Radican denuncia contra la fiscal Luz Adriana Camargo y Vladimir Fernández por presunto tráfico de influencias
La fiscal habría omitido información entregada por Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones condenada por el caso de la UNGRD, donde mostraba presuntas irregularidades en la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
En la tarde del 28 de abril, Pablo Bustos Sánchez, presidente y fundador de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, presentó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una solicitud para que se investigue a la fiscal general Luz Adriana Camargo y a Vladimir Fernández, magistrado de la Corte Constitucional, por diferentes delitos. Entre ellos, tráfico de influencias.
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La petición llegó luego de unos chats revelados por Semana, en los que Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones condenada por el caso de la UNGRD, y el entonces secretario jurídico de Presidencia, el actual magistrado Vladimir Fernández, hablaban de presuntas irregularidades en la elección de este último para ser parte de la alta Corte.
“Por solicitud reiterada de la ciudadanía, veedores y veedurías del país, y en defensa del Estado Social de Derecho, la moralidad administrativa y el patrimonio público, se solicita adelantar la investigación penal, disciplinaria y el juicio de responsabilidad política, a fin de determinar si los hechos constituyen o no posibles infracciones de las normas disciplinarias y de responsabilidad penal”, dice el requerimiento presentado por la Red de Veedurías.
Basado en los chats revelados por el medio citado, Veeduría asegura que la elección de Fernández estaría “manchada con plata corrupta de la Unidad para la Gestión del Riesgo y de desastres (UNGRD)” y piden que se indague si se “manipuló indebidamente su triunfo y designación como magistrado de la Corte Constitucional”.
La organización aseguró, con base en esa misma evidencia, que la elección de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, también “habría sido objeto de un presunto tráfico de influencias”.
La denuncia se habría puesto motivada, no solo por los hechos que configurarían un delito, sino también por la preocupación de los denunciantes acerca de que la Fiscalía rechazó los elementos probatorios presentados por Ortiz.
“La colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial”, argumentó el ente acusador. Mientras tanto, el abogado de Ortiz contestó por medio de un comunicado que “se aportaron datos precisos y verificables, con una narrativa coherente y lógica que corroboran sus afirmaciones, con los que, inclusive, se podría iniciar investigaciones contra aforados”.
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Detalles de los chats que configuran los hechos de la denuncia
Los hechos comenzarían el 9 de octubre de 2023, cuando Ortiz le escribió a Iván Name (Alianza Verde), el entonces presidente del Senado, a las 12:44 de la tarde: “Hola, querido presidente. Te estamos llamando para concretar nuestra reunión de hoy”.
La respuesta del senador llegó tres días, el 12 de octubre, después a las 09:29 de la noche, cuando le dijo: “Dios te bendiga, querida Sandra”. Según le dijo Ortiz al ente investigador en medio de su colaboración con la justicia, ese mensaje se lo envió después de darle $1.500 millones de la plata de sobornos de la UNGRD y como confirmación de que al día siguiente se reunirían todos.
Ocho minutos después, a las 09:37 de la noche, Name le confirma que el encuentro en su oficina sería a las 8 de la mañana. La reunión también habría sido junto al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, y Vladimir Fernández. La finalidad de aquel encuentro era coordinar la elección de este último como magistrado.
De hecho, desde el 3 de octubre —diez días antes del desayuno en la oficina de Name— venían moviéndose para, presuntamente, cuadrar que la Plenaria del Senado votara la elección de la vacante del magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional, para la cual el presidente Gustavo Petro lo había ternado junto a Cielo Rusinque (hoy superintendente de Industria y Comercio) y Gerardo Vega (exdirector de la Agencia Nacional de Tierras). Ese día, Fernández le escribió a Ortiz: “No se me pierda. La necesito en el Senado. Plissss”.
El 12 de octubre, a las 07:52 de la mañana, Sandra escribió: “Buenos días, querido Vladimir. La reunión es a las 8:30”. Él contestó: “Gracias, pendiente”. Ella replicó un “perfecto” y luego Fernández le preguntó “¿qué sabes?”, en referencia a cómo iba la movida. Ortiz contestó con tres emoticones de una mano con el pulgar arriba y dos stickers: uno de una mujer con una cerveza en la mano y otro que decía “caso cerrado”. Él escribió “Jajaja” en respuesta al primer sticker.
Ortiz también le aseguró a la Fiscalía, según lo reportado por Semana, que en el desayuno se concretó que Iván Name, como entonces presidente del Senado, incluyera en el orden del día del 17 de octubre la elección del magistrado de la Corte Constitucional a cambio del soborno que había recibido la noche anterior.
A la 01:39 de la tarde de ese viernes 13 de octubre, Iván Name le reenvió un archivo llamado “ORDEN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2023” en el que estaba la elección de magistrado. Ella respondió “excelente” y “gracias”.
Cuando Ortiz recibió el archivo, de inmediato se le reenvió a Vladimir Fernández, quien respondió a las 02:08 de la tarde: “Gracias, mi reina”. Finalmente, el martes 17 de octubre de 2023 (después del puente festivo) la plenaria del Senado eligió a Fernández magistrado de la Corte Constitucional con una aplastante votación de 88 votos frente a dos por Rusinque, uno por Vega, siete en blanco y uno no registrado.
Ese martes, a las 08:41 de la noche, el ahora magistrado electo le escribió a Ortiz: “Sandrita hermosa, gracias por todo tu apoyo de verdad. Te la debo”. Ella le contestó: “Con mucho gusto y te vamos a extrañar. Todavía te puedes arrepentir”.
EL COLOMBIANO habló con una persona cercana al magistrado Vladimir Fernández, quien aseguró que aquellas “eran reuniones con todos los representantes de partidos, como lo hicieron todos los candidatos. Es el lobby de una elección”.
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