Deportados regresarían a sus lugares de origen

Del otro lado del río Táchira dos docenas de militares venezolanos —armados con fusiles— bloquearon la trocha que durante dos días utilizaron los colombianos para traer al hombro, literalmente, sus casas. La escena le dio la vuelta al mundo. Ayer en la mañana, la imagen fue distinta: la guardia en posición de defensa, bloqueó el regreso.

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De este lado, el Ejército de Colombia —sin armas, en una labor humanitaria— acompañó la espera de aquellos que tenían la esperanza de cruzar y con comida y agua hizo que esa larga espera — a 40 grados centígrados— fuera más llevadera. Solo hasta el mediodía, la Guardia dio una pequeña tregua para trastear las últimas neveras, camas, televisores y mascotas. No fue más.

Ahí, entre los que esperaron, estaba don José. Un panadero de acento cucuteño que durante seis años vivió en San Antonio, Venezuela. Su vida entera estaba allá. Ahora todo se resume en que espera sentado en una piedra del río Táchira a que lo dejen pasar.

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“Le estamos pidiendo a la Guardia que nos deje ir por la ropa. Allá se queda todo lo de mi casa”. Contó que lo deportaron al amanecer del sábado cuando militares venezolanos —sin ninguna explicación—, lo sacaron de su casa y lo llevaron a la cancha de fútbol. “En ese momento yo pensé que solo era para presentar la cédula y el pasaporte, llevé también mi carta de residencia y un carné que me identifica como persona de bien en el barrio. No tuvieron en cuenta eso. Yo era el panadero del barrio. Yo le daba de comer a los venezolanos. Nada valió”.

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Atención a los deportados

Mientras don José esperaba en el río Táchira a que lo dejaran pasar por su ropa, el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, desde el coliseo municipal, volvió a levantar la voz. Anunció que demandará al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Legalmente lo que puedo hacer es presentar la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ellos la tramitan ante la Corte. El argumento es la violación a los derechos humanos, la violencia síquica, el secuestro temporal, el engaño y los abusos del Ejército venezolano”.

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Junto al alcalde Ramírez, el procurador Alejandro Ordóñez, quien también recorrió algunos de los albergues, dijo que no son solamente los más de 1.500 deportados sino miles de personas que están llegando por las trochas “que tienen pánico de que les pueda pasar lo que les está pasando a los deportados”.

De igual forma, Ordóñez advirtió de los riesgos que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) pretenda justificar las acciones del Gobierno de Maduro y no atienda las necesidades de sus víctimas.

“Acá lo que hay es una política pública del Estado venezolano. Las autoridades internacionales deben garantizar su desmonte. Comportamientos como los de Unasur precisamente lo que hacen es tratar de legitimar esa política pública del Estado venezolano contra los colombianos. Eso deslegitima a Unasur”, concluyó.

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Retorno a Colombia

En la tarde, el presidente Juan Manuel Santos visitó algunos de los albergues y escuchó los testimonios de colombianos que fueron deportados. El mandatario aseguró que se les garantizará una vivienda digna, facilidades para conseguir empleo y acceso a la educación y alimentación de los niños. “Queremos ayudar a retornar a las familias que quieran volver a sus lugares de origen en Colombia, así como poner en marcha programas de vivienda para quienes perdieron sus casas en Venezuela. Sé que algunos son de Bolívar, del Tolima, de Pasto. A quienes quieran regresar a sus sitios de origen los trasladaremos allá. Los que se quieran quedar aquí, también les vamos a ayudar a encontrar una vivienda, a encontrar un sitio donde vivir, a rehacer sus vidas”, sostuvo.

Agregó que conoce de los problemas que han tenido los deportados. “Sé que los han maltratado, pero aquí están nuevamente en su patria. Aquí los recibimos con los brazos abiertos, dispuestos a ayudarlos en todo lo que esté a nuestro alcance”.

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Mientras tanto, las 17 estaciones de gasolina de Cúcuta reflejan la realidad del cierre fronterizo, en donde se ve a cientos de cucuteños que hacen filas de cinco y seis horas buscando gasolina. Son cuadras y cuadras de carros estacionados esperando abastecerse. Mientras los pimpineros desaparecieron de las esquinas. Y aunque las autoridades advierten que de las reservas solo se ha utilizado el 70 por ciento, los empresarios de la gasolina dicen que solo tiene combustible por tres días.

“La ciudad no estaba preparada para la venta de un volumen tan alto de combustible como el que afrontamos en las estaciones autorizadas”, dijo Alberto Moros, gerente de la gasolinera Pinar del Río.