Gobierno Petro convirtió a las entidades en fortines burocráticos para pagar favores
Bedoya, Trujillo, Quintero y un grupo de liberales ha recibido altos cargos por apoyar a Petro y sus reformas sociales.
Periodista, apasionado por la historia, la geopolítica y los documentales. Hago preguntas desde que tengo uso de razón. Egresado de la Universidad Eafit.
El Gobierno de Gustavo Petro ha dejado claro que está empeñado con clanes políticos entre los que se destacan los de los antioqueños Carlos Andrés Trujillo, Julián Bedoya y el alcalde Daniel Quintero, a quienes ha tenido que ‘recompensar’ dándoles puestos en ministerios y entidades como retribución por su apoyo en las elecciones presidenciales y por el respaldo a sus reformas en el Congreso.
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Aunque las prácticas clientelistas fueron rechazadas por el hoy jefe de Estado en su trayectoria política, ahora en el poder su visión es otra. Y es que partidos de distintas orillas y clanes han recibido su porción de mermelada con altos cargos en entidades como la Unidad para la Gestión del Riesgo, el Fondo Nacional del Ahorro, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre otras.
Precisamente los más recientes beneficiados de este pago de favores con puestos han sido el polémico Bedoya, a quien Petro le entregó la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), con un presupuesto de $243.700 millones al año; y el senador Trujillo, quien recibirá la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuyo presupuesto anual supera los $145.000 millones.
Liberales, los que más recibieron
Tras la ruptura de la coalición de Gobierno, que Petro confirmó en abril, en Palacio se habilitó un festín de burocracia al que invitaron individualmente a los congresistas que defenderían las reformas sociales, así esto implicara desobedecer las directrices de César Gaviria, Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro, jefes del partido Liberal, Conservador y La U.
En esa tarea la Casa de Nariño recurrió a dos ‘caballos de Troya’ claves: el exliberal Bedoya y el conservador Trujillo, quienes le movieron a Petro votos bajo la mesa para pasar la reforma a la salud y la laboral. La primera logró superar el primer debate, pero la segunda terminó hundida.
Bedoya recibió su porción de mermelada a través del exrepresentante liberal Luciano Grisales, quien fue nombrado esta semana como director de la Ugpp, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que verifica que las empresas paguen la seguridad social de los trabajadores del país.
Grisales es un administrador de empresas e ingeniero agroindustrial especializado en gestión pública que aterrizó en ese alto cargo después de que su jefe político, Bedoya, se la jugó por Petro en las presidenciales de 2022 y salvó la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara gracias al voto de la representante paisa y liberal María Eugenia Lopera.
Lo particular del caso es que pese a los cuestionamientos que pesan sobre Bedoya, el Gobierno lo ha defendido y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dejó claro que Petro está empeñado con él. “El grupo de Bedoya nos ayudó en campaña (...) Si el Presidente decide que alguna de las personas de ese grupo entre al Gobierno, no me parecería extraño”, dijo Velasco en la W a mediados de junio.
Y el polémico exsenador paisa no fue el único liberal disidente beneficiado por apoyar al Gobierno. También recibió su tajada la representante Olga González, pues su hija Eleonora Betancur González fue nombrada directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (presupuesto de $31.781 millones anuales) como retribución por su decantado respaldo a la reforma a la salud.
Del partido rojo también fue retribuido con un alto cargo el exsenador Guillermo García Realpe, cuyo hijo, Gustavo García Figueroa es el viceministro del Interior y es coequipero de Velasco.
Además, los senadores Alejandro Vega Pérez y Miguel Ángel Pinto tienen cuotas en la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec), que maneja un presupuesto anual de más de $1,4 billones para alimentar a los presos de todo el país.
A Vega le nombraron al ingeniero Rafael Alberto García como director de Infraestructura y a Pinto al administrador de empresas Ariel Fernando Rojas como subdirector administrativo de la entidad.
Otro que se benefició fue el representante Andrés Calle Aguas, ya que su hermano Gabriel Calle fue el jefe de gabinete del Ministerio del Interior y era coequipero de Alfonso Prada. Ahora Gabriel aspira a la Gobernación de Córdoba mientras que Andrés aspirará a la Presidencia de la Cámara.
Y aunque el expresidente Gaviria ha insistido en que su partido no tiene cuotas en el Gobierno, esto no es del todo cierto. Por ahora se mantiene el exrepresentante José Luis Correa como presidente de la compañía de Seguros Positiva. Además de los ministros de Vivienda, Catalina Velasco, y de Justicia, Néstor Osuna, este último ha reconocido que es una cuota del liberalismo.
Adicional, hasta esta semana el Partido Liberal tuvo a Gilberto Rondón como presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), cuyo presupuesto asciende a $4 billones. Rondón dejó su cargo tras revelarse que había convertido a esa entidad en un fortín de burocracia para distintos congresistas liberales.
Sobre esta entidad el representante liberal Julián Peinado –del ala de Gaviria– aseguró que fue un acuerdo para entrar a la coalición de gobierno y no para apoyar la reforma a la salud. “Esa entidad se entregó por un asunto de representación en la coalición de gobierno, que nada tenía qué ver con un intercambio o un cohecho”, señaló Peinado.
Mermelada para otros aliados
Pese a la resistencia que hubo de parte de los conservadores a la candidatura de Petro, el senador Trujillo se tomó una foto junto a él tan solo cuatro días después de la segunda vuelta presidencial de 2022, lo que dejó claro que lo apoyó tras bambalinas junto al cuestionado Bedoya, quien es aliado del exalcalde de Itagüí.
Gracias a ese respaldo y a que también se la ha jugado por moverle votos a las reformas, el Gobierno tiene previsto entregarle a Trujillo la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En el Ministerio de Transporte dan casi como un hecho que esa entidad la dirigirá Mariantonia Tabares, quien es una contratista de confianza del senador antioqueño.
Además, allí también aterrizaría Carlos Fredy Cardona como secretario general. Cardona es ficha de Trujillo, ya que es el esposo de la actual contralora de Antioquia, Enedith González Hernández, también del equipo político del gamonal de Itagüí.
Otra entidad que también fue usada como trampolín burocrático es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), cuyo presupuesto supera los 150.000 millones de pesos anuales. La dirección de esta entidad se le entregó a la senadora Clara López con el economista y miembro del Polo Democrático, Olmedo López.
Además, el alcalde Quintero también recibió una tajada, ya que le nombraron como subdirectora a Alethia Arango, exdirectora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, y a Ana María Castaño, como secretaria general. En la Ungrd también aterrizó el exprecandidato presidencial Alfredo Saade, quien aceptó un contrato regional.
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En las toldas de La U, partido que no ha dejado del todo claro si será independiente, todavía siguen conservando una cuota. Se trata del abogado Jhon Mauricio Marín, quien desde abril es el presidente de Fiduprevisora, la fiducia estatal encargada de administrar recursos asignados para cubrir desastres con un presupuesto de $237.000 millones al año.
Versiones apuntan a que Marín es una ficha de los congresistas Saray Robayo (actual pareja de Armando Benedetti) y Wílmer Carrillo, quienes habrían enviado su hoja de vida con el visto bueno de Dilian Francisca Toro.
MinIgualdad podría convertirse en otro fortín de bucrocracia
El Ministerio de la Igualdad, que está en manos de la vicepresidenta Francia Márquez, ha sido cuestionado porque puede usarse como una robusta estructura burocrática, ya que tendrá habilitados 740 cargos entre los que se destacan 5 viceministerios, 52 directivos, 21 asesores. Como es bien sabido, actualmente los viceministros son elegidos directamente por el presidente Gustavo Petro, lo que puede darle un margen de maniobra para entregar puestos en pleno año electoral. Además, este recién creado ministerio tiene habilitada una chequera presupuestal que asciende a los 500.000 millones de pesos anuales.