“Emilio Tapia responderá por $5.000 millones de Centros Poblados”

La Fiscalía General se alista para tomar decisiones de fondo sobre escándalos de corrupción que han sacudido al país y que, de acuerdo con lo dicho por sus voceros, implicarán el retorno de millonarias sumas que se le arrebataron al erario. Uno de esos casos, lo confirma en la siguiente entrevista el director de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, Eduar Calderón, es el del condenado empresario Emilio Tapia por cuenta de su participación en la trama de Centros Poblados.

Calderón aseguró que solo él devolverá unos $5.000 millones. Además, advirtió que al senador del Partido Liberal Mario Castaño, cerebro de otra red corrupta que permeó al menos a seis departamentos, se le quitaron propiedades obtenidas con dineros de procedencia presuntamente ilícita y cuyo avalúo supera los $13.000 millones.

Hay una percepción ciudadana sobre la corrupción, que está disparada. ¿Cómo la enfrenta la Fiscalía?

“Es indudable que el tema de la corrupción es de importancia nacional, pero son precisamente las acciones que hemos desarrollado, creo que no solo la Fiscalía sino los demás órganos de control, las que han permitido evidenciar la magnitud de la misma. Esto venía pasando desde hace muchos años, simplemente ahora se ha vuelto un poco más visible, precisamente, por nuestras actuaciones, las cuales las estamos realizando sin mirar ningún tipo de preferencia, sino mirando los hechos y judicializando a los que tengan que responder. Nuestra forma de trabajar ha sido no ser muy rápidos, pero sí contundentes”.

Hablemos de casos puntuales. ¿Qué pasó con el escándalo de Centros Poblados y con la plata que estaba perdida?

“La Fiscalía fue muy rápida, porque en 60 días logramos la judicialización de tres personas, entre ellos Emilio Tapia, Juan José Laverde y Juan Carlos Benavides, que se entregó al final. Esta primera etapa fue un tema de falsedades y fraude procesal. En la segunda etapa vino el tema de los recursos públicos que estuvieron afectados, por lo que volvimos a imputar a Emilio Tapia, a Juan Carlos Cáceres Bayona, Luis Fernando Duque y a otras personas. La Fiscalía formuló acusación y estamos pendientes de que el juez convoque para realizar la audiencia, y de algún tipo de negociación de preacuerdo que permita resolver el tema con sentencias”.

¿Qué tipo de preacuerdos hay con los implicados en esta trama?

“Acordémonos que el preacuerdo es que ellos simplemente aceptan su responsabilidad y tienen una condena, pero van a tener que reintegrar dineros. La Fiscalía tiene la tesis de que la apropiación fue de aproximadamente $15.200 millones y sobre ese dinero se están tratando de hacer los reintegros, cada quien respondiendo por lo que se apropió”.

¿Cuánta plata, por ejemplo, tiene que devolver el condenado Emilio Tapia?

“El señor Emilio Tapia responderá por una suma cercana a los $5.000 millones; el señor Juan Carlos Cáceres por una suma cercana a los $9.000 millones y otras personas por sumas entre $100 y $3.100 millones. Con eso se completarían los $15.200 millones, más algunos intereses. Estamos pendientes de una reunión con la nueva Ministra TIC (Sandra Urrutia) para explorar estas fórmulas de arreglo. Pero, independientemente de que reintegren dinero, esas personas van a salir condenadas”.

Frente a la red corrupta del senador liberal Mario Castaño, la Fiscalía tiene judicializadas a más de 30 personas. ¿Vienen más capturas?

“Mario Castaño es un tema que tenemos hace más o menos un año y medio, con fiscales e investigadores al tanto de lo que estaba pasando para saber quién más estaba participando. Vimos que se estaban presentando temas de corrupción no solo en un contrato, sino en varios. Comenzamos a analizar la situación y por eso tenemos 33 personas judicializadas, incluyendo a 7 alcaldes de los cuales 5 aceptaron cargos y dos de ellos ya están buscando preacuerdos. Todos los contratistas aceptaron cargos ante la contundencia de la evidencia. Eso nos permitió compulsar copias a la Corte Suprema y que en menos de dos meses se dictara la medida contra Castaño”.

¿Cómo se ha atacado la fortuna ilegal de este senador liberal?

“La unidad de extinción de dominio pudo actuar de manera rápida, al punto que ejecutó acciones de extinción de dominio sobre bienes del Senador que ascendieron a más de $13.000 millones. Esto es bueno de resaltar, porque es la primera vez que veo en la historia que hay una articulación de la Corte, la Unidad de Extinción de Dominio y la Dirección Nacional Anticorrupción en una red completa. Seguramente, en un futuro, vendrán otras decisiones en otros aspectos contra otros funcionarios, que son residuos de ese tema de corrupción. Lo fuerte eran los alcaldes”.

¿Hay otra cabeza de esta red distinta a Castaño?

“Yo no podría decir ni que sí ni que no”.

Una de sus principales fichas corruptas fue Nova Lorena Cañón, con quien se firmó un preacuerdo. ¿Qué espera la Fiscalía obtener?

“Novena Lorena Cañón tiene dos temas: uno es el principio de oportunidad y otro es el

preacuerdo. Ella va a colaborar con la justicia. Contra quien iba a declarar la señora era contra el Senador y eso ya está. Y ya se legalizó el principio de oportunidad. Por esa colaboración y alguna otra que también sirvió para judicializar a algunos alcaldes ella fue beneficiaria de ese principio. Se le van a perdonar algunos delitos, como el interés indebido en la celebración de contratos, tal vez el concierto para delinquir, pero va a preacordar por otros y por esos va a salir condenada y va a devolver $100 millones”.

¿El otro preacuerdo a favor de quién es?

“De Santiago Castaño, un contratista. A él se le van a perdonar dos delitos y va a salir condenado por otros”.

Otro tema polémico son las investigaciones por el uso de los recursos de los OCAD-Paz, por lo que la Fiscalía dijo tener bajo la lupa 2.000 contratos. ¿Qué hallazgos hay?

“OCAD-Paz es un tema bastante complejo por la cantidad de información. Según registros públicos, hay más de $8 billones que estaban destinados a invertirse en 179 municipios PDET, y esos se dividen en muchísimos proyectos, y estos a su vez en muchísimos contratos. Entonces, de ahí la necesidad de crear un grupo estratégico de fiscales. En este momento estamos organizando un grupo de investigadores, porque se necesita dedicación prácticamente exclusiva porque es muy complejo el entramado de corrupción que posiblemente se presentó”.

Pero, ¿qué han encontrado?

“Ha estado muy bien organizado el tema, y vamos a tener que hacer un trabajo bastante dispendioso para poder llegar a las personas que presuntamente cometieron hechos corruptos, pero nuestra intención es llegar hasta arriba. Es que esto no solo pasa en los niveles inferiores. En este momento estamos revisando y organizando la información, con priorización, porque es muy difícil atacar todo. Comenzamos a hacer actividades de campo y la idea es que se puedan tomar decisiones en unos seis meses”.

¿Ha habido algún acercamiento para trabajar con la justicia venezolana en casos específicos como Monómeros?

“Nosotros actuamos conforme a nuestra facultad constitucional, investigamos donde haya hechos que revistan característica jurídica. Si tenemos evidencia o algún indicio sobre hechos irregulares en esa empresa, que está ubicada en Barranquilla, pues la Fiscalía actuará conforme a su misionalidad, tratando de verificar que si se presentaron o no actos de corrupción”