Demandaron la elección del gobernador electo de Magdalena, Rafael Martínez

La elección de Rafael Alejandro Martínez como gobernador de Magdalena fue demandada, lo que implica un nuevo problema jurídico para el partido Fuerza Ciudadana, liderado por el exgobernador Carlos Caicedo, quien es cercano al presidente Gustavo Petro.

La demanda fue presentada por el abogado Hernando Zabaleta Echeverry, el pasado 27 de noviembre. No obstante, el despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, de la Sección Quinta del Consejo de Estado, recibió los documentos un día después. Y luego de la demanda se radicó otra solicitud: una suspensión provisional.

De acuerdo con Zabaleta Echeverry, el gobernador electo incurrió en doble militancia, pues públicamente apoyó a las candidatas Miguelina Pacheco de León y María Charris Pizarro, quienes eran del Partido de la U, para que alcanzaran una curul en el Concejo de Santa Marta y en la Asamblea de Magdalena.

Para el abogado, según su solicitud de 22 páginas de suspensión provisional, la aquiescencia de Martínez hacia las postuladas “está plenamente probada” y desconoció “abiertamente” la prohibición de apoyar candidaturas distintas a las inscritas por el partido o movimiento político al que se encuentra afiliado, que es Fuerza Ciudadana.

“La actuación del demandado no hizo otra cosa sino debilitar la disciplina partidista, habida cuenta que, en vez de apoyar a los candidatos de las listas al Concejo de Santa Marta y Asamblea del Magdalena por el Partido Fuerza Ciudadana, se fue a otorgar apoyo a candidatos del Partido de la U, con los que no tenía acuerdo de coalición alguno”, expresa el escrito.

Aunque el abogado presentó una acción de nulidad basándose en ese argumento principal, solicitó la suspensión provisional del acto administrativo que designó a Martínez como mandatario argumentando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) la entregó sin haber contemplado todos los requisitos legales.

De acuerdo con lo que cuenta en su petición, él le pidió al CNE tumbar la candidatura de Martínez, precisamente por la causal de doble militancia. Ese asunto no se resolvió antes del 29 de octubre, cuando se desarrollaron las elecciones en la que Rafael Alejandro Martínez resultó escogido con más de 300 mil votos.

Luego, a pesar de no haber una decisión de fondo, se le entregó su credencial la última semana de noviembre.

“Pese a estar incurso en una causal de inhabilidad, que merecía la revocatoria de inscripción de Rafael Alejandro Martínez, el Consejo Nacional Electoral, de forma injustificada, se sustrajo de sus obligaciones constitucionales y declaró la elección del mismo, sin haber resuelto previamente las solicitudes de revocatoria que se presentaron en contra de dicha inscripción”, se lee en el escrito.

Para el demandante, el CNE vulneró su debido proceso administrativo, pues se le negó “una pronta resolución” a su petición de nulidad. “Lo que hubo por parte del Consejo Nacional Electoral no fueron más que dilaciones injustificadas”, aseveró Zabaleta Echeverry.

“No estaríamos en estas circunstancias si el Consejo Nacional Electoral hubiera resuelto la solicitud de revocatoria de inscripción presentada en contra de Rafael Alejandro Martínez”, insistió el demandante, y añadió que Martínez resultó elegido “por pura y simple omisión”.

La suspensión de la elección de Martínez fue solicitada como una medida cautelar, es decir, una acción que el Consejo de Estado debería tomar antes de emitir una decisión de fondo frente a la demanda inicial, que es la de nulidad electoral.

“De no otorgarse esta medida, podría causarse un perjuicio aún mayor para la Gobernación del Magdalena”, manifestó Zabaleta, argumentando que “tener a un gobernador defendiéndose de un proceso de nulidad electoral que va a terminar sacándolo del cargo no va sino a ocasionar desvío de recursos públicos en el pago de honorarios de abogados”.

Según Zabaleta, si Martínez comienza a ejercer como gobernador, “aprovechará” su cargo para “dilatar al máximo la convocatoria a elecciones atípicas”. Además, supuestamente, abusará de la acción de tutela para que esas elecciones no se realicen y para que un encargado no quede al mando de la Gobernación.

“En ese sentido, si hubiera una sentencia muy tardía, que es un escenario que puede ocurrir, es posible que Rafael Alejandro Martínez, se posesione y alcance a terminar su periodo como Gobernador, para que posteriormente salga un fallo declarando la nulidad del mismo, cuando ya sería absolutamente inane”, apunta Hernando Zabaleta.

El abogado agregó que el movimiento Fuerza Ciudadana “está acostumbrado a usar a sus miles de contratistas para que presenten tutelatones cada vez que una decisión judicial o administrativa no les favorece”.

Como prueba mostró pantallazos en los que, al parecer, se le envía a un grupo de personas una plantilla de una acción de tutela para mantener en firme la elección de Jorge Agudelo como alcalde de Santa Marta.

Cabe mencionar que los votos a favor de Agudelo fueron declarados nulos por parte de la Comisión Escrutadora del municipio, tras acatar una decisión del Tribunal de Santa Marta, que resolvió en una tutela que él no podía ser candidato.

El pasado fin de semana, como consecuencia, se le otorgó la credencial a Carlos Pinedo Cuello, quien había quedado de segundo en el conteo. La seguidilla de decisiones judiciales provocó un clima de incertidumbre y disturbios en Santa Marta, frente a lo cual se han pronunciado el presidente Gustavo Petro y la Procuraduría General.

Una de las manifestaciones que se han presentado, aparentemente, es el uso masivo de las acciones de tutela. Según Zabaleta, Fuerza Ciudadana comparte las plantillas “a sus 1.000 contratistas” y luego “los obligan a firmarlas y presentarlas”.

“Cuando dichas tutelatones no caen por reparto ante los jueces que ellos quieren o estos se declaran impedidos, le dan la orden a sus 1.000 contratistas para que retiren las tutelas”, narra el demandante al añadir como prueba un pantallazo en el que se reenvía una plantilla con un escrito de desistimiento.

“Esto nos lleva al escenario de que, en caso de una decisión adversa a Rafael Alejandro Martínez, automáticamente van a instrumentalizar a sus 1.000 contratistas para que congestionen con tutelas calcadas al Consejo de Estado, siendo esto un claro abuso del derecho”, añade la solicitud de medida cautelar.