Reconstrucción de Mocoa: Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal que involucra a ministro Luis Fernando Velasco en la UNGRD
La apertura del proceso de responsabilidad fiscal es por 24.315 millones de pesos por dineros que habían sido destinados a la construcción de 909 viviendas para los damnificados de la avalancha en Mocoa de 2017.
Cazador de historias. Futbolista frustrado: me tocó gambetear con las palabras.
La Contraloría General de la República decidió abrir un proceso de responsabilidad fiscal porque encontró irregularidades en la ejecución de proyectos de vivienda que estaban destinados a los damnificados de Mocoa.
Entre los vinculados se encuentran los exdirectores de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo (UNGRD), Olmedo López y Luis Fernando Velasco –actual ministro del Interior–. Así como Eduardo José González, Javier Pava Sánchez, Fernando Carvajal Calderón, Gerardo Jaramillo Montenegro.
La cuantía del proceso de responsabilidad fiscal es por 24.315 millones de pesos. El dinero estaba destinado para la construcción de 909 viviendas de los proyectos Sauces II. Las viviendas pretendían ser entregadas a las personas que resultaron damnificadas por la avalancha en la capital del Putumayo el 31 de marzo de 2017.
Los contratos bajo la lupa son los 9677- PPAL001-243-2018 que pretendía construir 436 viviendas y el contrato de obra 9677-PPAL001-244- 2018, para otras 473. Desde que el Estado giró el dinero para estas obras, indicó la Contraloría, han pasado 6 años y hay viviendas que aún no han sido entregadas.
El retraso en las obras, además, habría generado un detrimento patrimonial por más de 5.748 millones de pesos. Esto porque a las familias –que en principio iban a recibir las viviendas– se les ha tenido que reconocer el subsidio por damnificados.
“De acuerdo a esto, la cuantía total inicial del proceso de responsabilidad fiscal que se apertura es de $24.315.205.664”, puntualizó el órgano de control.
La apertura del proceso de responsabilidad fiscal es la herramienta de la Contraloría para tratar de recuperar los dineros públicos que fueron sustraídos o extraviados y, así, resarcir los daños al patrimonio por la inadecuada gestión de los funcionarios o contratistas.
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Ahora, el órgano de control iniciará el proceso de investigación en el que hará la práctica de pruebas. Después se determinará si archiva el expediente o, por el contrario, llama a juicio de responsabilidad fiscal.