Defensoría cuestiona decreto gubernamental que podría impulsar la expropiación de tierras

El proyecto del Gobierno Nacional para modificar y reglamentar el Decreto 1071 de 2015, sobre los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria y sus procedimientos, sigue levantando inquietudes en varios sectores de la sociedad colombiana, por considerarlo una amenaza de expropiación estatal.

Esta vez, quien elevó su voz para cuestionar el articulado fue el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresando que dicho proyecto podría incurrir en una vulneración de derechos.

“Desde la discusión del Plan Nacional de Desarrollo hemos advertido la intención del Gobierno Nacional de introducir lo que se denominó ‘expropiación exprés’, y fue desestimada por el Congreso. Ahora, el Ministerio de Agricultura, mediante este proyecto de decreto reglamentario, revive un tema cuya inconveniencia ya fue definida por el poder Legislativo al determinar que se vulneraban derechos. Es por esto que hoy pedimos mesura y apego a la legalidad”, advirtió el funcionario este martes.

A juicio de Camargo, “este proyecto de decreto, que reglamentaría la denominada ‘expropiación exprés’, excedería las facultades atribuidas al poder Ejecutivo y en particular, las otorgadas para la expedición del acto administrativo que se pretende implementar”.

Explicó que, aunque las regulaciones que adicionaría este decreto se relacionan con adoptar mecanismos para facilitar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria, al igual que los procedimientos para la negociación directa y compra de la tierra, “esto se desdibuja en el proyecto cuando advertimos una ausencia importante de fundamentos legales, pues para definir estas regulaciones no solo es determinante lo dispuesto por el Plan de Desarrollo vigente, sino también los aspectos constitucionales, los contenidos en el Acuerdo de Paz y los desarrollos legislativos, que son el marco regulatorio y normativo”.

El defensor fue más allá en sus cuestionamientos, y recalcó que “en caso de ser presentado, este decreto podría ser declarado inexequible e inconstitucional por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, al incurrir en la ‘prohibición de deslegalización’ de temas con reserva de ley, como está estipulado en su jurisprudencia, y podría ser declarado nulo”.

La Defensoría le pidió también al Gobierno que analice qué contenidos de ese proyecto de decreto son del resorte del poder ejecutivo, y cuáles tienen que ser discutidos primero por el Congreso, ya que cruzan los linderos de algunas leyes ya constituidas, como las que hablan de la distribución de las tierras y la extinción de dominio, por ejemplo.

“Quiero reiterar la importancia de atender estas observaciones para que se revise si este decreto sería o no legal a la luz de las afectaciones que podría ocasionar a los derechos de quienes han adquirido sus bienes y los explotan de conformidad con la normativa vigente”, dijo Camargo, y anunció que su entidad implementará unas mesas regionales para discutir la política de tierras y reforma rural integral que propone la Casa de Nariño.

El fantasma de la “expropiación exprés” ya asustó a la oposición en el Congreso, durante la discusión del Plan de Desarrollo, pues uno de sus artículos facultaba al Gobierno para hacer un listado de predios y definir si no estaban haciendo un uso “adecuado” de la tierra.

Frente a la lluvia de críticas, el mes pasado, durante un evento público en Arauca, el presidente Gustavo Petro declaró: “No vamos a expropiar la tierra, y de eso sí que hablaron en televisión, queremos es comprarla”.

En una entrevista con Caracol Radio, realizada en la mañana de este martes, la ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica Flórez, defendió la importancia de los decretos y reformas que impulsa su cartera.

“Es clave la reforma agraria, porque tenemos una tercera parte de nuestra población que es campesina y se dedica a labores del agro. Tenemos más que 43 millones de hectáreas con potencial productivo, y la segunda fuente disponible de agua dulce en el mundo”, dijo.

Y agregó: “La idea del gobierno es hacer una reforma agraria pacífica, por eso hemos decidido que las tierras las vamos a comprar. Las estamos pagando al avalúo comercial. Lo que no queremos es que haya tierras muertas, es decir, de esas 43 millones de hectáreas solamente se produce en 10 millones, podemos triplicar nuestra capacidad productiva dándole más tierra a los campesinos que la trabajan”.