Corte Suprema abrió investigación a otros seis congresistas por escándalo de corrupción en la Ungrd
El alto tribunal tomó en cuenta la compulsa de copias de la Fiscalía General dentro de la investigación por la compra de carrotanques en La Guajira.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la apertura de apertura de investigación a los congresistas Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrih Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que se tomó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
El alto tribunal detalló que recibió de la Fiscalía General la compulsa de copias para investigar las actuaciones de nueve legisladores, entre los que están los presidentes del Congreso Andrés Calle e Iván Name, así como el representante a la Cámara, Wadith Manzur, contra quienes había una apertura previa.
La corporación reveló que para el caso en cuestión llevará a cabo una investigación penal concentrada liderada por el despacho del magistrado Héctor Alarcón Granobles. En ese sentido, los nuevos involucrados fueron agregados al radicado iniciado para el caso del representante Manzur.
“Los hechos relacionados con los congresistas de los que hasta ahora tiene noticia la Sala Especial de Instrucción, serán investigados inicialmente en el mismo radicado a cargo del magistrado Alarcón Granobles, por razones de conexidad procesal, en virtud de la posible existencia de un fenómeno de corrupción administrativa ocurrido en una entidad pública, durante un lapso determinado, con la participación de algunos directivos y con similares características en las presuntas conductas ilícitas”, explicó la Corte.
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En cuanto a la investigación a Calle y Name, seguirá en el despacho del magistrado Francisco Farfán.
En la compulsa de copias, la Fiscalía pidió al alto tribunal “que se indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos relacionados con la estructura ilícita que habría funcionado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante la administración del exdirector Olmedo López Martínez”.
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Los hechos investigados tienen relación con la presunta alteración de contratos suscritos por la Ungrd a través de los cuales se sacó una tajada de 4.000 millones de pesos. Ese dinero, dicen los testigos, fue entregado como soborno a los congresistas Calle y Name para que movieran la agenda y las reformas del Gobierno en el Congreso.
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Los testigos son justamente Olmedo López y Sneyder Pinilla exdirectivos de la Unidad. Han sido ellos los encargados de contar a las autoridades como se planeó y lideró la tramoya corrupta a través de la compra de carrotanques con los cuales se pretendía repartir agua en La Guajira. Sin embargo, no fue agua sino el dinero el que se terminaron repartiendo entre varios funcionarios y políticos corruptos.
Por estos hechos, tanto Pinilla como López negocian preacuerdos y principios de oportunidad con la Fiscalía. Además están listos para la imputación de cargos y en caso de que así lo disponga un juez, ir a prisión.