Así operarán los “jueces agrarios” que busca crear el presidente Petro para temas de predios

Si algo ha generado expectativa entre las víctimas de la guerra y en los municipios más golpeados por la violencia es el arribo de los llamados jueces agrarios, funcionarios que en un plazo no mayor a tres años deben hacer presencia en la mayor cantidad de zonas rurales del país.

No solo resolverán líos de tierras y predios, sino que tienen que encargarse de llevar a esas zonas la justicia que por décadas les ha sido esquiva. ¿Cómo lo harán?

La figura —que se sumaría a jurisdicciones ya existentes como la ordinaria (altas cortes) o la misma JEP (justicia transicional)— está prevista en el proyecto que el Gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso para crear la Jurisdicción Especial Agraria y Rural, uno de los compromisos del acuerdo de paz firmado en 2016 con las extintas Farc.

Según la iniciativa, los jueces agrarios empezarán a operar en los llamados territorios PDET, municipios afectados por el conflicto y que han sido priorizados en la implementación del acuerdo. Su tarea será dirimir los litigios que surjan sobre la propiedad agraria, que son considerados una de las principales fuentes de la guerra.

Además de los jueces municipales agrarios, habrá jueces del circuito agrario, magistrados agrarios en los Tribunales Superiores del Distrito y una Sala Agraria en la Corte Suprema de Justicia. Aunque el proyecto oficial no determina el número de jueces y magistrados que habrá, pues eso quedará en manos del Consejo Superior de la Judicatura, lo cierto es que habrá una jurisdicción nueva, con la creación burocrática y presupuestal que eso implica.

Para Ana Jimena Bautista, coordinadora de la línea de tierras y campesinado del Centro de pensamiento Dejusticia, esto servirá para agilizar las disputas por tierras que —en algunos casos— llevan más de 40 años sin solución.

De acuerdo con cálculos de la Casa de Nariño, el 81,5% de los procesos agrarios que se han identificado aún están en fase preliminar de solicitud de inicio formal, el 10% está en apertura de trámite administrativo y solo el 3% está en su recta final.

El número de hectáreas afectadas por este rezago se calcula que supera el millón y medio, que es la mitad de lo que el Acuerdo de Paz se comprometió a repartir entre campesinos a través del Fondo Nacional de Tierras

Bautista agrega que esta medida, sin embargo, no puede funcionar sola, se necesita fortalecer la institucionalidad agraria, incluyendo el Instituto Colombiano Agustín Codazzi (IGAC), principal responsable de llevar el catastro, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Agencia Nacional de Tierras; esta última se encarga de la primera fase de todos los temas administrativos en materia agraria.

“Lo que se necesita es una serie de desarrollos legislativos que complementen todos aquellos elementos que necesitamos para convertir el sector agropecuario en una potencia mundial, en una manera autosostenible y equitativa”, añadió la ministra de Agricultura, Cecilia López.

La duda que surge es cuántos recursos deberán invertirse en este proceso y de qué forma se garantizará que no terminen desviados. Petro dijo que estaría vigilante