Petro planea calmar a invasores de tierras sacando $60 billones, ¿le funcionará?

En su afán por apaciguar la papa caliente que le representan las 108 invasiones de tierra que siguen activas en el país, el presidente Gustavo Petro dio la instrucción de acelerar su ambiciosa reforma rural que tiene como meta la entrega de 10 millones de hectáreas en los próximos cuatro años, y para adquirir los predios anunció que la Nación asumirá una deuda por al menos 60 billones de pesos.

El reto de entregar esos 10 millones de hectáreas lo asumió Gerardo Vega, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien afirmó que el Gobierno se encargará de que quienes reciban los 10 millones de hectáreas sean familias indígenas, campesinas y afros que no tienen tierra, no tienen suficiente para hacerla productiva o no tienen títulos de la que ocupan o viven.

Con esta iniciativa, Petro pretende cumplir la promesa de ‘democratizar’ las tierras, tema que en su momento desató polémica porque fue relacionado con expropiación. La idea del mandatario con la ‘democratización’ se centra en una transacción en la que el Estado comprará propiedades a precio comercial para luego venderlas a precios más bajos a comunidades campesinas.

Por ahora parece que hay ambiente para lograr un acuerdo político relacionado con tierras, pues dos viejos opositores a Petro dicen que respaldan la iniciativa: José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), quien se reunió con Roy Barreras, presidente del Congreso y el ministro de Defensa, Iván Velásquez; y el expresidente Álvaro Uribe. “Se ha dado un gran paso cuando el Presidente no habla de expropiación, sino de comprar tierras”, dijo Uribe.

No obstante, esta iniciativa dejó abiertos cuatro grandes interrogantes que surgieron en las declaraciones de Petro y Vega, relacionados con la financiación, el cálculo de hectáreas disponibles, las estrategias para hacer productivas las tierras y si realmente se dará solución a las invasiones.

$60 billones se gastaría Petro en tierras

A pesar de que no está listo el mecanismo legal para regular la compra de tierras por parte de la Nación, Petro destapó su plan de financiación. El Presidente planteó en Noticias Caracol que el Gobierno se endeudará para comprar 3 millones de hectáreas “por 20 millones de pesos cada una, son 60 billones de pesos. El tema del dinero podemos pensarlo a seis años, que sea de a 10 billones de pesos por año, nos endeudamos y le pagamos con títulos al dueño de la tierra”.

Así las cosas, el mandatario contempla el endeudamiento como su plan principal, a pesar de que el marco fiscal –que Petro propuso cambiar– de mediano plazo señala que el país podría cerrar 2022 con un nivel de deuda pública este año superior al 54 % del Producto Interno Bruto (PIB).

“Si se incrementa ese valor de deuda como lo propone el Presidente, las calificadoras pondrían nuevamente en alerta la medición de calificación de riesgo del país. Además, no es el momento para conseguir deuda por las tasas de interés elevadas”, expuso Óscar Manco, doctor en Economía.

En defensa del robusto gasto, el Presidente dijo este miércoles desde la Casa de Nariño que se justifica si se logra la paz en la ruralidad. “¿Cómo se consiguen los 60 billones de pesos?, ¿nos los van a regalar?, ¿se los vamos a cobrar a los pobres? (...) El primer requisito si queremos paz es cumplir los acuerdos firmados con las Farc. Si el primer punto del acuerdo dice que vale entre 30 y 60 billones de pesos, entonces qué hacemos”, planteó Petro.

¿Dónde están las hectáreas restantes?

Para completar los 10 millones de hectáreas que promete, Petro tendrá que echarle mano a las 7 millones de hectáreas que hacen parte del proceso de formalización de tierras que adelanta la ANT.

“Ya entregamos 681.372 hectáreas y el propósito es que en cuatro años formalicemos los 7 millones de hectáreas”, dijo Vega, quien agregó que la entrega de tierras responde a lo firmado en el Acuerdo de Paz por el Gobierno y las extintas Farc. Además, cuestionó a quienes afirman que afros e indígenas son los mayores dueños de la tierra, “en manos de las comunidades indígenas y afro hay 2.800.000 hectáreas, menos de un 2 % del total”, apuntó.

El exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, criticó la iniciativa y señaló que podría ser costosa y apresurada. Frente a la masiva compra de predios, expuso que el único método para adquirir tierras no es la compra y planteó que se puede pensar en estrategias como adjudicar baldíos y operar con las tierras incautadas al narcotráfico.

“La adquisición de tierra contemplada en el Acuerdo de Paz no es para cumplirla ya, sino en un horizonte de tiempo que se expande en todo el posconflicto. Además, se puede cumplir con una programación agraria audaz, pero razonable, teniendo en cuenta que no se tiene que reventar la política fiscal”, apuntó Restrepo.

¿Dónde quedan los proyectos productivos?

Uno de los temas que no se ha aterrizado lo suficiente es el de los proyectos agrícolas que tendrían que poner en marcha las entidades del Gobierno para hacer productivas las 10 millones de hectáreas de tierra que planea entregar, pues los campesinos no podrán producir en estas tierras si no se garantiza la dotación de servicios básicos, sumado al acompañamiento estatal.

Vega respondió que además de la adquisición y formalización anunciada, se está coordinando una ruta al interior del Gobierno. “Trabajaremos entre la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural. Mientras nosotros nos encargamos de resolver el tema de la tierra, ellos resuelven cuáles proyectos productivos vamos a poner encima de la tierra”, dijo.

A la fecha no está claro cuáles serán esos proyectos productivos y la única pista que ha soltado Petro ha sido su interés por potencial el cultivo de maíz en Colombia para el consumo nacional y, según él, para exportar. “Si Estados Unidos quiere que menos cocaína llegue a su territorio, hay que cultivar más maíz en Colombia”, dijo Petro en la W.

Ante la falta de claridad sobre los proyectos productivos, Restrepo advirtió que podría tratarse de una iniciativa ambiciosa en corto plazo. “El Gobierno tiene que tener cuidado de no despertar unas expectativas mayores de las que puede cumplir en el corto plazo. Expectativas exageradas no son necesarias ni son convenientes”, alertó.

No es claro si acabará con invasiones ilegales

Esta iniciativa es considera por el Gobierno como una especie de amortiguador frente a la problemática de invasiones a la agroindustria y a propiedades públicas y privadas que sigue latente en 26 municipios de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, según la Defensoría.

A esta problemática hicieron frente los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Agricultura, Cecilia López. En su caso, Prada insistió en que se necesita aumentar el flujo de caja, pues considera que la solución se centra en comprar las tierras para calmar las afectaciones al orden público.

Por su parte, López no se limitó a la consecución de recursos y planteó que la entrega de tierras es un primer paso, pero advirtió que las autoridades enfrentarán a los invasores. “Estamos acelerando el proceso, pero lo que es invasión tendrá todo el peso de las autoridades”, señaló.