Cirugías plásticas en Colombia, un problema sin doliente

Nueve mujeres muertas en Medellín por cirugías plásticas, al menos 10 demandas contra médicos que no procedieron de manera adecuada, quejas contra el Ministerio de Educación por permitir que cirujanos sin suficientes años de estudio operaran. En fin, cientos de víctimas que el Estado no ha logrado contabilizar y que hasta este año son visibles.

El caso de Lorena Beltrán se ha convertido en el ejemplo donde confluyen diferentes irregularidades durante una cirugía plástica: un médico con unas credenciales sospechosas, una cirugía de reducción de senos que dejó cicatrices imborrables, un tratamiento para recuperar el daño que no funcionó y un aval por parte del Ministerio de Educación al médico que operó.

El cirujano en mención presentaba en su currículum un “posgrado” de la Universidad Veiga de Almeida de Brasil. Posgrado que fue convalidado por el Ministerio de Educación pero que en el mismo país carioca califican como un “título exprés” debido a la corta duración y a la ausencia de rigurosidad que puede tener frente a un posgrado “estricto” o una maestría.

Este no es el único caso. Desde mayo hay una polémica entre los médicos que han estudiado este tipo de posgrados y la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (Sccp). Todos los reflectores apuntaban a la ministra de Educación, Gina Parody, pues ella debía definir si los títulos de la Universidad Veiga de Almeida de Brasil eran convalidables o no.

La semana pasada la ministra dijo que sí habían sido convalidados y que no los iba a suspender o eliminar. Esta decisión causó malestar no solo en el gremio médico que busca mejores condiciones para que operen los cirujanos plásticos; las víctimas también le han solicitado una actitud coherente al Ministerio de Educación.

Esta fue la justificación del Ministerio para convalidar los títulos: los médicos estudiaron 6.256 horas presenciales (260 días) de cursos de cirugía plástica en un lapso de tres a cuatro años. El programa de posgrado, pese a ser semipresencial, tenía aval de la Universidad y eso le bastó al Ministerio para aprobar los títulos.

Aunque la ministra se mostró preocupada por “los casos que estamos viendo en el país, donde tenemos mujeres víctimas de cirugías plásticas”, las organizaciones médicas no están satisfechas. Pese a que esperaban respuestas, ahora quedan más dudas por resolver.

La indignación

La primera en reaccionar fue Lorena Beltrán: “Nadie discute la legalidad de la universidad, ni de los programas exprés, lo que se discute es que esos cursos exprés no son equivalentes a especializaciones, y al dar el aval, el Ministerio de Educación incurrió en un grave error que entiendo que no va a corregir por el momento”.

La ministra Parody intentó calmar los ánimos anunciando un proyecto de ley que presentará con el senador Jorge Iván Ospina, del Partido Verde. Proyecto que, valga la pena decirlo, se ha impulsado en los últimos años sin el aval gubernamental y pasa desapercibido (en la última legislatura se hundió).

“Me da tristeza cómo las víctimas recibimos una respuesta tan irrespetuosa y poco solidaria. Celebro que ahora quieran impulsar el proyecto de ley, pero con eso no pueden evadir su responsabilidad”, respondió Lorena Beltrán ante el anuncio del Ministerio.

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas también ve con preocupación la forma como el Gobierno está enfrentando este problema. En parte porque el Ministerio está justificando la siguiente lógica: “falsos especialistas que realizan cursos en el exterior, reciben certificaciones y, finalmente, son convalidados en el país sin las mínimas exigencias académicas”.

El mensaje de la Asociación frente a la convalidación de títulos exprés fue contundente: “La titulación de posgrado en cirugía plástica y todas las demás especialidades médicas y quirúrgicas debe basarse no simplemente en la legalidad de unos cursos sino en el nivel de competencias adquiridas en las distintas fases de formación (...) Nos preocupa que el ánimo de conciliación fisure el rigor exigible en la formación de posgrado médico y se abra una brecha a la impericia”.

En diálogo con EL COLOMBIANO, la presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, Lina Triana, también manifestó preocupación “por las declaraciones de la ministra. Se le está dando una carta abierta para que cualquier médico haga cualquier tipo de procedimiento. Las especialidades médicas tienen que ser de carácter presencial y no de manera virtual. No se pueden homologar títulos semipresenciales”.

Para un porcentaje importante de cirujanos no resulta lógico que sus pares obtengan un trabajo similar sin estudiar lo suficiente. Alfredo Patrón, cirujano especializado en la Universidad de Antioquia, aseguró que “desde el 8 de junio le enviamos una carta al Ministerio señalando que no estábamos de acuerdo con esas convalidaciones. De hecho, al aceptarlas condenan al país a un subdesarrollo educativo. Estos argumentos lamentablemente no fueron tenidos en cuenta”.

Para Liliana Fragoso, otra víctima por una cirugía plástica mal practicada por uno de los médicos que estudió en Brasil, “más que una autoridad, la ministra es mujer. Sus familiares podrían a ser víctimas de este tipo de médicos que sin ningún escrúpulo le causan daño a las personas por su beneficio. Esto debería crear en ella algún tipo de solidaridad. No fueron uno, dos o tres conceptos. Las universidades, las sociedades científicas y los gremios médicos se pronunciaron y ella los pasó por alto para protegerse. Le diría que acepte, que es de humanos equivocarse”.

Por ahora, se presume que el Ministerio de Educación no ha aceptado su responsabilidad debido a las contingencias judiciales por las que tendría que responder. De hecho, solamente revocar los títulos enfrentaría al Ministerio con cientos de médicos a los que les han convalidado sus cursos en el extranjero.

El proyecto de Ley

Para que Colombia, en donde se practican anualmente 350.000 cirugías plásticas, mejore las condiciones, se deberá contar con una regulación legal que actualmente no existe. Este vacío lo ha reconocido el Ministerio de Educación y por eso anunció un proyecto de Ley.

La semana pasada firmó un convenio con la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva “en pro del fortalecimiento de los conceptos técnico académicos emitidos al interior del proceso de convalidación de títulos de educación superior del nivel académico de posgrado de los programas de cirugía plástica”.

Convenio que, pese a que llega tarde, podría ser la antesala a lo que se definirá en el proyecto de Ley. Ahora la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica estudiará, como perito, las solicitudes de convalidación. El acuerdo establece que no es una regla general, sino cuando el Ministerio lo considere necesario. De fondo, sin embargo, se mantiene una álgida pelea entre la Sociedad y un gremio de médicos que están en contra de que sea la Sociedad la que defina cómo deben practicarse las cirugías.

El senador Jorge Iván Ospina explicó que su proyecto de Ley es indispensable en el contexto actual: “están ocurriendo muertes y daños a la vida porque hay irresponsables haciendo procedimientos. Hay una industria de la salud de gran importancia que ha crecido exponencialmente en el país y que el Estado no ha tenido en cuenta para regular”. De hecho, el Ministerio de Salud le ha delegado la vigilancia y control de cirugías plásticas a las Secretarías de Salud.

Como está planteado, el proyecto de Ley define cinco ejes para mejorar las prácticas de las cirugías plásticas en el país: “reglamenta la práctica de la cirugía plástica con fines estéticos; dispone que solo un médico que cuente con especialización podrá realizar cirugía plástica con fines estéticos; crea el Registro Nacional de médicos especialistas en especialidad médico-quirúrgica (donde aparecerá la hoja de vida del cirujano y sus títulos avalados por el Estado); prohibirá a las clínicas, centros médicos y establecimientos de salud permitir a una persona que no se encuentre en el Registro Nacional practicar cirugías, y crea el seguro obligatorio de gastos médicos por complicaciones en procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos”.

Según la ministra Parody, las universidades de Antioquia y Nacional aportarán a este proyecto de Ley para blindar legalmente las cirugías plásticas, algo que también esperan los pacientes de ortopedia y cardiología, por ejemplo.

Y aunque sea tarde, víctimas como Liliana Fragoso insisten en que la ministra asuma la responsabilidad por las convalidaciones: “No solo por mí. Si usted tiene hermanas, estoy segura de que ellas en algún momento han pensado en practicarse una cirugía”.

La estrategia del Ministerio

En los últimos días el Ministerio de Educación ha buscado una salida efectiva para las convalidaciones. El primer paso fue trasladarle la responsabilidad a la Fiscalía para que asuma las investigaciones: “El 8 de julio recibimos la denuncia de un ciudadano con datos muy preciosos, quien puso en conocimiento del Ministerio la presunta comisión de conductas punibles por parte de médicos (...) Es la Fiscalía el ente competente para determinar si los mencionados médicos realizaron prácticas en los lugares y fechas que manifestaron en la documentación que ellos entregaron al Ministerio”, dijo Parody.

La denuncia que reposa en Fiscalía contiene el historial académico de 43 médicos colombianos que se habrían graduado de la Universidad Veiga de Almeida sin requisitos suficientes. Los médicos, de acuerdo con la denuncia, no cumplieron con las horas requeridas para recibir el título de cirujanos. Según el informe que presentó la Comisión que envió el Ministerio a Brasil, los galenos estudiaron 6.256 horas presenciales en un lapso de tres a cuatro años. Información que no coincide con la que le entregó la institución universitaria al diario brasileño O Globo. Según el medio, los médicos estudiaron 2.000 horas (83 días) en tres años, “de las cuales 672 horas eran prácticas”.