Carolina Corcho rompe el silencio y sale en defensa de la reforma a la salud: “El 95 % de lo que aprobó la Cámara lo acordé yo”

Carolina Corcho habla con el reposo y la paz de quien se deshace de una pesada carga. No lo dice, pero se le ve cómoda y serena en su rol contemplativo, pero no por ello indiferente. Siete meses han pasado desde que tuvo que renunciar al gobierno de Gustavo Petro en medio de una insostenible crisis política causada por una de las iniciativas más controvertidas del “gobierno del cambio”: la reforma a la salud.

Ya sin la batuta de una de sus progenitoras, el proyecto –que causó la ruptura de la coalición en el Congreso y hundió al presidente en las encuestas–, avanza y parece fortalecido tras superar su segundo debate en la Cámara de Representantes. Con todo, la división y la pelotera persisten, como también la incertidumbre y el miedo. En juego está un derecho tan fundamental como lucrativo: la salud.

“La discusión se personalizó contra mí, se degradó, se volvió personal”, dice ahora la exministra de Salud en una entrevista con EL COLOMBIANO, uno de los pocos medios con los que ha accedido a hablar tras su exilio obligado del Gobierno.

Siendo incondicional escudera de Petro, Corcho desmiente en este diálogo las alertas de quienes han dicho –desde la sociedad civil, la academia o los gremios–, que la reforma atenta contra pacientes y usuarios, y pone en jaque la sostenibilidad del sistema de salud. En esa línea, se queja de la “desinformación y mentira” que, dice, promueve la oposición. Niega que se vayan a eliminar las EPS y revindica que “lo que se recupera es un manejo público y transparente de los recursos públicos”.

Incluso –al reclamar que lo que hay hoy es un “sistema de salud turbio y opaco”–, no se guarda nada contra su excompañero de gabinete, Alejandro Gaviria, al punto de cuestionar su autoridad moral y asegurar que, en lugar de ayudar a construirlo, ‘obstruyó el cambio’. Hoy, a semanas de que el proyecto llegue al Senado, pide también “mayor altura política” en lugar de “saboteo y desinformación”.

La Cámara aprobó en segundo debate la reforma, ¿qué balance hace de la discusión y de lo que revisará ahora el Senado?

“Es afortunado que las mayorías del Congreso hayan podido superar una estrategia de la oposición de filibusterismo, saboteo y obstruccionismo que degradó y desgastó el debate. Hubo una campaña de desinformación por parte de la oposición emitiendo conceptos que no correspondían a lo que se estaba votando, generando pánico y animadversión contra la reforma. Las mayorías de la Cámara pudieron organizarse para sacar adelante una reforma en favor del pueblo colombiano”.

¿Cómo le pareció el trabajo de su sucesor, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien últimamente ha tenido varias salidas en falso?

“Lo primero que hay que decir es que la reforma que aprobó el Congreso mantiene las líneas esenciales que habíamos acordado con el conjunto de los partidos políticos y las organizaciones representativas de la sociedad civil. Por supuesto hubo algunas modificaciones, porque este es un debate democrático”.

¿Se siente satisfecha con lo que se aprobó?

“Hubo consenso frente a la atención primaria en salud como eje central de la reforma, es decir, que todos los colombianos, cerca de su casa o trabajo –y bajo el principio de libre elección–, tengan los servicios básicos. Me refiero a las urgencias, la medicina general o la odontología. Pero también los equipos extramurales de personal de la salud, que va a la calle, a las casas y a las escuelas (en lo rural y en lo urbano), haciendo la detección temprana de la enfermedad.

Hoy hay un sistema de alto costo en el que la puerta de entrada se volvió el servicio de urgencias, donde la gente llega ya con el cáncer avanzado, con la diabetes o con conductas suicidas, pese a que todo se puede detectar a tiempo. La Cámara aprobó todo esto, que va a transformar para siempre la salud en Colombia y la pone a vanguardia de las grandes discusiones de los países del mundo y de la Organización Mundial de la Salud.

El segundo elemento central que logra esta reforma es que garantiza transparencia en el manejo de los recursos públicos. En Colombia tenemos una dificultad y es que manejamos $81 billones de aportes de los colombianos y de los impuestos de las cotizaciones de los trabajadores, pero estos recursos se entregan a unos intermediarios y el Estado perdió el control de lo que pasa con esta plata. Tenemos deudas de EPS con clínicas y hospitales que superan los $23 billones y una crisis permanente de cierres de servicios de pediatría y obstetricia que dizque porque no resultan rentables”.

¿Qué cambia entonces con la reforma?

“Con lo aprobado, esto se acabaría en Colombia, porque hay un pagador único. Así funcionan los mejores sistemas de salud del mundo, con un sistema de información en línea transparente y donde todos podamos ver que esa plata llegue directamente a aquella clínica privada u hospital, y sea usada no para otros negocios.

Y eso me da paso para el tercer punto, que es la formalización y dignificación de los trabajadores. Ciertos recursos llegan directamente a las clínicas y hospitales, pero no tenemos que estar viendo fenómenos de renuncias, como las que vemos de médicos y especialistas por pagos retrasados. Ahora tendremos el pago oportuno porque la reforma resuelve el flujo de recursos para que todos los colombianos sean atendidos”.

Para algunos, la aprobación de la reforma dejó un sabor agridulce por ciertos puntos y hasta salió una encuesta que revela solo el 24 % de los colombianos la apoya. Es decir, 1 de cada 4 personas. ¿Por qué cree que la reforma ha generado tanta división y tal nivel de pugnacidad?

“Porque hay mucha desinformación y mentira, entonces la ciudadanía colombiana no sabe realmente lo que se está aprobando en el Congreso. Se les ha dicho que vamos a estatizar el sistema de salud. Eso no es verdad. El sistema seguirá siendo mixto, público y privado. Las clínicas privadas que hoy prestan los servicios, los centros de salud y de diagnóstico seguirán funcionando e inclusive mejor, porque se les va a pagar a tiempo.

Se les ha dicho a los colombianos que vamos a volver al Seguro Social. Es falso. En ningún momento vamos a retroceder al pasado. Se les ha dicho que vamos a quitarles los tratamientos y vamos a destruir el sistema. Es falso. Todo colombiano que hoy tenga sus tratamientos de alto costo, de enfermedades raras o crónicas, va a continuar siendo atendidosen sus clínicas y hospitales. Nada de esto se va a perder, pero sí lo que va a pasar es que quienes hoy no acceden a este servicio, que es mucha gente, sí va a poder hacerlo. En Colombia se pone una tutela cada 3 minutos por inatención, hay más de 1’300.000 quejas por inatención al sistema y 500.000 tutelas al año suplicando por la vida. Esto es lo que queremos superar.

También han dicho que vamos a eliminar las EPS. Es falso. En el consenso que logra el Congreso las EPS funcionales se convierten en Gestoras de Salud y Vida con diferentes funciones para construir sobre lo construido, para que aporten el conocimiento de lo que saben hacer, la articulación en la entrega de medicamentos, la referencia desde el nivel primario a los especialistas, a la mediana y alta complejidad, la auditoría sobre las clínicas y hospitales para hacer un debido control del gasto. Esta reforma no elimina las EPS, lo que recupera es un manejo público y transparente de los recursos públicos”.

¿Qué tan cierto es que, a mitad de su trámite en el Congreso, aún no se sabe el costo de la reforma? Hay quienes reclaman que solo hay un concepto de factibilidad fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda,

“Se ha dicho que no se sabe cuánto cuesta esta reforma y que va a haber una quiebra del sistema. Todo esto es falso. La reforma fue radicada con estudios económicos dirigidos por quizás uno de los mejores economistas de este país, Luis Jorge Garay. Esos estudios fueron aprobados por el Ministerio de Hacienda que, de acuerdo a la Ley Quinta (que regula el Congreso), tiene plazo hasta el último debate en Senado para presentar el informe de impacto fiscal, porque la reforma va cambiando de acuerdo con el debate democrático de los partidos. Aun así, se presentaron unos preliminares y son así porque no ha terminado el debate, y allí se dice que es perfectamente viable.

Se le dice al país en algunos titulares que la reforma va a costar $140 billones. En ningún caso el Ministerio de Hacienda ha dicho eso. Lo que se ha planteado es que a una década los recursos de la salud, que hoy son $84 billones y el próximo $89 billones, van a ir aumentando hasta superar los $100 billones, ¿y la reforma de qué se financia? De los recursos que hoy tenemos y van a aumentar en los próximos 10 años. El Ministerio solo está diciendo cuánto será el costo adicional. El próximo año será menos de $1 billón.

Tenemos los recursos para salvar vidas. Está demostrado en el país ya con dos estudios económicos, tanto del DNP (Departamento Nacional de Planeación) como lo hecho por Luis Jorge Garay. Por tanto, es esa desinformación la que tiene confundida a la ciudadanía”.

Hablemos de uno de los puntos más polémicos: la transición de dos años para que las EPS pasen a ser Gestoras de Salud y Vida. En una carta, exministros advertían que las funciones esenciales de las EPS quedarán dispersas en hospitales públicos, secretarías de Salud y Ministerio de Salud, “que no tienen las capacidades ni la experiencia, poniendo en riesgo la continuidad, oportunidad e integralidad en la atención”. ¿Qué opina?

“En riesgo está hoy en Colombia la continuidad, la fragmentación y la integralidad. La Ley 100 lleva tres décadas y no ha terminado su transición. Empezaron 157 EPS que se fueron liquidando en los gobiernos a los cuales pertenecen los exministros. La mayorías de EPS hoy no cumplen con los estándares mínimos para manejar billones de recursos de los colombianos y para responder con la atención. Estamos viendo casos de ciudadanos que viven en Medellín y los trasladan a Bucaramanga para hacer trasplantes cuando aquí tenemos clínicas de trasplantes. Estamos viendo el paseo de la muerte y cómo las EPS hoy privilegian su integración vertical. ¿Esto qué es? Yo tengo mi clínica y me contrato a mí mismo y privilegio para que se atienda allí la gente para facturarme a mí mismo. Esto se llama fragmentación y está afectando la continuidad de las prestaciones de servicios de salud.

Además, estas EPS, durante los gobiernos de los exministros, acumularon deudas superiores a $23 billones con clínicas, hospitales y centros de salud, muchos de ellos privados que tuvieron que cerrar. Pero además estas EPS, que le dijeron al país los señores exministros que eran aseguradoras, no son tal. Eso quedó demostrado porque un asegurador, por principio básico del aseguramiento, tiene que tener un reaseguro.

Le pongo el ejemplo de Hidroituango. Tienen un seguro y en el momento en que se desploma la obra el reaseguro entra asumir los costos. Eso nunca pasó en el sistema de salud en Colombia. Se liquidaron EPS y nunca hubo reaseguros que respondieran por deudas. Arrasaron con clínicas y hospitales. Esa Ley 100 nunca terminó la transición y los ministros que firmaron esto lo que se dedicaron fue a administrar la crisis y a no contarle la verdad al país que en los estados financieros de las EPS esos reaseguros, que se denominan también reservas técnicas y que son el respaldo financiero para que el sistema de salud financieramente sea viable, no lo resguardaron.

La Superintendencia dijo que las EPS tienen un déficit de reservas técnicas de $12,4 billones ¿Esto qué significa? Que deberían tener invertidos por exigencia de la norma con capitales y con caja líquida $12,4 billones, los cuales tendrían que inyectarle al sistema para solventar billonarias deudas. Pues hemos encontrado que no tienen estos recursos y eso es porque no han asegurado el sistema. Finalmente todo este desfase fiscal lo hemos terminado pagando los colombianos”.

¿Cómo la reforma ataja estas dificultades?

“Desde 2014 la Contraloría General advertía a los gobiernos que esto iba mal financieramente y que había que tomar medidas de fondo. Desde 2008 la Corte Constitucional le dijo a esos gobiernos de los exministros que no era cierto que en Colombia hubiese cobertura universal. Tener carnet no es acceso universal. Y desatendieron esto. Entonces aquí se hace una propuesta para resolver estos problemas de fondo y aparecen unas críticas, que además no tienen correspondencia con el articulado.

En esta carta hablaban de que íbamos a acabar la UPC, que es el monto per cápita que se paga por cada afiliado por parte del Estado. Esto no es verdad. El Congreso aprobó un articulado para que se mantenga ese pago que el Estado hace por cada ciudadano y los tratamientos. Es más, se va a hacer de manera más transparente.

Hoy la UPC se calcula por autorreporte de las EPS, que van y le dicen al Ministerio ‘atendimos tantas personas e hicimos tantos procedimientos’ y, sin auditoría, el Ministerio simplemente asumía que era así y se giraba esa plata. Es un sistema de salud turbio y opaco que nunca tuvo información transparente que diera cuenta del manejo de los recursos públicos. Y todo esto es lo que pretende superar la reforma”.

Otro de los puntos controvertidos tiene que ver con la estructura y las funciones de los denominados Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Se ha reclamado que la iniciativa plantea la creación de 2.000 CAPS en apenas dos años. ¿Eso es así?

“Esto es parte de la desinformación que también le han dicho a la gente. Un CAP no es un puesto de barrio paupérrimo. Estamos hablando de una infraestructura muy importante en la que tenemos en algunas partes unas hospitalizaciones básicas, servicios básicos primarios e inclusive, en algunos puede haber especialistas. Esto está cerca de la casa o del trabajo de la persona.

Cuando un ciudadano le pide la cita a la EPS, esta no es más que una intermediaria financiera porque finalmente al ciudadano lo atienden la clínica y el hospital. Eso también lo quiero aclarar, porque lo que dicen los exministros es que se va a acabar la prestación de servicios porque se transforman las EPS en Gestoras. No, es que las EPS no son las que prestan los servicios. A uno lo atiende un centro de salud, una clínica o un hospital a través de un médico especialista. No la EPS. Las EPS son un mecanismo de captura de recursos públicos para intermediar el pago de lo que se atiende.

Hoy el país ya tiene CAPS privados. Vamos a construir sobre lo construido. Con el nuevo sistema de pronto le van a decir ‘venga, quizá hay un CAP más cerca de su casa o trabajo y usted escoge’. Más de 20 millones de colombianos de los barrios populares y de zonas rurales y dispersas no cuentan con esos centros porque no se construyó esa infraestructura. Todo se dirigió solo a las grandes ciudades y ahí es donde se tiene que tener una respuesta del Estado. Pero con reforma o sin reforma esto se tiene que hacer, porque es un derecho constitucional fundamental y un mandato de una ley.

Lo que tiene que hacer el Estado es mirar los centros privados que hay y complementar con lo público para poder construir allí donde no hay. Pero es que esto lo debió haber hecho Colombia hace 30 años ¿Cómo puede tolerar este país que habiendo $81 billones al año para la salud más de 600 municipios no tengan ni siquiera un centro de salud básico cuando tenemos los recursos para hacerlo? Esto es un intolerable de justicia social porque esos recursos no son privados. Son inversiones de capital privados y son aportes de los colombianos para que de manera solidaria quienes no nos enfermemos financiemos al que se enferma. Eso es lo que se llama el aseguramiento social y eso se mantiene, el Congreso lo votó. Con los gastos recurrentes del Ministerio de Salud se puede hacer esa cobertura planificada”.

¿Y cuántos CAPS puntualmente serían?

“Estamos hablando que necesitaríamos un CAP entre 17.000 y 25.000, habitantes de un territorio*, pero eso no necesariamente es tan taxativo porque tenemos zonas de dispersión. Por ejemplo, hay zonas donde 25.000 personas viven en un territorio muy extenso. Según esto, tenemos que hacer el mapa de lo que las cajas de compensación tienen. Las gestoras tienen otros. Los hospitales de primer nivel otros. Hay por lo menos 900 en Colombia y lo que habría que hacer es mejorar esa infraestructura, llevarla a un nivel de dignidad y dotarlo de tecnología. Eso no nos cuesta más en las cotizaciones que hicimos el año pasado de $11.000 millones por CAP. Eso no es nada frente a todos los recursos, el presupuesto de $81 billones y las cotizaciones que aportamos los colombianos para que haya justicia y equidad en Colombia”.

Uno de los puntos más álgidos de la reforma tiene que ver con las funciones de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). ¿Qué implica que sea el pagador único del sistema?

“Una implicación muy positiva. Así funcionan los grandes sistemas de salud en el mundo. Es que el único sistema de salud donde se concibieron 150 burocracias para ordenar el gasto y para administrar un solo sistema de salud es Colombia. Eso es perverso. Cuando usted cuenta eso en otros países del mundo preguntan cómo se llegaron a tolerar 157 burocracias: EPS particulares para manejar privadamente recursos públicos de los colombianos que terminaron por no llevar la plata hacia quienes atienden la salud.

Aquí hay un pagador único que en sí mismo no tenemos que inventarlo, porque lo creó el gobierno de Juan Manuel Santos: la ADRES, que hace millones de transacciones al mes de manera transparente. Se puede entrar a la página y consultar cuáles son los pagos que ha hecho, mientras que si entra a la EPS no se sabe cuáles son los pagos que se ha hecho. Aun así manejan recursos públicos que se pierden del control ciudadano, fiscal, disciplinario y penal que deben tener recursos públicos. La ADRES dará esa garantía, porque en sí mismo es un sistema de información público que, con las tecnologías de innovación e inteligencia artificial, nos dará cuenta de cómo llega esa plata a cada parte.

Algunos dirán ‘es que la ADRES no tiene capacidades’, pero cómo así que entonces el sector financiero sí puede tener un sistema de información centralizado o facturación electrónica, y el único que no puede es el sector salud. La pregunta que yo hago a quienes se oponen a que en Colombia haya un sistema de información transparente es ¿por qué se oponen a que los colombianos sepamos cuando eso son inversiones de baja cuantía? El Ministerio de Hacienda está hablando de alrededor de $73.000 millones al año. Eso no es plata para el gasto público del Estado para poder invertir en tecnologías de la información, para saber a dónde va cada peso y para cuidar $81 billones”.

El exministro Alejandro Gaviria ha dicho que la ADRES no tiene la capacidad para ser ordenador del gasto. Advierte que no habría control del gasto, por lo que “la quiebra del sistema será inevitable y acelerada”. ¿Qué le responde?

“Lo que estoy preguntando es cuál es el control del gasto que existe hoy de los recursos de la salud cuando él fue ministro durante 6 años y permitió que se calculara la UPC por autorreporte de las EPS sin ninguna auditoría, ¿cuál es ese control del gasto transparente que hay ahí?, ¿cuál es el control del gasto que hay hoy, cuando ni siquiera sabemos cuáles son los contratos, cuáles son las cifras y cuánta es la plata que se giran las EPS a sí mismas a través de su integración vertical?, ¿hay control del gasto? No hay ningún control del gasto.

¿Cuál es el control del gasto que hizo el doctor Gaviria? Porque es que él ya ensayó su fórmula para resolver la crisis de la salud y fracasó estruendosamente. Es que al doctor Gaviria le tocó el caso de Saludcoop, en el cual se demostró una defraudación al Estado colombiano por $1,5 billones. Se los robaron con fines distintos a la salud. Al doctor Gaviria le tocó enfrentar eso. Liquidó Saludcoop. Trasladó a esos pacientes a Cafésalud. Sacó $200.000 millones públicos para capitalizar una empresa privada con recursos públicos y luego sacó a esos ciudadanos y los trasladó a Medimás. Crearon Medimás, ¿y en qué va? Ya está liquidada. ¿Y en qué terminó Medimás? En una investigación de la Contraloría porque pasó lo mismo que Saludcoop: casi $1 billón presuntamente se robaron en Medimás y esa fue la solución del doctor Gaviria frente a Saludcoop.

Entonces, ¿cuál es la autoridad moral del doctor Gaviria alrededor de los resultados que ha presentado frente a la salud para venir a decir que el país no debe tener un sistema de información? La pregunta es: ¿quiénes dicen que la ADRES no debe ser un sistema de información y que no puede haber inversión pública?, ¿cuál es el interés que les asiste de que el sistema de salud continúe en la opacidad y en la turbidez sin sistema de información y con una plata pérdida? En este momento eso es solamente lo que sabemos por las investigaciones de los entes de control, pero no se ha investigado todo el flujo de estos recursos.

Uno de los puntos aprobados indica que la ADRES pagará el 85 % de las facturas “sin control previo ni concurrente” y que la entidad auditará solo el 15% las facturas y “de manera aleatoria”. Por ello, la representante Catherine Juvinao lo calificó como el artículo “más bárbaro, irresponsable y peligroso de la reforma”. Por su parte, la representante Jennifer Pedraza lo catalogó como un “orangután”, ¿qué les responde?

“Eso nuevamente hizo parte de la estrategia de desinformación de la oposición. Pura desinformación, pura mentira, porque si usted lee todo el proyecto de ley... Yo no le pido a un periodista o a un ciudadano del común que tenga el conocimiento del proyecto, pero a un parlamentario sí. Cuando un parlamentario sale a mentir sobre algo que no es cierto en un proyecto de ley –y su función es leerlo y legislar, porque los colombianos les pagamos más de $40 millones–, lo que asistimos es a una degradación de una función pública de una corporación tan importante como el Congreso.

El proyecto es absolutamente claro en las funciones de las Gestoras y estas congresistas firmaron inclusive esa proposición, pero no puede ser uno tan deshonesto, ir a firmar allá y decirle otra cosa al país para generar confusión y pánico.

Hay auditoría permanente, auditorías que no tiene hoy este sistema de salud. Recordemos que hoy giramos $81 billones a las EPS sin auditoría. Aquí las EPS se vuelven Gestoras y hay auditoría permanente y concurrente. Pero además hay auditoría de la ADRES sobre el auditor de manera aleatoria. Inclusive, si la ADRES observa que hay aumento de frecuencia de usos o comportamientos anómalos, puede ordenar una interventoría. Y eso está en el articulado.

Ese artículo en específico del 85 % no es de la auditoría, sino para el flujo de caja de la prestación de servicios. Usted tiene unas clínicas y unos hospitales que prestaron servicios, pues tiene que dar 30 días de plazo para pagarle contra factura el 85 %, porque usted no puede estar esperando mes a mes el resultado de una auditoría porque paraliza los servicios, paraliza el pago a los trabajadores y la atención a los pacientes. Entonces se les paga posterior a esa prestación de servicios 85 %, que eso no pasa hoy en Colombia porque las EPS deben hasta más de un año y luego sobre auditoría ese 15 % pueden pagar o tienen que devolver la plata si en esa auditoría hay anomalías, pero eso no quiere decir que no hay auditoría concurrente sobre ese 85 %. Lo que pasa es que usted no puede estar mes a mes esperando resultados de auditorías porque si no paraliza la prestación de servicios.

La ley 1122 de 2007 inclusive contempla unos tipos de contratos en los que se da el 100 % por anticipado, el 50% también anticipado y otro 50 % contra auditoría. Eso no se cumple y ha cerrado clínicas y hospitales, y esa es la razón por la que muchos médicos están renunciando: porque no les pagan. Eso es lo que pretende corregir esta reforma”.

Usted salió del gabinete en abril pasado en medio de una delicada crisis política del Gobierno. Pasados siete meses, ¿qué balance hace?, ¿siente que fue su responsabilidad la crisis que desató la reforma?

“Esto ya lo he aclarado a la opinión pública respecto específicamente de un libro que escribió el exministro Alejandro Gaviria con bastantes imprecisiones, además que connota una deslealtad, porque cuando uno hace parte de un gabinete pues evidentemente uno tiene una reserva legal frente al Jefe de Estado. Pero dado que él la rompió me correspondió salir a la opinión pública a aclarar las imprecisiones e inexactitudes que él de manera subjetiva contempla en ese libro, que no es más que un montón epítetos y adjetivos sobre el Jefe de Estado, y consideraciones de él.

Lo que hubo en ese momento –y eso se lo expliqué al país– es que el doctor Alejandro Gaviria, con un grupo de ministros, lo que hicieron fue una oposición al interior del Gobierno. Esta oposición era al conjunto de las reformas, pero específicamente a la reforma a la salud. Esto no es un problema de voluntarismo personal. Es un problema de concepción. El doctor Gaviria y quienes estaban haciendo la oposición dentro del Gobierno consideran que el sistema de salud debe continuar con un manejo privado de recursos públicos y que no se requiere una reforma estructural. Evidentemente un Jefe de Estado tiene el derecho que le asiste de reconfigurar su gabinete, porque el presidente convocó a los ministros para ayudarles a construir el cambio, no para obstruir el cambio, que fue lo que terminó haciendo desafortunadamente el doctor Alejandro Gaviria.

Pero además se generó una animadversión de la reforma, la pusieron bajo mi nombre y prácticamente hubo una presión política sobre el Gobierno. Hubo una presión sobre o es la ministra o es la reforma, y por supuesto que es la reforma. Yo estoy de acuerdo con eso. Es más importante la reforma para la transformación de la vida y el cuidado de los recursos públicos, que un puesto que pueda tener Carolina Corcho Mejía. Desde ese punto de vista entendí la decisión del presidente, porque a mí lo que me interesa es que le vaya bien al país y al sector salud”

¿Cómo era su relación con Alejandro Gaviria? Se decía que tenían varios encontrones cuando ambos eran ministros. ¿Siente que él, pese a estar en la cartera de Educación, se inmiscuía en asuntos de su cartera?

Sí, y evidentemente el presidente tuvo una actitud democrática. Abrimos mesas de trabajo y de discusión sobre el articulado. Presentamos todas las explicaciones y respuestas. Pero nada le servía al doctor Gaviria. Él en este momento está en una oposición prácticamente y dice que no sirve nada, que hay que seguir igual. Ellos no lograron convencer al Gobierno. Se presentaron los estudios de Luis Jorge Garay y no pudieron refutar y convencer al Gobierno de que les asistía la razón.

Si en una mesa de argumentación uno es derrotado argumento contra argumento evidentemente uno debería aceptar eso, pero finalmente ellos no aceptaron y en ese sentido una oposición dentro de un gobierno pues es una situación que no se ve en ninguna democracia del mundo. Es sano democráticamente construir con los equipos de coaliciones los acuerdos para que el país siga adelante, pero si hay alguien haciendo obstruccionismo internamente pues es muy difícil el desarrollo del gobierno”.

¿Cómo vivió su salida del Gobierno a nivel personal?, ¿le pareció justo?, ¿siente que fue atacada?

“No creo que aquí se haya frustrado la posibilidad, porque la agenda reformista sigue en debate en el Congreso. Con las mayorías de la Cámara hubo una discusión rigurosa. Esto ha sido discutido muy ampliamente, hubo mesas, se ha escuchado a todo el mundo y se han incorporado modificaciones. No puede ser una frustración personal para mí que está avanzando una transformación seria que no corresponde para nada con una improvisación, porque esta reforma ha sido discutida hace 10 años en Colombia con los mejores expertos en el ámbito constitucional, económico, financiero y médico. Hay un desequilibrio de pronto en los expertos que le hablan al país”.

Pero, ¿en su fuero personal cómo fue dejar el Gobierno?

Es que personalmente para mí no fue una frustración, porque yo entiendo que la prioridad en ese momento, frente a la presión política que se había generado frente al Gobierno, era que la reforma pudiera tener una posibilidad de seguir. La discusión se personalizó contra mí, se degradó, se volvió una discusión personal. Y esto no es un problema personal de Carolina Corcho. Esta es una propuesta que se ha discutido a muchos niveles.

Toda mi vida he estado en las organizaciones médicas de la sociedad civil, en el ejercicio de la medicina y la psiquiatría, en la cual continúo. He aportado al país, digamos, este grano de arena y una propuesta que hoy avanza de manera positiva en el Congreso”.

Lo cierto es que la coalición se terminó rompiendo y partidos como La U y los conservadores, que se fueron a la independencia, reclamaban que llegaban a acuerdos con el presidente para que sus observaciones fueran incluidas en el articulado, pero que usted no agregaba esas proposiciones. ¿Qué tan cierto fue eso?

“El 95 % de lo que aprobó la Cámara de Representantes lo acordé yo en las mesas que hicimos con los conservadores, los liberales y con el Partido de La U. El 95 %. Las modificaciones posteriores fueron muy pequeñas. Ellos votaron y acompañaron ese proceso, y es una realidad que las mayorías de la Cámara acogieron los acuerdos que logramos en ese momento”.

Es decir, ¿la salida de la coalición de estos partidos fue injustificada y debieron permanecer en la coalición?

“Esa es una pregunta que usted le debe hacer a ellos, a los dirigentes de esos partidos políticos. Pero, por ejemplo, la transformación de las EPS en Gestoras es algo que se acordó en esas mesas. Se hicieron mejorías en el trámite, pero el grueso de lo que fue aprobado en el Congreso de la República fue lo que acordamos”.

A propósito, ¿se sigue hablando con el presidente Gustavo Petro?, ¿cómo quedaron las relaciones tras su salida?, ¿la consulta en su rol de experta?

“Son buenas las relaciones. Mantengo un diálogo con el Jefe de Estado y por supuesto que respaldo y estoy de acuerdo con su proyecto democrático de transformación de Colombia. Lamento mucho que las élites políticas y económicas estén en un papel no de construcción, sino de obstrucción, de no permitir ningún cambio en Colombia, de no permitir ningún acuerdo nacional para que Colombia cambie. Esa es la aspiración legítima que muchos tenemos y creo que independiente de que se haya votado o no por el doctor Gustavo Petro, el derecho a la salud es para todos los colombianos. Si esta reforma se aprueba va a beneficiar a todos los colombianos, hayan votado o no por Gustavo Petro”.

Si mañana el presidente la convoca nuevamente y le pide que trabaje con él, ¿aceptaría o ya quedó “curada en salud”?

“No lo sabemos. Ya se mirará en su debido momento cada una de las decisiones, pero eso es algo muy hipotético”.

¿Cómo cree que se desarrollará la discusión ahora en Senado, donde se dice que el presidente no goza de mayorías?

“Creo que puede ser un escenario mejor. Lo que uno esperaría es que en el Senado no se presenten estos grotescos actos de la Cámara de dilación, saboteo y obstruccionismo, de salirse a tumbar el quórum para plantear mentiras y generar confusiones frente al país. Esperamos que haya mayor altura política en el debate por parte de los senadores, que sea un debate honesto, leal, sobre la realidad que se está discutiendo.

Eso podría facilitar, ojalá, que no se presente de nuevo la dilación, porque eso no le conviene al sector salud y lo que hace es ampliar los niveles de incertidumbre. El sector salud ya necesita una respuesta que en democracia debe definir el Senado”.

*Nota del editor. Tras la difusión de la entrevista con la exministra Carolina Corcho, ella hizo la precisión de que se necesitaban un CAPS entre 17.000 y 25.000 habitantes de un territorio. “Es una mala interpretación de lo que dije”, explicó.