Abogan por voto clave que permita despenalizar aborto

Tras un año y cuatro meses para estudiar dos demandas que buscan la despenalización total del aborto en Colombia, la Corte Constitucional podría emitir en la próxima semana un fallo que elimine dicho delito del código penal, dejando al país como uno de los pioneros para América Latina en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo.

La primera acción judicial, aceptada el 1 de septiembre de 2020, fue presentada por el abogado Andrés Sánchez Molina y, justo dos semanas después, fue aceptada la segunda, emitida por el movimiento Causa Justa, un colectivo de 45 organizaciones sociales de derechos humanos, mujeres, feministas y alrededor de 60 activistas, prestadores de servicios de salud, integrantes de la academia y centros de investigación de todo el país. (Ver: En un minuto)

Pese a que fueron presentadas de manera independiente, ambas buscan el mismo objetivo y presentaron argumentos similares. Por ello, la Corte las ha ido estudiando a la par en representación del presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, ponente de la primera demanda; y del también magistrado Alberto Rojas Ríos, quien lidera la ponencia de Causa Justa.

Por ahora se sabe que ambas ponencias están apuntando hacia la eliminación del delito del aborto del código penal y que las votaciones estarían en un empate que dependería de la magistrada Diana Fajardo para la decisión.

EL COLOMBIANO habló con Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos y vocera del movimiento Causa Justa, para entender el panorama del proceso y dimensionar la importancia de dicho paso en la legislación del país.

¿Cómo surgió la demanda constitucional?

“Empezamos a sentir que las causales se estaban quedando cortas. Nadie niega la importancia de ese logro (en 2006), que fue sin duda un avance. Pero, con el tiempo, esta doble condición de ser derecho y delito hace las cosas muy confusas y hace que la desinformación, el estigma y los prejuicios creen muchísimos obstáculos para las mujeres más vulnerables. A partir de allí se pensó en un movimiento eliminar el delito del aborto del código penal.

Lo que está en juego es que se despenalice, y no que se legalice...

“Sí, significaría que deje de ser un delito y ya no podrían enviarte a la cárcel si no te encuentras dentro de las tres causales.

Pero, ¿cuál sería la diferencia con legalizarlo?

“La demanda llevaría a que no haya una persecución penal, pero legalizarlo implicaría que sea regulado como parte del Sistema de Salud y que una persona que se acerca tenga el derecho de solicitar el proceso de manera segura”.

¿Qué argumentos usaron en la demanda que presentaron ante la Corte?

“La demanda tiene dos puntos centrales. El primero es que hay evidencia tanto en Colombia como en el resto del mundo de que la penalización del aborto no evita que los abortos ocurran, únicamente lo que hace es que las mujeres, niñas y adolescentes lo realicen en condiciones inseguras y eso usualmente tiene por efecto el incremento de la mortalidad materna asociada a estos procedimientos inseguros.

Y un segundo punto es que la criminalización está enfocada en las mujeres más vulnerables: ellas son las que más obstáculos enfrentan par acceder al aborto y son las que más son perseguidas por el mismo Sistema de Justicia”.

Hay denuncias contra niñas de 11 y 12 años que, por su puesto, fueron víctimas de violencia sexual, pero aún así fueron procesadas por aborto. Una cuarta parte de las personas condenadas por este delito fueron niñas y adolescentes”.

¿Ustedes documentaron cuántos procesos y condenas hay en el país relacionadas con ese delito?

“Sí, es un tema que recién documentó la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Desde 1998, y hasta ahora, hay más de 5.000 casos por el delito.

Es interesante que a partir del 2006, cuando empezaron las causales, se pensaba que habría una disminución en las denuncias, pero fue al contrario: se dispararon”.

Pasó de más o menos unas 48 denuncias al año a incrementarse aproximadamente a 400 denuncias anuales que se siguen manteniendo hasta estos años. Hay un total de 374 condenas y 81 de ellas corresponden a niñas y adolescentes, las demás son contra mujeres adultas.

Actualmente la ley da entre 16 y 54 meses por el delito. Y, si bien pueden ser fuera de un centro carcelario, esos delitos siguen apareciendo en sus antecedentes penales, lo que se puede volver en una fuente de estigma y en un problema a la hora de conseguir empleo, por ejemplo”.

Algún ente estatal ha presentado algún concepto sobre las demandas en curso?

“Sí, la Procuraduría y algunos entes del Gobierno presentaron conceptos que se enfocan en que esto no debería ser juzgado por la Corte si no por el Congreso.

¿Qué piensan sobre eso?

“No estamos de acuerdo. Dentro de la manda presentamos argumentos para demostrar que todo el ordenamiento jurídico ha cambiado sustancialmente desde 2006 y, por ende, deben ser revisados de nuevo por la Corte Constitucional”.

¿Qué opinan de que la decisión esté actualmente en manos de una mujer ante la Corte?

“Tenemos confianza de que las magistradas, de forma general en la Corte, han tenido decisiones muy favorables para la justicia de género. Tenemos los ojos puestos en ellas para saber si pueden tomar este paso histórico para todas nosotras”.

¿Luego de que la Corte decida, qué seguiría para ustedes en ambos escenarios?

“Para nosotras una victoria sería maravillosa y nos vamos a comprometer con la implementación en cualquiera sean las condiciones que se presenten. Pero, incluso si no logramos ganar ante la Corte, ya hemos ganado en discurso público y la discusión que hemos podido dar al respecto.

Seguiremos trabajando para que menos mujeres mueran sometidas a procedimientos inseguros y más personas puedan tener toda la información necesaria para poder acceder a sus derechos”.