“Si no están contestando, es que lo están haciendo”: Casanova guarda silencio sobre chuzadas
El senador David Luna asegura que la Dirección Nacional de Inteligencia no respondió un derecho de petición sobre las interceptaciones ilegales.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que dirige el exM-19 Manuel Alberto Casanova se negó a responder un derecho de petición presentado por el congresista de Cambio Radical, David Luna, en el que le solicitaban aclarar si desde ese despacho se han ordenado interceptaciones ilegales, perfilamientos y seguimientos a periodistas, figuras de la vida política colombiana e integrantes de la Fuerza Pública.
En un documento de 12 páginas enviado al despacho del senador opositor, la entidad a cargo de las labores de inteligencia del Estado se abstuvo de responder el cuestionario que este le había solicitado, argumentando que la instancia llamada a hacer control político para la entidad es la Comisión legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso.
Por esa negativa de la oficina de Casanova a detallar si el Gobierno chuza o no, el senador anunció la citación a debate de control político a Casanova, quien es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro, pues ambos se conocieron en sus tiempos de guerrilleros en el desaparecido M-19.
Dice Luna que “la respuesta es lamentable, no contestan ninguna de las preguntas y se amparan en que no lo tienen que hacer. Es increíble la falta de respeto ante el Congreso y los ciudadanos”. Según el congresista, “todo lo que preguntamos es de la máxima gravedad y seguramente, si no lo están contestando, es que lo están haciendo”.
La Comisión de Inteligencia que estaría llamada a estudiar el caso está conformada por 8 congresistas entre los que apenas hay 3 de partidos de oposición (Cambio Radical y el Centro Democrático) mientras que los otros 5 son de bancadas afines al presidente Petro (Alianza Verde y Pacto Histórico), una matemática política que da cuenta de qué tanto puede prosperar ese proceso. Es más, que esa plenaria abra folios para indagar las presuntas interceptaciones ilegales que habría perpetrado el Gobierno –en medio del caso de las chuzadas de la exjefa de gabinete, Laura Sarabia– depende de una determinación de la Comisión y no solo del llamado de la oposición.