Así es el calvario de la “paz total”, la frágil política del Gobierno

La “paz total”, el principal proyecto político del presidente Gustavo Petro, está atravesando un calvario desde que fue propuesto en plena campaña electoral y actualmente enfrenta una de sus peores crisis, por cuenta de la inestabilidad de sus mesas de diálogo.

El clavo más reciente que penetró su cruz fue ensartado por el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que comanda Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”). La frágil mesa de paz que se pactó desde octubre de 2023, y que ya ajustaba tres ciclos de conversaciones trastabilló la semana pasada.

El EMC atacó a varias comunidades indígenas en Cauca, algo que ya venía haciendo desde antes, pero esta vez cruzó la raya. Centró sus amenazas y atentados en la comunidad Nasa, una de las que más respaldo político le da al presidente Petro en sus actos de proselitismo.

El 17 de mayo mataron a Carmelina Yule Pavi, líderesa indígena del municipio de Toribío y, en respuesta, el Gobierno suspendió el cese bilateral del fuego en Cauca, Nariño y Valle.

Petro declaró que el EMC tenía mentalidad de grupo paramilitar y que “Iván Mordisco” era un traqueto, a lo que este contestó por redes sociales: “@petrogustavo me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo”.

Luego el EMC reculó, y “Andrey Avendaño”, uno de sus negociadores en la mesa, dijo el 23 de marzo en una entrevista televisada: “Nosotros en los territorios no apoyamos con recursos la campaña de Gustavo Petro”.

Aún así, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes fue radicada una denuncia para investigar esa supuesta financiación. Además, la zozobra volvió al Pacífico, al igual que el pesimismo sobre la “paz total”.

Un inicio enlodado

El proyecto bandera de Petro comenzó a enlodarse desde la campaña presidencial, por el llamado “Pacto de La Picota”, cuando personas de su círculo íntimo, como su hermano Juan Fernando Petro, fueron a diferentes cárceles a hablar con cabecillas de la mafia política y el crimen organizado.

Aunque el Gobierno alegó luego que se trató de una mera exposición informativa, en el aire quedó la impresión de que prometieron beneficios jurídicos a cambio de ayuda para conseguir votos en las regiones.

Tras la victoria electoral y el inicio de la “paz total”, algunos abogados de cabecillas denunciaron que personas cercanas a la Casa de Nariño supuestamente estaban ofreciendo vocerías para las mesas de paz, suspensión de extradiciones y traslados de cárceles por cifras que iban de $200 a $500 millones.

Uno de los beneficiarios de la libertad fue Jorge López, hijo de la patrocinadora de paramilitares Enilse López (“la Gata”). Obtuvo una gestoría de paz y un juez le suspendió una condena por el homicidio de un periodista, dejándolo en libertad el año pasado. Ante el escándalo mediático y jurídico que esto provocó, el Gobierno le canceló la designación.

El presidente Petro negó los señalamientos, pero el 28 de enero de 2023 tuvo que desautorizar a su hermano Juan Fernando. “Las expectativas de paz que hemos generado son negocio también para avivatos. Nadie puede negociar la paz que no sea nuestro comisionado Danilo Rueda. Ni militantes, ni abogados, ni funcionarios, ni familiares míos en cualquier nivel están facultados para negociar la paz”, trinó.

Una semana después fue despedido el abogado penalista Pedro Niño, a quien el Gobierno había delegado como encargado para los acercamientos con el Clan del Golfo. Solo duró un mes en el cargo.

Danilo Rueda, ampliamente criticado en el Congreso por su desempeño, fue relevado del puesto de Alto Comisionado para la Paz el 22 de noviembre pasado. Su reemplazo fue Otty Patiño, quien tampoco ha podido llevar la “paz total” a un puerto seguro.

Un duro panorama actual

Dos semanas antes de que entrara en crisis la mesa con el EMC, ya lo había hecho la de las bandas de Buenaventura.

El 6 de marzo, “los Espartanos” se levantaron de la mesa argumentando que sus enemigos “los Shottas” están aprovechando la tregua para fortalecerse militar y territorialmente.

En su comunicado despotricaron del proceso: “Es una pantomima para que el grupo Shottas se arme, haga alianzas con grupos externos y ajenos al conflicto, y trate de recuperar lo que ha perdido en la ciudad”.

A esto se suma que las mesas con las bandas de Quibdó y el Valle de Aburrá no muestran progresos importantes.

El Gobierno, concentrado en defender sus reformas a la salud y pensional en el Congreso, no ha presentado de nuevo el proyecto de ley de sometimiento de grupos armados no políticos, por lo que no existe un marco legal claro para el desmonte colectivo de las bandas.

Los acercamientos con “los Pachenca” (o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada) ajustaron un año y medio sin concretar una mesa de diálogos, y los que había con el Clan del Golfo están congelados desde 2023.

De hecho, la Fuerza Pública relanzó la campaña policial y militar Agamenón hace un mes, con la cual pretende derrotar a ese cartel por la vía armada.

Ricardo Giraldo, asesor jurídico del Clan, ha dicho recientemente que esa organización está dispuesta a negociar con el Gobierno, pero no a “someterse”.

Los diálogos con la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc de Iván Márquez, se han anunciado varias veces, pero la mesa no se ha instalado formalmente, aunque este cabecilla estaría en Colombia.

Tampoco es claro si esa organización recibirá un tratamiento político, como ella pide, o si se le aplicarán las normas establecidas para las bandas de crimen organizado. Lo cierto es que muchos sectores rechazan la idea de que se les trate igual que a las antiguas Farc, dado que traicionaron el acuerdo de La Habana.

La mesa más estable ha sido la del ELN, con seis ciclos de negociaciones y un cese el fuego más sólido, aunque varios gestores de paz de esa guerrilla han expresado públicamente que no tienen afán de firmar el acuerdo pronto, por lo que no se vislumbra un cierre cercano para ese proceso.

Así las cosas, a la “paz total” todavía le queda mucho calvario por delante y al Gobierno que la propuso se le agotan las opciones para convencer a los criminales de abandonar las armas.