección popular sería una equivocación”.
Otro punto es que los ciudadanos puedan ser congresistas desde los 18 años, ¿le suena?
“El ser joven no implica tener menos información, pero posiblemente sí menos experiencia para medir los impactos de las decisiones que se toman. Eso pasa también por los partidos: ¿están formando líderes políticos o vamos a terminar eligiendo youtubers?”.
La reforma también establece el voto obligatorio y propone avanzar en el voto electrónico, ¿es viable en Colombia?
“Nuestro sistema está diseñado para la votación del 60 % o 70 % de los ciudadanos. El voto obligatorio implicaría desafíos frente a la ampliación del horario y la habilitación de un mayor número de mesas. Con el voto electrónico habría que revisar las máquinas. Se necesita hacer una mudanza y no es menor”.
Pero, en materia democrática, ¿sí es bueno hacerlo obligatorio?
“Creemos que lo que se debe hacer es incentivar la participación. Ahí es donde debe estar el esfuerzo, no en la obligatoriedad del voto, porque eso implica sancionar a los ciudadanos”.