Crímenes de líderes en Antioquia, ¿resueltos?
EL COLOMBIANO conoció detalles del trabajo de la justicia en la investigación en el departamento.
Periodista. Magíster en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados de la Universidad Complutense de Madrid
Se parte del hecho en el que las cifras no coinciden. Para la Defensoría del Pueblo, el número de líderes asesinados desde 2016, cuando se firmó la paz con la guerrilla de las Farc, hasta junio de 2019, llegó a 482. Para organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) fueron 623, y para la Fiscalía General de la Nación, basados en reportes de Naciones Unidas, son 302.
A partir de ahí, que el trabajo de las autoridades y de la justicia para no dejar en la impunidad estos casos avance, será siempre difícil. Para las instituciones oficiales, la labor se está haciendo bien y la Fiscalía aseguró en su más reciente informe que de los homicidios que tiene reportados ha logrado “esclarecer” 177, es decir el 58.61%. Sin embargo para las organizaciones sociales como la Fundación Sumapaz, la impunidad en estos crímenes ronda el 95%.
Óscar Zapata pertenece a Sumapaz. Desde su oficio no deja de reconocer el trabajo de las autoridades en los homicidios investigados y esclarecidos; sin embargo, asegura que las cifras presentadas “son amañadas porque parten de datos suministrados por Naciones Unidas, cuando ese mismo organismo ha dicho que no tiene la capacidad de estar en todo el territorio. Lo otro es que es lamentable que la Fiscalía diga que ya un caso está resuelto simplemente porque hay una captura, sin sentencia, del autor material y no el intelectual”.
En su propio trabajo, la Fiscalía detalló sobre el perfil de los responsables de los hechos, y determinó “que por lo menos 64 defensores de derechos humanos perecieron a manos de particulares conocidos con antelación por la víctima, 30 por acciones de grupos armados o bandas criminales, 20 por disidencias de Farc, 17 por el Clan del Golfo y 13 por el guerrilla del Eln”.
Y agrega que entre las víctimas de los homicidios y casos reportados que han sido esclarecidos, 60 eran líderes comunales, 35 líderes comunitarios, 24 líderes indígenas, 12 campesinos, 6 líderes sindicalistas, 7 líderes de víctimas, 5 líderes afrodescendientes y 5 líderes de población Lgbtiq. Algunos de ellos participaban en programas de sustitución de cultivos o eran líderes ambientales.
Jaime Fajardo Landaeta, analista del conflicto armado, cree que las cifras sobre estos casos son “más certeras” si provienen de organizaciones que se encuentran en los territorios.
Explica que la Fiscalía requiere de las denuncias para poder investigar “y muchas ni siquiera llegan” a ese ente, precisamente porque los hechos ocurren en zonas de conflicto “donde no hay presencia del Estado, solo de los grupos armados ilegales que son los que imponen su ley y matan a los líderes”.
Añade que esa situación “también impide que los investigadores o fiscales puedan desarrollar su trabajo en esas regiones donde no tienen una sola garantía de seguridad”.
La situación en Antioquia
El departamento, con 42 casos (en el mismo periodo de tiempo), es, según el censo de la Fiscalía, la región con mayor número de muertes violentas de líderes sociales y defensores de derechos humanos; para Sumapaz son 71.
EL COLOMBIANO conoció en detalle lo que ha pasado con el trabajo del ente investigador con 32 de los 42 crímenes contra líderes sociales en esta región del país, donde afirman desde esa institución, se ha logrado el 56.25% de esclarecimientos sobre esa cifra de la siguiente manera: 14 casos en proceso de indagación, 5 con órdenes de captura contra los presuntos responsables, 3 en investigaciones y capturas, 4 en etapa de juicio, 5 que ya tienen sentencia condenatoria y uno que precluyó.
En la mayoría de estos casos, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país, las investigaciones de la Fiscalía concluyeron que un porcentaje alto, las muertes de estos líderes no se dieron por acciones relacionadas a su trabajo por las comunidades
Al respecto, Claudia Carrasquilla, Delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, precisó que “no se puede hablar de una sistematicidad, sin embargo estamos tratando de establecer sí en efecto esto está ocurriendo, pero de lo que hemos podido dilucidar en las investigaciones, es que los crímenes obedecen a diferentes hechos por su calidad de líder social, pero no obedece a que un grupo quiera exterminarlos”.