Con datos falsos se tejieron chuzadas en caso Sarabia

En los juzgados de Bogotá avanza a paso largo la investigación por las chuzadas irregulares contra Marelbys Meza, exempleada de la actual directora del Departamento de Prosperidad Social Laura Sarabia, y contra su círculo más cercano. Tanto así que ya fueron enviadas dos personas a la cárcel por presuntamente haber participado en una red de escuchas ilegales en medio del escándalo por el robo de un maletín millonario en la casa de Sarabia cuando esta fungía como jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro.

Se trata del subintendente de la Policía Nacional, Fredy Alexander Gómez Bustamante, y al civil Rafael Ricardo Santos Fuentes, quienes fueron imputados por la Fiscalía con el delito de fraude procesal y desde prisión tendrán que continuar respondiendo con la justicia en medio de la etapa de investigación por decisión del juez 50 de control de garantías.

Al momento de la captura, en la que también cayeron otros cuatro uniformados, la Fiscalía explicó que “los elementos de prueba dan cuenta de que las personas capturadas estarían involucradas en las acciones ilícitas realizadas luego de que la exjefa de gabinete de la Presidencia denunciara la pérdida de un dinero en su lugar de residencia”. 15 días después, el ente investigador presentó suficiente material probatorio para demostrar la posible participación de Gómez y Santos en las chuzadas.

En esa misma audiencia de legalización de captura, la fiscal encargada del caso explicó que los policías capturados habrían hecho incurrir en un error a dos fiscales de Bogotá y Quibdó para obtener información del teléfono de Meza, así como de otra empleada, Fabiola Perea. Ambas habían sido incluidas en una lista del Clan del Golfo, con alias incluidos, pero ninguna de las dos tenía vínculos con esa estructura criminal. Además, la Fiscalía también encontró que se chuzaron las llamadas de dos amigos de Meza: Jhonson Pineda y Lucelia Robles.

Esa hipótesis inicial fue desarrollada durante la audiencia de imputación de cargos que estaba preparada para este jueves 14 de septiembre. La fiscal del caso explicó detalladamente la participación del subintendente Gómez y el civil Santos para facilitar las presuntas chuzadas ilegales.

Según lo relatado por la investigadora, el 1 de febrero del año en curso, cuando a Sarabia se le perdió el maletín con el monto de dinero que sigue sin esclarecer, el uniformado y el civil solicitaron los permisos para poder chuzar a Meza, sin embargo, la Fiscalía encontró que no había motivos fundados para realizar dicha interceptación. Pero ante la negativa, Goméz y Santos retractaron la solicitud y presentaron una nueva para escuchar las llamadas de alias Pini y alias Pacho, bajo la excusa de que una fuente confiable les habría confirmado que eran criminales, aunque en realidad, según el ente investigador, eran las personas del círculo cercano de Meza.

Para sostener la fachada, la Fiscalía determinó que Santos, quien desde hace cinco años se desempeñaba como fuente no formal de la policía nacional, al parecer mintió al afirmar que se reunió con el uniformado para contarle sobre alias Pini. Pero el material probatorio y la evidencia dan cuenta de que en realidad Santos ni siquiera estaba en Bogotá para reunirse con Gómez.

De esa manera, las investigaciones dejaron al descubierto que los dos procesados de común acuerdo habrían entregado información falsa a una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción en dos diligencias de declaración jurada en el marco de una investigación por interceptaciones ilegales a exempleadas de la exjefe de gabinete Laura Sarabia.

Para ser más precisos, con las falsas afirmaciones y coartadas del uniformado y el civil se realizaron informes de policía judicial para solicitar interceptaciones ilegales a los conocidos de Marelbys Meza. “Se habría concretado una estrategia criminal de información que hizo incurrir en error a la fiscal adscrita a la Seccional Bogotá que investiga el caso del hurto de los dólares en la vivienda de Laura Sarabia”, explicó el ente.

Este caso se enmarca en el escándalo de las chuzadas luego de que en la casa de la funcionaria Sarabia se perdiera ese maletín. Inicialmente se conoció que se practicó una prueba de polígrafo a las extrabajadoras, hecho por el que fue llamada a interrogatorio Sarabia el pasado 5 de septiembre, pero su caso pasó a la Corte Suprema luego de que el presidente la designara como directora del DPS y adquiriera fuero. Por eso, Sarabia ya no es investigada por la Fiscalía.

Mientras tanto, los funcionarios de la Policía que al parecer estuvieron involucrados en esa red de escuchas ilegales siguen siendo investigados. Al subintendente Gómez y al civil Santos les imputaron el delito de fraude procesal y un juez de control de garantías ordenó la detención en centro carcelario de ambos. Ninguno de los dos aceptó la responsabilidad en los hechos.