¿Qué pretenden el Gobierno y otros sectores políticos al presionar a la JEP?

Las alarmas están disparadas dentro de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), por cuenta del ambiente enrarecido que están creando las constantes críticas a su funcionamiento de parte del Gobierno y otros sectores políticos. ¿Qué puede haber detrás del planteamiento público de ese debate?

Los sablazos a la JEP comenzaron en febrero de 2024, cuando los congresistas del partido Comunes, conformados por desmovilizados de las Farc, cuestionaron su utilidad.

“A pesar de nuestro cumplimiento con relación a la jurisdicción, nos preocupa el empeño de la JEP por alejarse del espíritu y la letra de lo acordado, haciendo sus propias interpretaciones a un texto que es claro en sus propósitos de paz, dado el carácter político del Acuerdo que firmamos con el Estado, pretendiendo llevarlo a un terreno judicial punitivista, más propio de un sometimiento a la justicia”, expresaron en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro.

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Los exguerrilleros, que participaron en el diseño de la JEP durante los diálogos de La Habana, cuestionaron “la apertura interminable de macro casos”, la vinculación cada vez mayor de comandantes de rango medio y bajo a los expedientes, y que de 4.485 solicitudes de amnistía presentadas a esa fecha, solo les hubieran concedido 688.

El debate se enfrió durante varios meses, hasta que fue revivido por el propio Gobierno. El pasado 24 de septiembre, el consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, planteó la necesidad de llegar a un cierre definitivo de esa jurisdicción y de la de Justicia y Paz.

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“Todas esas justicias especiales son justicias transicionales, pero que también deberían ser transitorias. A veces la tendencia es a que se vuelvan eternas y eso, en últimas, debilita a la justicia ordinaria y no genera satisfacción por parte de quienes acudieron a esa justicia transicional”.

Incluso expresó que estaba en conversaciones con la fiscal General, Luz Adriana Camargo, para “fortalecer la justicia ordinaria” y que esta “adquiera cierta flexibilidad”, dando a entender que podría ser menos punitiva y más transicional.

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El expresidente Juan Manuel Santos, en cuyo gobierno se fomentó la creación de la JEP, en acuerdo con las Farc, recalcó que la entidad tiene una “actitud maximalista”, y que “si continúa con esa actitud, no va a cumplir con los términos, va a terminar su periodo sin haber resuelto el tema de la justicia”.

Los cuestionamientos dispararon las alertas en el tribunal. Su presidente, el magistrado Roberto Vidal, recalcó que “cualquier cierre prematuro de JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas Farc-EP y a los miembros de la Fuerza Pública, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial”,

La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) intervino en el debate, recordando que “cualquier afectación a la JEP, como lo sería a cualquier otra corte u órgano judicial, implicaría un grado de desconocimiento de la Constitución Política de Colombia y su sustitución, generando gran desestabilidad institucional”.

Hasta el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, se involucró en la conversación. “El presidente de la JEP ha manifestado los riesgos de una postura como esa y yo coincido con él. Estos debates deben darse para que la ciudadanía evalúe si la propuesta del comisionado o la del presidente de la JEP es la más conveniente. Si llegara a surgir un debate judicial, la Corte Constitucional intervendría”, argumentó.

La JEP entró en vigencia en marzo de 2017 y ajustó siete años de audiencias, sin producir hasta ahora su primera sentencia, ¿pero por qué el Gobierno plantea la idea de su cierre en este momento?

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Es importante tener en cuenta que tanto Otty Patiño como su jefe, el presidente Gustavo Petro, son desmovilizados del M-19 que ya participaron en un proceso de paz. En ese entonces, entre 1989 y 1990, se produjo una negociación que terminó con el desarme, la participación política de los reinsertados en la Asamblea Constitucional y una amnistía general.

Esto implica que los otrora insurgentes del M-19 no pasaron por un proceso de justicia transicional tan detallado como la JEP, e hicieron rápidamente la transición a la vida civil. Es por esto que, desde su posición de antiguos guerrilleros, no parecen ver la necesidad de un tribunal de esa clase.

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El cierre temprano de la JEP, como lo insinuó Patiño, podría dejar a las víctimas insatisfechas frente a los procesos de verdad, justicia y reparación. El espejo está en los tribunales de Justicia y Paz, diseñados para el desmantelamiento y procesamiento de los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Aunque fueron cerca de 40.000 los reinsertados, y menos de 5.000 los postulados a los beneficios de esa ley, han pasado 18 años y todavía no llega a su punto de cierre. Esto implica que no tiene los recursos humanos y tecnológicos necesarios para tramitar de forma rápida sus asuntos, y que el volumen de crímenes en tan grande, que toma mucho tiempo aplicarles justicia.

La JEP está procesando a una organización que delinquió desde los años 60, por lo que la cantidad de hechos para verificar es voluminosa. A esto se suma que también investiga a miembros de la Fuerza Pública involucrados en el conflicto y a terceros civiles.

La norma indica que la JEP se creó para operar durante 10 años (hasta 2027), pero lo sucedido con su “pariente” Justicia y Paz pone sobre la mesa la posibilidad de ampliar ese plazo. El actual Gobierno ya dio a entender que esa idea no le suena.

Otra hipótesis que ronda en el ambiente es que a la Casa de Nariño le interesaría crear un tribunal de justicia transicional diferente, que sirva para procesar a los grupos armados que participen de las mesas de “paz total”, que incluyen bandas urbanas, disidentes de las Farc y carteles narcotraficantes herederos del paramilitarismo.

Esta incógnita se despejaría una vez que el Gobierno le presente al congreso su proyecto de ley para el sometimiento de esos grupos armados, algo que ha venido aplazando para darle prioridad al trámite de sus principales reformas sociales: pensiones, salud y laboral.

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