Bogotá “revivió” el crimen de Álvaro Gómez

La duda para la Fiscalía sigue siendo la misma después de 23 años, seis meses y 27 días del asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado: “¿cómo fue eliminado por parte de una organización criminal de la cual hoy en día ni siquiera se tiene la certeza cuántos sicarios participaron?”.

Eso es lo que aseguró la fiscal encargada de este caso Ninfa Azucena González, quien lideró ayer una diligencia del CTI en la que se reconstruyó la escena del magnicidio ocurrido en las afueras de la Universidad Sergio Arboleda, norte de Bogotá.

La intención del ente investigador al revivir la escena del crimen, que contó con varios testigos de los hechos, entre ellos el conductor de Gómez Hurtado y hasta el mismo vehículo en el que fue asesinado, tiene que ver con “tomar una evidencia lo más fidedigna posible de cómo sucedieron los hechos” y así poder lograr avances significativos.

Desde diciembre de 2017, la Fiscalía General de la Nación declaró este homicidio como crimen de lesa humanidad por lo que se garantizó que dicho caso no prescribirá y podrá seguir siendo investigado pese al tiempo transcurrido.

“Un fiscal de Derechos Humanos concluyó que el atentado, fue uno de los asesinatos que se cometieron por el cartel de narcotráfico del Norte del Valle, uno de los grupos al margen de la Ley que operaba en el año 1995 y que tenía una política de exterminación o aniquilamiento, de personas que se convertían en sus adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición”, explicó la Fiscalía al momento de la declaratoria.

Policías vinculados

Una de las últimas acciones de la Fiscalía relacionadas con el esclarecimiento de este caso ocurrió hace un año cuando fueron vinculados al proceso tres oficiales de la Policía quienes presuntamente se valieron de sus cargos para entorpecer las labores de los investigadores.

Se trató de El entonces mayor de la Policía Nacional, Marcos William Duarte Valderrama, quien fungía como jefe de la unidad de homicidios de la Dijín; Luis Guillermo Parra Niño, comandante de la Sijín de Sincelejo para la época de los hechos y Amín Antonio Acuña Severiche, quien era agente de la Sijín de Sincelejo.

Estas personas fueron llamados a indagatoria por los delitos de favorecimiento y fraude procesal por supuestamente haber incurrido en actuaciones policivas arbitrarias como capturas y judicializaciones de personas inocentes y la utilización de falsos testigos para entorpecer las investigaciones.